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Con esta demanda, la presidenta Dina Boluarte busca boicotear las investigaciones por los casos Eficcop, muertes en protestas, Rolex y enriquecimiento ilícito, mientras ejerce sus funciones.
Dina Boluarte busca frenar investigaciones en su contra con demanda interpuesta contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional admitió la demanda competencial interpuesta por la presidenta Dina Boluarte contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el que busca evitar que se le inicien investigaciones en su contra mientras se encuentra al mando del Ejecutivo. Días antes, esta demanda fue rechazado por el TC tras no haber recibido autorización de la mandataria para que Gustavo Adrianzén presente la iniciativa.
En la demanda, Boluarte solicita que se “precise los alcances de la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución Política”. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional señaló que analizará si corresponde o no una vez que se emita la sentencia.
Asimismo, la jefa de Estado también expresa en el documento de que el Ministerio Público y el Poder Judicial han ejercido sus competencias constitucionales de investigar presuntos delitos y administrar justicia «de manera indebida afectando las atribuciones del presidente de la República», haciendo referencia a las carpetas fiscales y el expediente que tiene en su contra por los casos Eficcop, muertes en protesta, Rolex y enriquecimiento ilícito.
No obstante, para el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, la decisión que el Tribunal Constitucional tome en esta demanda podría influir en los procesos actuales contra Dina Boluarte, aunque señaló que es improbable que el Tribunal prohíba por completo la investigación a un presidente.
«Es prematuro señalar si el Tribunal Constitucional va a tomar una posición a favor o en contra del Gobierno. Lo que corresponde ahora es que el Ministerio Público presente sus descargos. Y que, luego, el TC convoque a una audiencia pública para escuchar los argumentos de ambas partes», declaró Campos para La República.
Además, el especialista explicó que el Gobierno está en su derecho de plantear una demanda competencial, pero lo más importante será la interpretación que el Tribunal Constitucional adopte sobre la figura de la acusación constitucional contra un presidente en funciones. «Su posición (del TC) es clave, dado que el Poder Judicial ya se ha pronunciado al respecto, en el sentido de que sí es posible investigar a un presidente en funciones con base en lo previsto en el artículo 117 de la Constitución», puntualizó el abogado.
Resolución del Tribunal Constitucional sobre demanda presentada por Dina Boluarte.
Las investigaciones que Dina Boluarte busca frenar
Por parte del Ministerio Público, son tres carpetas fiscales que Dina Boluarte tiene en su contra. La primera fue aperturada en enero de 2023 contra la mandataria, Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones) por los muertos y heridos en las protestas de 2022 y 2023.
La segunda carpeta fue aperturada en mayo del año pasado, donde se dispuso iniciar una investigación preliminar en contra de Dina Boluarte y el exministro del Interior Walter Ortiz Acosta, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad relacionados con el caso de la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
La tercera carpeta fiscal está relacionada con el expediente del Poder Judicial, ambas aperturadas en marzo de 2024. En la diligencia preliminar del Ministerio Público, a Dina Boluarte se le investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones). Además, fue ampliada por cohecho y se incorporó al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Mientras que en el expediente del Poder Judicial, se declaró fundado el pedido de allanamiento, registro domiciliario, registro personal y registro vehicular de la jefa de Estado. Así como también se autorizó la incautación de relojes marca Rolex y documentos relacionados con su adquisición.
