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La presidenta envió una advertencia formal al médico Mario Cabani tras revelar cirugías estéticas realizadas mientras firmaba decretos oficiales. El caso suma nuevas sospechas de uso indebido del poder, irregularidades médicas y desinformación institucional.
El caso que involucra a la presidenta Dina Boluarte y al cirujano plástico Mario Cabani ha escalado de una controversia personal a un posible escándalo de Estado. Boluarte envió una carta formal al médico exigiéndole guardar silencio sobre intervenciones quirúrgicas que él mismo ha confirmado. Cabani respondió denunciando amenazas, hostigamientos, y la sustracción no autorizada de parte de la historia clínica de la mandataria. Las fechas de hospitalización coinciden con actos oficiales firmados por Boluarte, lo que podría configurar un presunto abandono de cargo.
Antecedentes: del quirófano al foco político
Todo comenzó cuando el Dr. Mario Cabani, cirujano plástico conocido en Lima, reveló públicamente que la presidenta Boluarte se sometió a intervenciones estéticas entre el 28 y 30 de junio de 2023 en una clínica privada. Según su testimonio, durante ese tiempo la mandataria permaneció internada bajo estrictas condiciones de reposo absoluto y sin recibir visitas, en una zona cerrada del centro médico, acompañada solo por su asistente personal y miembros de seguridad.
El punto crítico aparece cuando se constata que, el 29 de junio de 2023, la presidenta firmó resoluciones oficiales junto con sus ministros desde Palacio de Gobierno. El cruce de fechas plantea una pregunta fundamental: ¿es posible que la jefa de Estado ejerciera funciones mientras se encontraba internada y sin acceso a su despacho oficial?
La carta: estrategia de presión desde Palacio
La reacción de la presidenta fue inmediata. A través de una carta notarial enviada a Mario Cabani, Dina Boluarte le exigió abstenerse de brindar cualquier declaración sobre su historial médico. En la misiva se lee:
“Me dirijo a usted, en mi condición de ciudadana peruana y usuaria de los servicios de salud, protegida por los derechos fundamentales, para expresarle mi profunda preocupación respecto a su reciente aparición en medios de comunicación”.
La presidenta invocó su derecho a la protección de datos personales y a la confidencialidad médica. Sin embargo, la carta no se limita a una advertencia ética. Boluarte amenaza con denunciar a Cabani ante el Colegio Médico del Perú, la Superintendencia Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, instando al inicio de un proceso disciplinario y sancionador.
Declaraciones de Mario Cabani: “Quieren silenciarme”
En su carta de respuesta, el médico reafirmó su posición. Denunció que ha sido objeto de amedrentamiento y amenazas, no solo por parte de la mandataria, sino también de su entorno cercano, específicamente el ministro de Educación, Morgan Quero, a quien señala de difundir información falsa sobre las cirugías.
Cabani también aseguró que la presidenta retiró personalmente parte de su historia clínica del centro médico sin autorización formal y sin devolver los documentos, lo que podría constituir una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales y una falta ética grave.
“Nadie más pudo ingresar a la clínica donde usted estuvo con reposo absoluto. Firmar decretos el mismo día desde otra sede es, al menos, cuestionable”, puntualizó el médico.
Hechos documentados y elementos en disputa
- Fechas clave: 28 al 30 de junio de 2023.
- Hospitalización: confirmada por el cirujano, con vigilancia privada y ausencia de visitas.
- Firma de resoluciones: el 29 de junio, firmadas por Boluarte y ministros en Palacio.
- Pago por cirugías: según Cabani, realizado en abril de 2025, casi dos años después.
- Documentación médica: retirada sin constancia formal y no devuelta.
Implicancias legales y constitucionales
La principal acusación potencial es abandono de cargo, previsto en el artículo 114° de la Constitución Política del Perú. Si se comprueba que Boluarte no delegó funciones ni comunicó formalmente su ausencia, mientras firmaba resoluciones desde un centro médico, se podría considerar una falta grave al deber de transparencia y al ejercicio efectivo de la función presidencial.
Además, la intimidación hacia un profesional de la salud que denuncia hechos con impacto público podría constituir un uso indebido del poder presidencial para acallar críticas, interfiriendo en la libertad de expresión y en la autonomía médica.
A ello se suma el riesgo legal por la presunta manipulación o sustracción de información clínica —protegida por normas de confidencialidad— sin el debido proceso.
Reacción institucional: silencio y opacidad
Hasta la fecha, ni el Consejo de Ministros ni el Congreso han solicitado una investigación formal sobre los hechos, a pesar de su gravedad constitucional. Tampoco la Superintendencia de Salud ni el Colegio Médico han emitido pronunciamientos públicos respecto al cruce de denuncias entre Boluarte y Cabani.
El Ministerio Público tampoco ha abierto una indagación preliminar por abandono de cargo ni por posible obstrucción al ejercicio médico, lo cual ha sido criticado por sectores políticos de oposición y por entidades de transparencia.
Próximos pasos: ¿vacancia en el horizonte?
Si las declaraciones de Mario Cabani son respaldadas con registros clínicos, informes de ingreso y egreso médico, y se verifica que Boluarte firmó resoluciones oficiales mientras no estaba en condiciones de ejercer funciones, el Congreso podría evaluar la presentación de una nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
El caso también podría derivar en acciones legales administrativas ante las entidades de control, por uso de recursos del Estado con fines personales o por presunto encubrimiento de información sensible.
Un escándalo que trasciende lo estético
Más allá del contenido personal o privado de las cirugías, este caso pone en evidencia la fragilidad del control institucional sobre el ejercicio del poder presidencial. La estrategia del Ejecutivo —intentar silenciar a un denunciante mediante advertencias legales— no resuelve el fondo del problema: la falta de transparencia y la evasión de responsabilidad.
El país no necesita escándalos quirúrgicos, pero sí respuestas claras, pruebas documentadas y, sobre todo, respeto por las normas más básicas de la función pública. Cada día sin una aclaración oficial agrava la desconfianza ciudadana y erosiona aún más la legitimidad de un gobierno que ya enfrenta serios cuestionamientos.
