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La eficiencia del modelo de flagrancia en el país se reafirma con datos contundentes: el 93 % de los casos por flagrancia resueltos han sido sentenciados en la primera sesión del proceso inmediato.
En el marco del IV Congreso Internacional de Flagrancia, el Poder Judicial brindó a conocer estadísticas y reflexiones que evidencian un cambio sustancial en la forma de aplicar la justicia frente a delitos no menores.
Resultados que Hablan por Sí Solos
La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y presidenta de la Unidad del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, destacó en su conferencia «Diagnóstico de las Unidades de Flagrancia y el Impacto de la Pena Suspendida» que, a nivel nacional, se registraron 6,433 casos de flagrancia durante este año, de los cuales se resolvieron 4,552, lo que equivale a una tasa de resolución del 87 %.
Además, la magistrada informó que existen 111 juzgados penales dedicados exclusivamente a tratar los procesos por flagrancia delictiva. Según Barrios Alvarado, la aplicación del proceso inmediato ha permitido que, en una sola sesión, se obtengan sentencias contundentes, fortaleciendo así la respuesta del sistema de justicia, especialmente en casos que involucran delitos de impacto social y afectación a los sectores más vulnerables.
«La delincuencia se dirige al sector más vulnerable, a quienes tienen mayores dificultades para acceder al sistema de justicia. Por ello, hemos decidido impulsar el proceso inmediato en los delitos de flagrancia», afirmó la jueza, subrayando que este modelo no será una solución residual, sino la vía preferente para hacer frente a delitos que no son menores.
La Pena Suspendida y su Relevancia en el Modelo
Durante su intervención, Barrios Alvarado explicó también el concepto de pena suspendida, señalando que se aplica cuando la condena no supera los cinco años. En estos casos, en lugar de cumplir con la pena en prisión, el condenado debe adherirse a reglas de conducta y realizar trabajo comunitario, lo cual representa un cambio de paradigma en la administración de la justicia penal.
Esta modalidad busca no solo castigar, sino también reintegrar al infractor a la sociedad, evitando la sobrepoblación de las cárceles y favoreciendo procesos más ágiles y eficaces en casos en que las penas no tienen un carácter esencialmente privativo de libertad.
Recursos y Desafíos en la Investigación Preliminar
Por su parte, el juez supremo José Neyra Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, abordó en su conferencia «Ley, Doctrina y Jurisprudencia en el Proceso Inmediato por Flagrancia» la evolución normativa que ha marcado la especialización del proceso inmediato desde su implementación en 2006, hasta la aprobación de la reciente Ley 32130.
El magistrado puso especial énfasis en la necesidad de dotar de mayores recursos a la Policía Nacional, ya que esta nueva normativa asigna a la institución la responsabilidad de realizar las diligencias preliminares. Según Neyra Flores, para que delitos graves como la extorsión y el crimen organizado sean investigados eficazmente bajo el modelo de flagrancia, es imprescindible contar con una «maravillosa investigación preliminar» respaldada por personal profesional, laboratorios adecuados y equipamiento tecnológico que permita recabar pruebas de manera precisa.
«La ciudadanía espera transitar con total tranquilidad por las calles. Para ello, es crucial que la Policía Nacional cuente con todos los recursos necesarios para identificar y detener la comisión de delitos desde su inicio», señaló el magistrado, resaltando la importancia de reforzar la cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.
Un Modelo que Busca la Justicia Eficiente
La implementación del proceso inmediato por flagrancia implica un compromiso firme del Estado con una justicia más eficiente y oportuna. Tanto la jueza Barrios Alvarado como el juez Neyra Flores coincidieron en que, aunque los resultados actuales son alentadores, el éxito del modelo depende de la constante inversión en recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Este enfoque integral refuerza la capacidad del sistema judicial para actuar en tiempo real y responder eficazmente a la delincuencia, especialmente en aquellos casos de alta incidencia y complejidad. El modelo, lejos de ser un mero cambio procedimental, representa un avance en la administración de justicia que puede servir de ejemplo para otros países que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad y protección ciudadana.
Los datos revelados –que el 93 % de los casos por flagrancia se resuelven en la primera sesión del proceso inmediato– son prueba del impacto positivo de este modelo en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, para mantener y ampliar estos logros, es fundamental que se continúe invirtiendo en la capacitación y equipamiento de la Policía Nacional, así como en el fortalecimiento de la estructura judicial.
Con un enfoque que combina eficiencia, agilidad y garantías, el modelo de flagrancia se posiciona como una herramienta clave para mejorar la respuesta del sistema de justicia ante delitos que afectan profundamente a la sociedad. Mientras se trabajan en estos desafíos, la meta sigue siendo clara: garantizar una justicia rápida, efectiva y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos.
