El Congreso está debatiendo permitir que los bancos cobren más del 180% en intereses nuevamente.

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La Comisión de Economía, bajo la presidencia de Ilich López, busca derogar la ley que resguarda a los ciudadanos contra la usura bancaria y otorgar libertad a los bancos para el cobro de intereses.

El Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la ley contra la usura, mientras que la Comisión de Economía del Congreso busca derogarla.

La Comisión de Economía del Congreso, bajo la presidencia de Ilich López de Acción Popular, propuso un texto sustitutorio para anular la Ley 31143, conocida como la Ley que protege a los consumidores de servicios financieros de la usura, promulgada por el Legislativo en marzo de 2021. La sesión del Pleno del Congreso fue suspendida anoche y se declaró un receso.

De acuerdo con la normativa, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene la facultad de fijar semestralmente las tasas de interés máximas y mínimas para las operaciones financieras; además, se prohíbe el cobro de penalidades o gastos adicionales en caso de interés moratorio, que deben ser equivalentes a las tasas establecidas por el BCRP para operaciones externas al sistema financiero. También se veta la capitalización de intereses cuando un cliente cae en mora.

La ley que la Comisión de Economía busca derogar estipula que cualquier comisión o gasto que los bancos impongan a sus clientes debe corresponder a la prestación de un servicio adicional o complementario a los acuerdos contratados, justificando así el costo transferido al consumidor.

Si una entidad financiera cobra una tasa superior a la máxima permitida, incurre en el delito de usura. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tiene la responsabilidad de inspeccionar y, en caso de usura por parte de un banco, denunciar ante el Ministerio Público.

El Tribunal Constitucional, hace unos meses, respaldó la Ley 31143, determinando que no infringe la libertad de las partes al participar en el sistema financiero, desestimando así la acusación de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica y el Poder Ejecutivo.

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