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Un congreso de lobistas y un gobierno cómplice son los responsables.
Finalmente, la reforma universitaria ha sido desmantelada por la complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, comenzando con la toma de control de la Sunedu y culminando con la aprobación de una ley que establece el licenciamiento perpetuo de las universidades.
Esta medida proviene del Congreso y de una coalición de fuerzas políticas que incluye a propietarios de universidades, lobistas y congresistas que se benefician de esta relación. Es bien conocido que existe una economía considerable en torno a universidades que no cumplen con los estándares necesarios para formar a los profesionales del futuro. Estas instituciones son un reflejo de la precariedad extendida: fachadas de edificios en pancartas, instalaciones inadecuadas para la enseñanza, escaso rigor académico, ausencia de investigación científica, profesores subpagados y la proliferación de carreras sin demanda en el mercado laboral. Ofrecen títulos de pregrado, maestrías y otros diplomas con el único fin de maximizar ingresos y minimizar costos. Esta era la situación que se buscó cambiar en 2014 con una reforma que demandaba calidad educativa y estándares internacionales básicos. Diez años más tarde, esa iniciativa que requería una inversión constante para mantener el licenciamiento, evaluado regularmente por una Sunedu con verdadera autonomía y poder, ha sido derribada.
Se habla de un desenlace previsible, dado que los intereses personales dominan un Congreso que se comporta como un cártel, beneficiando sus propios negocios que defraudan a incontables padres y madres que aspiran a un futuro mejor para sus hijos. El gobierno, necesitado de votos para su supervivencia, se ha convertido en reiterado cómplice. Es una situación deplorable, con estudiantes y familias perjudicadas por promesas educativas de baja calidad. Aún más alarmante es el impacto en las universidades públicas y la inversión estatal, que se ven desprovistas de justificación urgente ante la ausencia de incentivos y metas a alcanzar. El porvenir de generaciones enteras ha sido usurpado por mercaderes que hoy predominan en el Congreso y el Ejecutivo.
