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En las últimas tres décadas, vastas zonas del desierto costero peruano —especialmente Ica y la franja norte— se han transformado en grandes centros de producción de frutas de exportación como arándanos, uvas, espárragos, mangos y paltas. Este giro comenzó en los años noventa, con reformas económicas y grandes inversiones privadas en riego tecnificado, y consolidó al país como uno de los principales proveedores de alimentos frescos para Estados Unidos, Europa, China y otros mercados. Sin embargo, el auge agroexportador plantea hoy interrogantes sobre quién se beneficia, cómo se distribuye el agua y si el modelo es sostenible en un contexto de creciente escasez hídrica.
Hasta la década de 1990, el panorama predominante en buena parte del litoral era el de extensas pampas áridas, donde se consideraba inviable una agricultura de gran escala. La fertilidad limitada de los suelos amazónicos y la geografía accidentada de la sierra habían concentrado históricamente la producción en pequeñas parcelas y cultivos tradicionales.
El punto de inflexión llegó con las reformas liberalizadoras impulsadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, orientadas a estabilizar una economía golpeada por la crisis y la hiperinflación. Economistas como César Huaroto recuerdan que en esa etapa se redujeron aranceles, se promovió la inversión extranjera y se simplificaron trámites para los sectores con potencial exportador, inicialmente con foco en la minería y, hacia fines de siglo, en la agroindustria.
La apuesta privada fue decisiva. Grandes agricultores, con mayor capacidad de asumir riesgo, comenzaron a incorporar tecnologías como el riego por goteo, proyectos masivos de irrigación y mejoras genéticas que permitieron adaptar cultivos como el arándano a las condiciones del desierto costeño. La clave fue resolver el acceso al agua: zonas que “no tenían agua”, como sintetiza Huaroto, se volvieron altamente productivas una vez asegurado el recurso mediante trasvases y perforación de pozos.
Especialistas en ecología vegetal, como Ana Sabogal, estiman que la superficie cultivable del desierto costero aumentó alrededor de 30%, impulsando un “aumento sorprendente y enorme de la agroindustria” y transformando regiones como Ica y Piura en polos agrícolas de alcance global.
La expansión se refleja en las estadísticas. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 a un promedio anual cercano al 11%, alcanzando un récord de US$ 9.185 millones en 2024. ([Instagram][1])
De acuerdo con datos citados por la Asociación de Exportadores (ADEX), el peso del sector en la economía se incrementó de manera significativa: en 2020 representaba alrededor del 1,3% del producto interno bruto (PIB) y en 2024 llegó a aproximadamente 4,6%, consolidándose como uno de los motores del crecimiento no tradicional.
En cuanto a productos, Perú se ha posicionado como:
La ventaja competitiva proviene, entre otros factores, de la posibilidad de producir a gran escala en temporadas en las que el Hemisferio Norte enfrenta mayores restricciones climáticas. Esto ha convertido al desierto costero en un “invernadero natural” que abastece a cadenas de supermercados y compradores mayoristas en Estados Unidos, Europa, China y otros mercados asiáticos.
Estudios liderados por economistas como César Huaroto han encontrado que la agroexportación ha actuado como dinamizador de las economías locales en varias provincias de la costa:
No obstante, los beneficios no se distribuyen de manera uniforme.
De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona:
La consecuencia es una paulatina reconfiguración de la estructura de propiedad y de las formas tradicionales de cultivo en amplias áreas rurales: muchos pequeños propietarios dejan de producir de manera autónoma para emplearse como trabajadores en los fundos agroexportadores, mientras las grandes empresas concentran extensiones significativas de tierra y recursos hídricos.
El principal foco de cuestionamiento al modelo agroexportador se concentra en el uso y la gestión del agua en regiones áridas como Ica.
Activistas locales, como Charo Huaynca, señalan que en esta zona “se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”. Mientras muchos asentamientos humanos dependen del suministro mediante camiones cisterna y deben almacenar el recurso para cubrir sus necesidades básicas, las grandes plantaciones cuentan con:
Organizaciones sociales han denunciado que, aunque formalmente está prohibida la perforación de nuevos pozos, inspectores de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) encuentran restricciones de acceso a fundos privados cuando intentan supervisar las extracciones. BBC Mundo solicitó comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero no obtuvo respuesta, según consigna el reportaje de origen.
Las percepciones sobre el agotamiento del acuífero se basan en la experiencia de campesinos y residentes locales, que aseguran que antes bastaba con cavar cinco metros para encontrar agua, mientras hoy se requiere profundidades de 10 a 15 metros. Dado que en Ica prácticamente no llueve, la presión sobre el agua subterránea es particularmente sensible.
Pequeños agricultores denuncian, además, que:
La expansión de cultivos intensivos en agua —como uvas, arándanos y paltas— en un entorno de escasez hídrica estructural ha generado un debate nacional sobre la sostenibilidad del modelo.
Entre los argumentos que se cruzan en la discusión figuran:
Incluso el cultivo de uvas para pisco —producto emblemático y motivo de orgullo nacional— ha sido objeto de cuestionamiento bajo esta lógica, al considerarse que gran parte de su volumen corresponde a agua incorporada en la fruta y sus derivados.
En la región de Ica, diversos actores coinciden en que el gran desafío es hacer compatibile el negocio agroexportador con las necesidades de la población y la preservación de los ecosistemas.
Activistas locales señalan que, pese a que el tema del agua ingresa de manera recurrente en las campañas electorales, no se han implementado soluciones estructurales que:
Desde la academia, especialistas como Ana Sabogal sostienen que el modelo actual “no es sostenible a largo plazo” si no se asegura que la cantidad de agua destinada a la agroindustria respete las necesidades de la población y de los ecosistemas.
El futuro del desierto costero como “granero del mundo” dependerá de la capacidad del país para:
Perú ha logrado, en pocas décadas, convertir uno de los desiertos más áridos del planeta en un polo agroexportador de alcance global, apoyado en inversiones privadas, innovación tecnológica y reformas económicas. Esta transformación ha generado empleo, divisas y una nueva geografía productiva en regiones como Ica y la costa norte. Sin embargo, el creciente conflicto por el agua, las tensiones entre grandes empresas y pequeños agricultores y las advertencias de expertos sobre la insostenibilidad hídrica plantean un desafío central: definir cómo compatibilizar el éxito agroexportador con la protección de los recursos y los derechos de la población, para que el “milagro del desierto” pueda sostenerse en el tiempo sin agotar la base que lo hizo posible.