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Ante la reciente promulgación de la Ley N.º 32330, que permite considerar penalmente imputables a los adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario, el Poder Judicial ha emitido un contundente pronunciamiento en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El órgano judicial ha expresado que la normativa resulta incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Según el pronunciamiento, la ley introduce un enfoque excesivamente punitivo que desatiende la especial condición de los adolescentes, vulnerando el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para este grupo, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que obliga a interpretar los derechos fundamentales a la luz de los compromisos internacionales.
De acuerdo con la declaración, la nueva ley contraviene también la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, la reintegración social y el respeto por la dignidad de las personas menores de edad. En este sentido, el pronunciamiento subraya la incompatibilidad de juzgar a estos jóvenes como si fueran adultos, señalando la preocupación del Comité de Derechos del Niño ante tales medidas, las cuales incluyen la recomendación de que todos los menores de 18 años sean procesados exclusivamente bajo la jurisdicción del sistema de justicia juvenil.
El Poder Judicial advierte que la Ley N.º 32330 vulnera el principio del interés superior del niño y el de no regresividad, representando un retroceso en el nivel de protección alcanzado en materia de derechos de la niñez y adolescencia. Este retroceso podría poner en riesgo la posibilidad de reintegración social y el desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley.
Asimismo, se enfatiza que las juezas y los jueces tienen la facultad de ejercer un control difuso e inaplicar esta ley cuando se determine que resulta contraria a la Constitución o a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Esta medida se presenta como un mecanismo esencial para salvaguardar los derechos fundamentales de los jóvenes.
Finalmente, el pronunciamiento concluye exigiendo la pronta implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, que contemplan mecanismos orientados a la justicia restaurativa, terapéutica y diferenciada. Según la declaración, esto se alinea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Perú y representa un paso indispensable para promover una verdadera reintegración social de los adolescentes.
Esta postura del Poder Judicial se produce en un contexto de amplio debate público, donde legisladores, juristas y organizaciones de la sociedad civil revisan la conveniencia de tipificar penalmente a los adolescentes dentro del sistema penal ordinario. La controversia espera derivar en ajustes normativos que aseguren el respeto de los derechos y la dignidad de los jóvenes, en sintonía con los estándares internacionales y la comprensión de los procesos de desarrollo psicosocial propios de la adolescencia.
