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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instó a la empresa Prisontec, encargada de la instalación de bloqueadores de teléfonos celulares en 33 penales del país, cumplir con los estándares de calidad establecidos en el contrato para alcanzar el objetivo al 100%.
Roger Rodríguez Santander, viceministro de Justicia, refirió que “está documentado que la empresa pretende rebajar sus costos a costa de los intereses del Estado”.
“Originalmente, los equipos telefónicos en los penales de Cañete y Huaral costaban por unidad 388 dólares, y ahora están instalando teléfonos que cuestan 130 dólares”, refirió.
Detalló que la supervisión del Ministerio de Justicia ha detectado que estos equipos no cumplen su finalidad, pues más del 20% están fuera de servicio.
Recordó que su sector solo pretende el cumplimiento cabal del contrato, pero la empresa hizo público un comunicado refiriéndose al costo de los bloqueadores.
“No podemos dudar que ahora son mayores esos costos, pero nos interesa que funcionen, y tampoco están funcionando óptimamente. En el penal de Cañete se ha constatado que entran señales de los operadores desde fuera del penal a los pabellones 2, 6 y 7”, precisó.
Rodríguez lamentó que los penales no se encuentren al 100% bloqueados, y responsabilizó a la empresa Prisontec, tal como se ha reconocido en el caso de Cañete.
“Lo mismo sucede en el penal Ancón I, pues pude comunicarme perfectamente con la supervisión que se encontraba ahí, cuando supuestamente estaba bloqueado”, agregó.
Asimismo, pidió a la empresa renovar sus esfuerzos para cumplir escrupulosamente el contrato firmado el 2014, a fin de que los bloqueadores funcionen correctamente a octubre de este año, como se fijó. “Nosotros no vamos a retroceder en esa exigencia”, acotó.
Remarcó que si la empresa levanta las observaciones, demuestra que actúa de buena fe y cumple con los estándares mínimos previstos en el contrato, la supervisión dará su conformidad, y no se verá obligado a imponer penalidades, como se ha hecho ahora.
Informó que el martes en el Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos acreditará con documentos esta situación, hasta hoy perjudicial para el sector y para la seguridad ciudadana.
