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Un reportaje periodístico reveló que el exministro del Interior y el excoronel retirado Percy Tenorio habrían gestionado el despliegue de efectivos policiales para favorecer a un empresario en la controversia por la mina El Dorado, en Ayacucho.
Investigación periodística apunta a operativos cuestionados
El programa Panorama difundió un reportaje en el que se señala al exministro del Interior Juan José Santiváñez como presunto implicado en maniobras irregulares para movilizar unidades policiales hacia la mina El Dorado, ubicada en la provincia de Lucanas, Ayacucho. Según la denuncia, tales acciones se habrían ejecutado en septiembre de 2024, cuando Santiváñez ocupaba la cartera del Interior.
La investigación sostiene que los operativos contaron con la participación del excoronel PNP en retiro y actual abogado Percy Tenorio Gamonal, quien habría actuado como intermediario entre un empresario privado y altos mandos policiales.
Contexto del conflicto minero
La mina El Dorado es motivo de disputa entre la familia Parodi, propietaria de la concesión original, y la empresa Minas El Dorado S.A., que mantiene actualmente la explotación del yacimiento. Franco Parodi Gianella, miembro de la familia, buscaba recuperar el control del terreno y, para ello, contrató a Tenorio como representante legal.
De acuerdo con la denuncia, fue a través de este vínculo que se gestionó la presencia de camionetas policiales en la zona, bajo el pretexto de fiscalizar presuntas invasiones ilegales. Documentos posteriores de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía habrían reforzado la versión de que el operativo se planificó desde Lima, lo que genera cuestionamientos sobre la pertinencia de la intervención.
Presuntos pagos y responsabilidades
Las fuentes consultadas por el dominical indicaron que detrás del traslado policial existirían pagos irregulares por alrededor de 160 mil dólares, destinados a asegurar la colaboración de generales y unidades especializadas. Aunque no existen registros oficiales que confirmen estas transacciones, el monto se repite en los testimonios recogidos por el reportaje.
Si bien no se ha demostrado aún la participación directa de Santiváñez en la recepción de dinero, la investigación sugiere que, en calidad de ministro, habría estado al tanto de los movimientos policiales. Esto abre la posibilidad de que sea incluido en indagaciones por presunto tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.
Trayectoria de los involucrados
Juan José Santiváñez fue designado ministro del Interior en 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte. Su gestión estuvo marcada por cuestionamientos debido a supuestas irregularidades en contrataciones y a vínculos con círculos de poder internos en la Policía Nacional. Actualmente enfrenta procesos judiciales derivados de allanamientos a su vivienda, cuya nulidad intentó sin éxito ante el Poder Judicial.
Por su parte, Percy Tenorio Gamonal es recordado por haber sido jefe policial durante las marchas contra el gobierno de Manuel Merino en noviembre de 2020. En esta ocasión, su nombre aparece ligado no solo como abogado de la familia Parodi, sino también como presunto operador en el traslado de policías y en la ocultación de pertenencias del exministro durante las diligencias fiscales.
Reacciones oficiales pendientes
Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional del Perú han emitido pronunciamientos oficiales sobre el reportaje. El silencio institucional ha generado preocupación entre especialistas en seguridad, quienes advierten sobre la necesidad de esclarecer si recursos públicos fueron utilizados para resolver disputas privadas.
Organizaciones de la sociedad civil y voces políticas en Ayacucho han pedido que la Fiscalía Anticorrupción abra investigación preliminar contra los implicados. De confirmarse las denuncias, se trataría de un caso grave de desvío de funciones policiales con impacto en la legitimidad de la institución.
Implicancias judiciales y políticas
La denuncia se suma a otros procesos que rodean a Santiváñez, incluyendo acusaciones de haber trasladado grupos de apoyo político en actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte. Aunque él se ha negado a responder públicamente a estas imputaciones, el cúmulo de investigaciones podría reforzar la percepción de que su paso por el Ministerio del Interior estuvo acompañado de prácticas cuestionables.
Analistas consultados señalan que el caso podría derivar en sanciones disciplinarias internas para los oficiales involucrados, así como en investigaciones fiscales por delitos de corrupción. Asimismo, remarcan la necesidad de establecer controles más estrictos sobre el uso de unidades policiales en conflictos privados.
Análisis final
El caso Santiváñez reabre el debate sobre la independencia de la Policía Nacional y su utilización en conflictos vinculados a intereses empresariales. Mientras las investigaciones continúan, la polémica plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública y el límite entre lo político, lo privado y lo institucional en el país.
