MENU
Comuneros quechuas y aimaras lo acusaron de omitir pronunciamiento sobre los fallecidos en Juliaca y Ayacucho.
En un evento público realizado este jueves en el Teatro Municipal de Puno, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue confrontado por representantes de comunidades quechuas y aimaras del Consejo de Autoridades Originarias, quienes exigieron su retiro inmediato tras cuestionar su actuación ante recientes vulneraciones de derechos humanos en la región.
El incidente se produjo durante una actividad organizada por la Defensoría del Pueblo, que —según denunciaron los asistentes— había sido presentada como una jornada de capacitación. Sin embargo, los participantes afirmaron que fueron convocados sin haber sido informados previamente de la presencia de Gutiérrez. “Esto es una artimaña para legitimar su presencia en Puno, cuando nosotros lo rechazamos”, expresó un líder comunal durante su intervención.
Reclamos por falta de pronunciamiento sobre muertes en protestas
Los representantes comunales reprocharon duramente al defensor del Pueblo por no haberse pronunciado sobre los fallecimientos ocurridos durante las protestas sociales en Juliaca y Ayacucho en 2022 y 2023. “La Defensoría del Pueblo se ha coludido con los corruptos. No podemos permitir que este señor esté presente como si no hubiera pasado nada”, indicó uno de los dirigentes durante el evento.
Además, los comuneros manifestaron su descontento por lo que consideran una falta de acción frente a medidas legislativas que —según sostienen— afectan los derechos de defensores ambientales. En particular, hicieron referencia a la reciente aprobación de la Ley N.º 32293, conocida como “ley anti ONG”, y al Decreto Supremo N.º 1620, que restringe la labor jurídica de organizaciones no gubernamentales en zonas amazónicas.
Rechazo unánime y retiro del evento
Frente a estos señalamientos, los asistentes exigieron que Gutiérrez abandonara el recinto para poder continuar con sus deliberaciones internas. El momento más tenso se vivió cuando los presentes corearon a una sola voz: “Dina asesina, el pueblo te repudia”, en alusión a la presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno ha sido ampliamente cuestionado por su manejo de las protestas sociales que dejaron más de 60 personas fallecidas, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Respuesta del defensor del Pueblo
A la salida del auditorio, Josué Gutiérrez se refirió brevemente al incidente, señalando que las críticas tienen un trasfondo político: “Si no quieren valorar nuestro trabajo, ya no voy a entrar en ese tema. Parece que estamos en un caldeo de carácter más político y ya sobre eso no me quisiera pronunciar”, declaró ante los medios locales.
Gutiérrez, designado defensor del Pueblo en mayo de 2023 por el Congreso de la República, ha sido objeto de diversas críticas por su cercanía con sectores oficialistas y su falta de pronunciamientos contundentes ante hechos de violencia estatal.
Implicancias y próximos escenarios
Este nuevo episodio de confrontación en Puno se suma a una creciente ola de descontento en regiones del sur del país, donde persisten las demandas de justicia por las muertes en contexto de protestas. Diversas organizaciones de derechos humanos han instado en reiteradas ocasiones a la Defensoría del Pueblo a asumir un rol más activo en la defensa de la ciudadanía frente a acciones del Ejecutivo y del Congreso que afectarían derechos fundamentales.
El Consejo de Autoridades Originarias ha anunciado que evaluará nuevas medidas de protesta y ha solicitado una reunión directa con organismos internacionales para canalizar sus reclamos fuera del marco estatal peruano.
Estado actual del caso
Al cierre de esta edición, la Defensoría del Pueblo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en Puno ni sobre los señalamientos específicos formulados por los dirigentes comunales. La Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso tampoco se han pronunciado respecto al incidente.
El caso continúa generando repercusión en redes sociales y medios regionales, donde se mantiene el seguimiento al actuar de las instituciones del Estado en territorios históricamente marginados.
