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Delia Espinoza envió una carta a Dina Boluarte cuestionando la omisión del Ministerio Público en la reunión sobre formalización minera. La presidenta defendió su decisión y arremetió contra los mineros ilegales.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su “preocupación y extrañeza” ante la exclusión del Ministerio Público de la mesa técnica convocada por la presidenta Dina Boluarte para abordar la formalización de la minería. La reunión, realizada el lunes 14 de julio en Palacio de Gobierno, contó con la presencia de representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y gremios mineros, pero no incluyó a ningún integrante del Ministerio Público.
Contexto de la exclusión
En una carta enviada a la jefa del Estado, Espinoza remarcó que el Ministerio Público forma parte de la Comisión Multisectorial encargada de supervisar el proceso de formalización minera y luchar contra la minería ilegal. “Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular”, se lee en el documento oficial.
Espinoza enfatizó que la participación de su institución es fundamental, pues tiene el mandato constitucional de dirigir las investigaciones contra el delito y ejercer la acción penal. Además, el Ministerio Público lidera investigaciones clave sobre mafias vinculadas a la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
La posición del Ejecutivo
La presidenta Boluarte, por su parte, anunció el domingo 13 de julio la convocatoria de la mesa técnica, pero dejó en claro que no habría diálogo con mineros ilegales, a quienes acusó de fomentar la violencia y actuar en alianza con grupos extremistas. “No vamos a pactar con los que se mantienen en la ilegalidad y promueven el caos. Todos sabemos que en el caos gana el terrorismo”, declaró.
Boluarte indicó que el objetivo de la mesa técnica era abordar la formalización de los 31,560 registros autorizados por el Reinfo, elaborar una ley para la pequeña minería y la minería artesanal, y garantizar derechos laborales para los trabajadores del sector.
Reacciones políticas
La exclusión del Ministerio Público generó diversas reacciones en el ámbito político. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al Ejecutivo a corregir la omisión. “Tiene que estar presente una institución como el Ministerio Público, que investiga actividades ilegales asociadas a la minería. Espero se corrija esa decisión”, declaró.
Algunos analistas han interpretado la medida como una posible represalia ante las investigaciones que la Fiscalía ha emprendido recientemente contra funcionarios del actual gobierno. Esta lectura cobra fuerza dado el contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por casos de corrupción y crimen organizado.
Consecuencias e incertidumbre
La ausencia del Ministerio Público en espacios de formulación de políticas públicas vinculadas a la minería ilegal plantea interrogantes sobre la coherencia institucional en el combate a esta problemática. Espinoza advirtió que la eficacia y sostenibilidad del proceso de formalización minera depende de la participación activa de todas las entidades competentes.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial a la carta enviada por la Fiscal de la Nación ni ha informado si reconsiderará la composición de futuras mesas de trabajo sobre el tema.
