MENU
El Eficcop le imputa cuatro hechos de corrupción y señala a nueve implicados, entre ellos altos mandos de la PNP y Nicanor Boluarte como beneficiario.
La Fiscalía, a cargo del fiscal Carlos Ordaya López del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), investiga al actual ministro de Justicia Juan José Santiváñez Antúnez por presuntamente liderar una organización criminal desde que fue designado ministro del Interior el 16 de mayo de 2024. De acuerdo con una resolución del juez Víctor Alcócer Acosta, que autorizó allanamientos e incautaciones a nueve vinculados, la red operó en instancias del Ejecutivo y la PNP para negociar influencias, sostener cargos mediante pagos ilegales, contratar irregularmente servicios legales y encubrir a terceros. La presunta estructura habría recaudado al menos US\$180.000 en beneficios ilícitos.
Antecedentes y contexto
Tras su censura por el Congreso por “ineficiencia”, Santiváñez fue nombrado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental con despacho en Palacio de Gobierno, cargo desde el cual —según Eficcop— mantuvo capacidad operativa de la red. El 23 de agosto juró como ministro de Justicia y, de acuerdo con el fiscal Ordaya, seguiría dirigiendo la presunta organización.
Hechos imputados por la Fiscalía
Según el requerimiento fiscal y la resolución judicial:
- Interferencia indebida de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP a favor de la minera El Dorado en una disputa en Lucanas (Ayacucho), a cambio de dinero.
- Pagos de sobornos para que generales PNP permanezcan en sus cargos.
- Contratación irregular del abogado Percy Tenorio Gamonal para la defensa de cinco generales investigados por hechos de 2020, por un contrato de S/ 250.000.
- Acciones de encubrimiento a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, mediante coordinaciones con abogados y funcionarios.
Integrantes, roles y vínculos
La Fiscalía identifica a Santiváñez como cabecilla, respaldado por colaboradores eficaces. Entre los presuntos integrantes se encuentran:
- Gregorio Villalón Trillo, exjefe de la Dirección de Medio Ambiente PNP.
- Percy Tenorio Gamonal, exdirector de Operaciones Especiales (Diroes) y abogado.
- Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría del Policía.
- Yber Torres Pariona, asesor del Mininter.
Como beneficiarios figuran los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, quienes —según Eficcop— pagaron US\$160.000 a Tenorio para movilizar personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP hacia la mina El Dorado. La investigación también consigna coincidencias de promoción entre mandos policiales, como el comandante general Víctor Zanabria Angulo y el general Villalón.
El expediente menciona a Marco Palacios Meza y Yessenia De la Cruz Rivas, exintegrantes del estudio de Santiváñez, por gestiones a favor de los intereses mineros; y registra ocho reuniones entre Santiváñez y el abogado Luis Vivanco Gotelli en Palacio, en el marco de la defensa de Nicanor Boluarte. Testigos protegidos señalan que a este último se buscó acreditar arraigo laboral con apoyo de empresarios para evitar una detención preventiva.
Cifras y sustentos
- US\$180.000: monto mínimo que habría recaudado la red, según la imputación fiscal.
- US\$160.000: pago atribuido a los empresarios Parodi y Meza para operaciones en Ayacucho.
- S/ 250.000: contratación de Tenorio para defender a cinco generales PNP.
- 9 inmuebles/oficinas allanados por orden del juez Alcócer Acosta.
Los medios probatorios citados por la Fiscalía incluyen testimonios de colaboradores eficaces, registros de visitas a Palacio, contratos y documentación administrativa.
Implicancias y escenario
Eficcop describe un grupo estructurado y permanente con roles diferenciados para cometer delitos contra la administración pública (colusión, cohecho pasivo propio e impropio, encubrimiento real). El caso puede derivar en nuevas diligencias coercitivas, pedidos de impedimento de salida, eventuales prisiones preventivas y ampliaciones de investigación hacia otras instancias del Ejecutivo y la PNP. En el plano político, el avance del proceso judicial condiciona la estabilidad del titular de Justicia y podría activar mecanismos de control parlamentario.
Posiciones y respuestas
La presidenta Dina Boluarte ha expresado respaldo a Santiváñez y a su hermano Nicanor Boluarte (según reportes citados en la propia investigación). La nota fiscal no consigna descargos de todos los aludidos; su versión será incorporada conforme avancen las diligencias y se notifiquen imputaciones.
Próximas acciones
Con los allanamientos ejecutados, el Ministerio Público continuará con peritajes, análisis de flujos financieros, corroboración de testimonios y evaluación de medidas cautelares. Santiváñez, quien ya declaró 12 investigaciones fiscales previas en su hoja de vida al asumir Justicia, enfrenta ahora un nuevo expediente incorporado por Eficcop.
Panorama
El caso Santiváñez abre un frente judicial de alto impacto institucional: la Fiscalía sostiene que la presunta red sigue activa y operando desde Palacio de Gobierno; la verificación judicial de esos cargos definirá responsabilidades penales y las eventuales consecuencias políticas en el Ejecutivo y la Policía.
