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Ministerio Público formaliza cargos contra la lideresa de Fuerza Popular y 13 allegados por presunta organización criminal en el caso Cócteles. El proceso judicial se reabre tras anulación de la acusación anterior.
El Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, presentó una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori Higuchi en el marco del caso denominado “Cócteles”, por el presunto delito de lavado de activos agravado bajo el esquema de organización criminal. El requerimiento fiscal incluye una solicitud de 35 años de prisión efectiva y 730 días multa, además de la inhabilitación política para la lideresa de Fuerza Popular. La nueva acusación también comprende a otros 13 colaboradores cercanos y dos personas jurídicas, incluido su partido político.
Origen del caso y nulidad previa
El caso Cócteles es una investigación de alto perfil iniciada en 2017, que sostiene que Fujimori y su entorno utilizaron eventos proselitistas, principalmente cenas de recaudación, como fachada para introducir en el sistema financiero aportes de procedencia ilícita. Según la hipótesis fiscal, los fondos provinieron de empresas como Odebrecht, interesadas en ganar influencia política, y fueron incorporados a través de una red de falsos aportantes para camuflar su origen.
En octubre de 2018, Keiko Fujimori fue detenida de forma preventiva, pasando más de un año en prisión. En 2020, recuperó su libertad tras la revisión de su medida cautelar. La acusación inicial presentada por la Fiscalía fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2023, al determinar que incluía hechos que no habían sido debidamente formalizados contra uno de los investigados, José Chlimper.
¿Quiénes están comprendidos en la nueva acusación?
Además de Fujimori, la acusación incluye a varios de sus principales operadores políticos y financieros:
- Pier Figari, asesor de campaña
- Ana Herz de Vega, exsecretaria del partido
- Jaime Yoshiyama, exministro y organizador de campaña
- José Chlimper, exsecretario general
- Mark Vito Villanella, expareja de Keiko Fujimori
- Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Ana Cecilia Matsuno, Hugo Tasayco, Giancarlo Bertini, Luis Mejía Lecca, Rafael Herrera y Juan Carlos Luna
También están comprendidas las personas jurídicas Fuerza Popular y la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces S.A.C., vinculada a la familia Villanella-Fujimori.
Además, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento total para 19 investigados y el sobreseimiento parcial para otros 2, lo que implica el archivamiento parcial o completo de los cargos en esos casos.
Sustento legal y delitos imputados
El documento fiscal acusa a los involucrados de haber constituido una organización criminal dentro de Fuerza Popular, cuyo propósito era canalizar dinero no declarado en campañas políticas, infringiendo las normas de transparencia y financiamiento electoral.
Los delitos principales imputados son:
- Lavado de activos agravado
- Falsedad ideológica
- Obstrucción a la justicia (en algunos casos)
El fiscal Pérez sustenta su requerimiento en cientos de declaraciones testimoniales, pericias contables y bancarias, correos electrónicos incautados, registros de cócteles y pruebas obtenidas a través de cooperación internacional con Brasil y EE. UU.
Implicancias jurídicas y políticas
Aunque la acusación no implica aún una condena, representa un nuevo hito procesal de alto impacto político. De ser admitida, se pasará a la etapa de control de acusación, donde un juez evaluará si el caso cumple con los requisitos para avanzar a juicio oral. Si es aprobado, Fujimori enfrentaría un juicio que podría durar varios meses o incluso años.
En el ámbito político, el caso vuelve a poner en el centro del debate la legitimidad de los partidos y la necesidad de reformar el sistema de financiamiento electoral. También complica las eventuales aspiraciones de Fujimori para las elecciones generales de 2026, dado que enfrenta una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de sentencia condenatoria.
Reacciones y postura de Keiko Fujimori
Hasta el momento, Keiko Fujimori no ha emitido una declaración pública oficial sobre esta nueva acusación. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ha señalado que es víctima de una persecución política y ha defendido la legalidad de los aportes a sus campañas. En anteriores procesos, su defensa ha cuestionado la imparcialidad del fiscal Pérez, señalando un presunto sesgo ideológico.
Lo que viene: etapas procesales siguientes
El siguiente paso será la programación de la audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio oral. En ella, el juez evaluará:
- Si los hechos imputados están debidamente sustentados
- Si las pruebas propuestas son pertinentes
- Si los tipos penales invocados están correctamente aplicados
De ser admitida, la acusación pasará a juicio oral. Si es rechazada, la Fiscalía deberá reformular el expediente o enfrentar un nuevo archivo.
Análisis final
La nueva acusación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori revive uno de los casos más significativos de presunta corrupción política en el país. En un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia la clase política y las instituciones judiciales, el avance de este proceso será observado con atención tanto por la ciudadanía como por la comunidad internacional. La decisión que adopte el Poder Judicial marcará no solo el futuro legal de Fujimori, sino también el estándar de integridad en el financiamiento de la política peruana.
