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El embargo fue ejecutado en Luxemburgo luego del impago parcial por la Línea 2 del Metro de Lima.
La empresa española ACS, presidida por Florentino Pérez, inició un proceso de embargo por 315 millones de dólares contra activos del Estado peruano en Luxemburgo, luego de que el país no cumpliera con el pago completo de una sanción internacional vinculada a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. El embargo, en ejecución desde el 14 de febrero, responde a un fallo arbitral del CIADI, organismo adscrito al Banco Mundial, que condenó a Perú a pagar 456 millones de dólares por incumplimientos contractuales.
Un conflicto que se arrastra desde 2017
El origen de la disputa se remonta a enero de 2017, cuando la sociedad concesionaria Metro de Lima Línea 2 —integrada por ACS (25%), FCC (18,25%) y otros socios— presentó una demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI. La empresa alegó retrasos en la entrega de terrenos y en la aprobación de estudios técnicos, lo que afectó el cronograma del megaproyecto valorado en 3.900 millones de euros.
En respuesta, el Estado peruano interpuso una contrademanda por supuestos daños ambientales y socioeconómicos, ascendentes a 700 millones de dólares. No obstante, el fallo arbitral del 21 de marzo de 2024, ajustado posteriormente en octubre del mismo año, favoreció a la concesionaria con una indemnización que incluyó intereses calculados con base en la tasa LIBOR +2%.
Embargo en Luxemburgo: ejecución silenciosa pero efectiva
Ante el incumplimiento parcial del laudo, el consorcio ejecutó medidas en Luxemburgo, donde el fallo del CIADI tiene carácter de título ejecutivo. De los 456 millones establecidos, Perú solo ha abonado 106 millones, y si bien 56 millones se encuentran formalmente suspendidos por revisión, el resto constituye la base del embargo actual.
El procedimiento implica la posibilidad de retención de cuentas bancarias, activos financieros y propiedades diplomáticas del Estado peruano. Según el medio Economía Digital, aunque los bienes específicos aún no han sido revelados, la medida avanza de manera firme, aumentando la presión legal y financiera sobre el país.
Nuevas demandas y respuesta legal del Perú
De manera paralela, ACS y sus socios han interpuesto dos nuevas demandas ante el CIADI contra el gobierno peruano, lo que podría derivar en futuras sanciones adicionales. Frente a esta ofensiva jurídica, el Estado presentó el 26 de febrero una solicitud de anulación parcial del laudo original, centrada en los denominados “Daños Bajo Protesto”.
Además, Perú pidió la suspensión total de la ejecución mientras se resuelve el proceso de anulación, cuyo desenlace podría extenderse hasta fines de 2026. La comisión ad hoc del CIADI aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud, aunque se espera un veredicto preliminar el próximo 15 de octubre.
Implicancias institucionales y riesgo de precedentes
La disputa no solo expone al Estado peruano a un daño financiero significativo, sino que también podría sentar un precedente en futuras controversias internacionales sobre megaproyectos de infraestructura. La elección de Luxemburgo como jurisdicción para ejecutar el embargo refleja la estrategia legal del consorcio, basada en la eficacia de los mecanismos europeos de cobro de deudas derivadas de laudos internacionales.
En el contexto político local, este episodio coincide con otros escándalos que involucran licitaciones públicas y cuestionamientos al manejo de megaproyectos, lo que incrementa la presión sobre el Ejecutivo y el sistema judicial.
Análisis final
El embargo solicitado por ACS marca un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre el consorcio internacional y el Estado peruano por la Línea 2 del Metro de Lima. Mientras las autoridades nacionales intentan revertir el fallo a través de vías legales, el riesgo de una afectación patrimonial ya es tangible, y su desenlace tendrá repercusiones tanto económicas como diplomáticas en los próximos años.
