Más del 90% de los gazatíes ha huido de sus hogares; expertos alertan que no existen refugios seguros y denuncian violaciones al derecho internacional humanitario.

Nueve de cada diez habitantes de Gaza han abandonado sus hogares durante la guerra (2023–2025), en un territorio con fronteras prácticamente cerradas. Académicos y organismos internacionales consultados por la BBC califican el fenómeno de “sin precedentes” por sus condiciones: órdenes de evacuación reiteradas, ausencia de lugares seguros y desplazamientos múltiples dentro de un área pequeña y densamente poblada. Israel sostiene que las evacuaciones son temporales y se realizan para proteger a civiles en su ofensiva contra Hamás, en apego al derecho internacional.

Antecedentes y contexto

El actual ciclo comenzó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, las autoridades sanitarias de Gaza —cuyas cifras la ONU considera fiables— reportan más de 66.000 fallecidos y unas 170.000 personas heridas por bombardeos israelíes. La ONU estima que alrededor del 92% de las viviendas del enclave han sido dañadas o destruidas desde octubre de 2023, lo que profundiza la precariedad habitacional y dificulta el retorno de desplazados.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Académicos y especialistas. Dawn Chatty (Universidad de Oxford) afirma que el caso es “diferente a cualquier otro desde la Segunda Guerra Mundial” por la combinación de atrapamiento, repetición de evacuaciones y falta de refugios seguros. Daniel Blatman (Universidad Hebrea de Jerusalén) subraya el “atrapamiento, la repetición y las condiciones letales” como rasgos distintivos. Yuval Shany (Universidad Hebrea) señala la “incapacidad de la gran mayoría de la población civil para abandonar por completo la zona de conflicto”.
• Autoridades israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indican que los avisos de evacuación buscan “proteger a los civiles”, con rutas y corredores designados, y que operan conforme al derecho internacional humanitario. La embajada de Israel en Londres rechaza las acusaciones de desplazamiento forzado, crímenes de guerra y genocidio; sostiene que las evacuaciones son temporales y que el objetivo es minimizar daños.
• Organismos y ONG. Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Human Rights Watch han cuestionado la legalidad de las evacuaciones, señalando que la naturaleza “masiva, generalizada y repetida” no cumpliría con los criterios de protección de civiles. Una comisión de la ONU ha concluido que Israel comete genocidio; Israel lo niega categóricamente.
• Voces palestinas. Husam Zomlot, jefe de la Misión Palestina en el Reino Unido, vincula la experiencia actual con la Nakba de 1948–1949. Testimonios como el de Soha Musleh, enfermera y madre de dos niños, describen hasta ocho mudanzas internas por sucesivas órdenes y combates.

Cifras, documentos y datos oficiales

• Magnitud del desplazamiento. La ONU estima que 9 de cada 10 gazatíes han huido de sus casas desde 2023; familias se han mudado en promedio seis veces (algunas hasta 19), según el Consejo Danés para los Refugiados (2024).
• Movilidad interna y “zonas humanitarias”. Israel ha instado a trasladarse a al-Mawasi, área costera designada como “zona humanitaria”, que ha sido objeto de ataques cuando, según Israel, se detectaron amenazas o actividades militares. Imágenes satelitales muestran campamentos que surgen, se vacían y reaparecen en Hamad City y otros puntos, correlacionados con nuevas órdenes.
• Control y evacuaciones. En los últimos meses, más del 80% de Gaza ha estado bajo control militar israelí u órdenes de evacuación; en julio llegó al 88%, según la ONU. En su punto mínimo, el área restante habitable equivalía a una franja de 9 km × 5 km, con zonas cubiertas de escombros.
• Condiciones de refugio. Organismos que trabajan con la ONU calculan 0,5 m² por persona en tiendas y refugios; el equivalente a 40 personas en una habitación de 4×5 m. Las agencias denuncian obstáculos a la entrada de ayuda; Israel afirma haber incrementado suministros y que la infraestructura humanitaria en el sur está preparada para la población prevista.

Implicancias políticas, sociales y económicas

• Derecho internacional humanitario. Persisten dudas jurídicas sobre la legalidad de órdenes de evacuación masivas, la efectividad de avisos y la disponibilidad real de rutas seguras. El debate afecta responsabilidades estatales y la rendición de cuentas futura.
• Demografía y gobernanza. El vaciamiento del norte y la concentración poblacional en zonas centrales (Jan Yunis y Deir al-Balah) reconfiguran necesidades de servicios, seguridad y administración local, con infraestructura severamente dañada.
• Ayuda y reconstrucción. La escala de destrucción (vivienda, servicios, vías) anticipa costos de reconstrucción muy elevados y una dependencia prolongada de asistencia internacional. La continuidad del conflicto condiciona el acceso humanitario.
• Memoria y narrativa. Las referencias a la Nakba refuerzan percepciones de desplazamiento permanente entre la población palestina, con efectos de largo plazo en cohesión social y expectativas de retorno.

Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles

1. Persistencia del desplazamiento interno si continúan operaciones militares y nuevas órdenes de evacuación en áreas densamente pobladas.
2. Aumentos puntuales de retorno temporal si algunas zonas son reclasificadas como seguras, con riesgo de nuevos ciclos de salida.
3. Escalada diplomática y judicial: mayor escrutinio internacional, posibles procesos en foros multilaterales y judiciales sobre cumplimiento del derecho internacional.
4. Ventanas humanitarias limitadas: ampliación o restricción del acceso a ayuda según negociaciones, seguridad de corredores y capacidad logística.

Panorama

El desplazamiento interno en Gaza, caracterizado por evacuaciones sucesivas dentro de un territorio sellado y con recursos críticos limitados, se ha consolidado como un fenómeno excepcional por sus condiciones más que por su cifra absoluta. Mientras Israel sostiene que sus medidas buscan proteger a la población civil y cumplir el derecho internacional, organizaciones y expertos cuestionan su legalidad y efectividad. La situación humanitaria y jurídica seguirá determinada por la evolución del conflicto, el acceso a la ayuda y las decisiones de las partes y de la comunidad internacional.