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Colectivos juveniles se movilizaron en Lima y regiones para exigir la derogatoria de las “leyes pro-crimen”, el fin de la represión policial y cambios en la conducción política del país.
Colectivos juveniles de la Generación Z, junto a organizaciones sociales como la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), realizaron hoy jueves 14 de noviembre una marcha nacional contra el Congreso de la República y el Gobierno, a quienes responsabilizan por la crisis de inseguridad, la impunidad frente a la represión y la corrupción. En Lima, la concentración principal se llevó a cabo en la Plaza Dos de Mayo, mientras que regiones como Arequipa y Lambayeque también se sumaron a la jornada, marcada por la tensión entre los convocantes y las advertencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Antecedentes y contexto
La movilización de hoy 14N se desarrolló en un contexto de desconfianza hacia el Congreso y las instituciones del Estado, especialmente entre sectores juveniles que se identifican como Generación Z.
Los organizadores señalaron tres ejes de malestar principal:
- El avance de la inseguridad ciudadana y la percepción de que el Estado no logra contener a las redes criminales.
- La impunidad frente a hechos de represión registrados en movilizaciones recientes, incluidos los casos de Inti Sotelo y Bryan Pintado en 2020, cuya muerte —afirman— aún no ha sido adecuadamente resuelta en el sistema de justicia.
- La aprobación de lo que denominan “leyes pro-crimen”, que, según los voceros juveniles, habrían debilitado la lucha contra la extorsión y el sicariato y servirían para “blindar” a determinados actores políticos.
En este marco, el paro nacional del 14 de noviembre fue presentado por los convocantes no solo como una protesta sectorial o generacional, sino como una marcha nacional dirigida contra la continuidad del Congreso y del Gobierno, a los que atribuyen responsabilidad política por la situación actual.
Declaraciones y posturas de los actores
Colectivos juveniles de la Generación Z
El vocero Ageo L. Ramírez, de la Generación Z, sostuvo ante La República que, a juicio de los colectivos, las normas aprobadas por el Parlamento han agravado la criminalidad:
“Marchamos para exigir la derogatoria de esas leyes; este Congreso corrupto las ha aprobado para blindarse a ellos mismos, haciendo que el Perú sea tierra fértil para la extorsión y el sicariato”, afirmó.
Ramírez agregó que también protestan contra lo que denomina un “pacto mafioso” que habría copado diversas entidades del Estado y reclamó una censura de la Mesa Directiva, una restructuración de la Policía Nacional del Perú y justicia para las víctimas de la represión desde 2020:
“Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Inti y Bryan. La impunidad sigue. (…) Nadie debe morir por protestar”, declaró.
En relación con el caso de Eduardo Ruiz Sanz, ‘Trvko’, joven rapero fallecido tras recibir un disparo de un agente de la PNP durante la marcha del 15 de octubre, Ramírez sostuvo que el ataque ocurrió cuando los manifestantes ya se replegaban:
“En el caso de Trvko fue en Plaza Francia, él no era brigadista ni escudero, estaba en un bloque artístico. (…) Mataron a un artista, no a un delincuente”.
Alianza Nacional de Transportistas (ANT)
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), Julio Campos, precisó que su organización no respaldó el paro como tal, pero sí participó en la movilización junto a los jóvenes:
“Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, declaró previamente.
De esta forma, el gremio buscó visibilizar la situación de inseguridad que afecta al transporte, particularmente a conductores y empresas sometidas a extorsiones y amenazas.
Mensaje del presidente del Congreso y respuesta de los jóvenes
En un video grabado junto a representantes de la Policía Nacional del Perú, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, señaló que se estaban preparando “todos los dispositivos para las marchas” y sostuvo que “la policía tiene que reprimir a los manifestantes violentos”.
Las juventudes convocantes interpretaron este mensaje como una advertencia de posible represión y lo señalaron como una muestra del tono con el que las autoridades encaran la protesta social.
Ramírez consideró que el video de Rospigliosi buscó justificar una fuerte intervención policial:
“Literalmente ya no está la libertad de expresión, nos terruquean o nos amenazan. Ese video es una amenaza, nos dicen ‘si marchan se irá la PNP contra ustedes’. (…) Lo usan como excusa para deslegitimar la marcha”, afirmó.
Cifras, datos y verificación básica
- Fecha de la marcha: jueves 14 de noviembre.
- Hora de concentración en Lima: desde las 5:30 p. m.
- Punto principal de encuentro: Plaza Dos de Mayo.
- Regiones que participaron, según los organizadores: Arequipa y Lambayeque, además de Lima.
- Hechos de referencia en la protesta:
- Fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado en 2020, en el contexto de movilizaciones juveniles.
- Muerte del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, ‘Trvko’, durante la marcha del 15 de octubre, atribuida por la familia y los colectivos a un disparo de un agente de la PNP.
- Acciones policiales previas reportadas: rodeo del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detención de un estudiante horas antes de la Marcha Nacional del 14N, según denuncias difundidas por los convocantes.
Las autoridades policiales habían anunciado el despliegue de operativos para controlar desórdenes y actuaron con contingentes en varios puntos del centro de Lima, mientras los organizadores insistieron en convocar a una movilización de carácter pacífico.
Implicancias políticas, sociales e institucionales
La jornada del 14N volvió a colocar en primer plano la relación entre:
- Juventudes organizadas y sistema político.
- Protesta social y respuesta estatal, especialmente en lo referido al uso de la fuerza por parte de la PNP.
- El debate sobre las leyes de seguridad y criminalidad aprobadas en el Congreso.
Desde el punto de vista político, la marcha buscó presionar por cambios legislativos —en particular, la derogatoria de normas calificadas como “pro-crimen”— y por una renovación de la representación parlamentaria. El lema “que se vayan todos”, mencionado por los voceros juveniles, resumió una demanda de recambio político amplio.
En el plano social, la participación de colectivos juveniles, gremios de transporte y otros sectores evidenció un intento de articular demandas ciudadanas diversas, desde la seguridad ciudadana hasta la integridad institucional.
En el ámbito institucional, la situación plantea interrogantes sobre:
- La aplicación de protocolos de uso de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas.
- Los mecanismos de rendición de cuentas por hechos de violencia ocurridos en manifestaciones desde 2020.
- El impacto del discurso público de las autoridades —como el mensaje de Rospigliosi— en la percepción de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
Próximas acciones y escenarios posibles
- Evaluación posterior a la jornada del 14N:
- Balance sobre la magnitud de la convocatoria en Lima y regiones.
- Informe sobre la actuación de la PNP, eventuales detenidos, heridos o incidentes.
- Respuesta institucional:
- Posibles pronunciamientos del Congreso, el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos en torno al desarrollo de la marcha.
- Eventuales iniciativas legislativas vinculadas a las normas cuestionadas como “leyes pro-crimen”.
- Investigaciones sobre casos de violencia previa:
- Seguimiento judicial al caso de Eduardo Ruiz Sanz, ‘Trvko’, y a los procesos vinculados a la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
- Revisión de protocolos de intervención policial en manifestaciones, si así lo disponen las autoridades competentes.
- Continuidad de la movilización juvenil:
- En función de la respuesta política e institucional, los colectivos de la Generación Z podrían convocar nuevas jornadas de protesta o demandar mecanismos de diálogo con las autoridades.
Panorama
La marcha realizada hoy 14 de noviembre por colectivos de la Generación Z se configuró como una jornada de alta relevancia política y social, centrada en la demanda de mayor seguridad ciudadana, fin de la represión y revisión de leyes aprobadas por el Congreso. Mientras las organizaciones convocantes insistieron en el carácter pacífico de la movilización y denunciaron el riesgo de un uso excesivo de la fuerza, las autoridades desplegaron dispositivos policiales de control. El desarrollo de la protesta y las respuestas institucionales que se emitan en los próximos días serán claves para evaluar el estado de la relación entre ciudadanía —en especial la juventud— y sistema político en el país.
