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Diligencias buscan esclarecer cómo la Comisión Especial que eligió a Ríos omitió evaluar su sentencia firme de 2011 por maltrato psicológico.
Representantes del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público acudieron este martes a la sede de la Defensoría del Pueblo para realizar diligencias en torno a la designación de Gino Ríos Patio como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La intervención responde a la reciente revelación de que Ríos cuenta con una sentencia firme por violencia familiar emitida en 2011.
Investigación preliminar por parte de la Fiscalía
Fuentes de La República y El Comercio confirmaron que la intervención, iniciada alrededor de las 4:30 p.m., forma parte de diligencias previas orientadas a recabar información documental sobre el proceso de selección que derivó en la elección de Gino Ríos. Estas diligencias se ejecutan dentro de la Comisión Especial encargada de la designación, la cual opera en la Defensoría del Pueblo bajo la presidencia de Josué Gutiérrez.
Según reportó el programa Cuarto Poder, el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla dictó en mayo de 2011 una sentencia por maltrato psicológico en contra de la exesposa de Ríos. La sentencia fue consentida y no fue apelada por el ahora titular de la JNJ.
Proceso de selección bajo cuestionamientos
La polémica gira en torno al hecho de que dicha sentencia no fue abordada ni cuestionada durante la etapa de entrevistas finales del proceso de selección, liderada por el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. La Comisión Especial se centró en una denuncia archivada por presunta corrupción, omitiendo el antecedente judicial por violencia familiar.
Asimismo, se informó que la Comisión Especial recibió una tacha formal presentada por la abogada de la víctima, advirtiendo sobre la condena vigente. Sin embargo, esta fue desestimada bajo el argumento de haber sido presentada fuera del plazo reglamentario.
Reacciones políticas y solicitudes de vacancia
En el ámbito legislativo, varios congresistas han solicitado la suspensión temporal de Ríos. La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) envió un oficio a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, solicitando la vacancia del presidente de la institución, así como su separación preventiva mientras se evalúa el caso.
“El señor Ríos Patio se encuentra incurso en una causal de vacancia”, indica el documento, citando el artículo 11 de la Ley Orgánica de la JNJ, que impide ejercer el cargo a personas con sentencia firme por delito doloso o por violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Además, el artículo 18 de la misma norma establece que un miembro de la JNJ cesa en sus funciones si existe una resolución judicial condenatoria.
Los congresistas Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Susel Paredes (Bloque Democrático) también presentaron oficios exigiendo la inmediata separación del cargo y la revisión del proceso de designación.
Documentación solicitada y próximos pasos
Como parte de su iniciativa, la congresista Luque presentó dos solicitudes adicionales al Poder Judicial y al Ministerio Público para que remitan copia certificada del expediente judicial relacionado con la sentencia de Ríos. Según trascendió, el pedido de vacancia fue sustentado en un documento de 10 páginas, cuyos detalles serían expuestos públicamente este jueves 24 de julio.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando documentación en la Defensoría del Pueblo para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de la omisión de antecedentes judiciales durante el proceso de selección.
Estado actual del caso
Gino Ríos juró como presidente de la Junta Nacional de Justicia en enero de 2025. Hasta la fecha, no ha emitido una declaración pública sobre la sentencia ni sobre el procedimiento de su elección. Por su parte, la Junta Nacional de Justicia no ha anunciado una posición oficial sobre la posible vacancia.
La evolución del caso dependerá del resultado de las diligencias fiscales, de las decisiones que tome la JNJ en respuesta a las solicitudes formales, y de la eventual evaluación de nuevas pruebas remitidas por el Poder Judicial. El proceso pone bajo escrutinio la transparencia institucional en la selección de altas autoridades del sistema de justicia peruano.
