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Mientras Boluarte destaca nuevos ingresos en la PNP, cifras oficiales revelan retiros masivos por baja voluntaria, edad, y sanciones por corrupción.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que su gobierno incorporará un total de 21.000 nuevos efectivos a la Policía Nacional del Perú (PNP) al cierre de su mandato en 2026, como parte de una estrategia para enfrentar el déficit de personal y fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, según cifras de la propia institución policial, durante el mismo periodo cerca de 10.000 agentes han pasado al retiro por diversos motivos, incluidos casos de corrupción y sanciones disciplinarias.
Discurso oficial e información omitida
Durante su reciente mensaje a la Nación, la jefa de Estado afirmó que se recibió una PNP “debilitada” con un déficit de más de 60.000 efectivos, y resaltó que desde el inicio de su mandato han egresado más de 16.000 nuevos policías, a los que se sumarán próximamente 4.600 suboficiales más. No obstante, omitió mencionar la salida de 10.000 uniformados en el mismo periodo, entre 2023 y lo que va de 2025.
De acuerdo con datos de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, 2.876 agentes solicitaron su baja voluntaria (29%), mientras que otros 2.554 (26%) fueron separados por medidas disciplinarias. A estas cifras se suman 1.589 policías retirados por límite de edad, 1.132 por no adecuarse al servicio, y 490 por renovación de cuadros, entre otras causas administrativas.
Problemas internos y corrupción en la PNP
Fuentes de la Inspectoría General de la Policía indicaron que hasta 2023, 1.030 agentes —entre suboficiales y oficiales— fueron expulsados por faltas graves o muy graves, conforme al Reglamento Disciplinario. Los motivos principales incluyeron corrupción, narcotráfico, robo, sicariato, extorsión y estafa.
El general en retiro José Baella Malca, exinspector general de la PNP, advirtió que más allá de aumentar el número de efectivos, el desafío principal es mejorar su calidad. “No queremos cantidad, sino policías con vocación de servicio. Hoy tenemos agentes involucrados en tráfico de drogas, asaltos y otros delitos. Eso afecta gravemente la confianza ciudadana”, declaró.
Baella también señaló la necesidad de una selección rigurosa y profesional en el reclutamiento policial: “Para formar buenos policías se necesita un equipo idóneo, no improvisado. La corrupción institucional debe enfrentarse con decisión y transparencia”.
Falta de medidas concretas contra la corrupción
En su discurso, Boluarte no mencionó acciones específicas para combatir la corrupción interna en la PNP, pese a que el actual comandante general de la institución, teniente general Víctor Zanabria Angulo, enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción.
A esto se suma la polémica por la adquisición de vehículos de alta gama para el alto mando policial. Según documentos oficiales, se autorizó un gasto de S/ 17,3 millones para la compra de camionetas Audi y Toyota destinadas a generales y tenientes generales. El paquete incluyó ocho camionetas Audi por S/ 1,6 millones y cuarenta Toyota RAV4 por S/ 5,2 millones, lo que generó cuestionamientos por parte de diversos sectores en medio de una crisis de seguridad y recursos limitados.
Proyecciones y desafíos estructurales
A pesar del incremento proyectado en el número de efectivos, el balance neto de personal podría verse reducido si no se controla la alta tasa de retiros y expulsiones. Expertos señalan que el fortalecimiento de la PNP requiere, además de nuevos ingresos, reformas estructurales en formación, ética institucional y control interno.
También se plantea la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los agentes, ampliar las capacidades investigativas y reforzar los vínculos con la ciudadanía para recuperar la legitimidad y confianza de la población.
Análisis final
El anuncio de incorporar 21.000 nuevos policías representa una apuesta por reforzar la presencia del Estado frente a la inseguridad. Sin embargo, el retiro simultáneo de 10.000 efectivos y la falta de acciones concretas contra la corrupción interna evidencian que el problema va más allá del número. El desafío estructural de la reforma policial sigue pendiente en el Perú.
