Gobierno no tiene autoridad moral para opinar sobre AFP

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4-1Galarreta señala que reformas de este quinquenio solo fracasaron, y que el Poder Ejecutivo ya no debe poner trabas.

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) la norma que permite a mayores de 65 años retirar hasta 95,5% de sus fondos de las AFP no es inconstitucional, y consideró que el Poder Ejecutivo hace mal al pretender dilatar su aplicación.

"El gobierno no tiene autoridad moral para hablar de las AFP, porque estas han invertido en él  S/23 mil millones. […] No puede el gobierno decir lo que dice porque hay ahí intereses de por medio", señaló García Belaunde a un diario local.

Agregó que esta medida aprobada por el Parlamento se ha tomado a causa de las mismas AFP, que han actuado con torpeza. "Ahora sí se verán obligados a cambiar, competir y a bajar sus comisiones", prosiguió.

"Sí es inconstitucional que cuando uno cumple 65 años ese fondo se pierda en las compañías de seguros. Se les entrega el fondo a cambio de una renta vitalicia que solo podrá ser cobrada al 100% cuando se cumplan los 110 años", cuestionó.

Acotó que el reglamento de esta norma, a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y del Poder Ejecutivo, sea bueno y no distorsione el espíritu de la ley. "El reglamento puede corregir los vacíos que puede tener la ley, pero otra cosa es cambiarla", detalló.

Por su parte, Luis Galarreta (Fuerza Popular) le recomendó al premier Pedro Cateriano que defienda su posición si  presentarse como representante de un grupo empresarial.

“No entiendo el rol que cumple el premier, no tiene que actuar como vocero de las AFP. Si quiere presentar un recurso que lo haga y punto. No me extrañaría considerando que el gobierno se ha opuesto a todas las normas que favorecen a los trabajadores como aquella que exoneró de descuentos a las gratificaciones”, subrayó.

Galarreta agregó que el Congreso es un poder del Estado autónomo y lo que corresponde al Ejecutivo no es entrar en un pleito verbal a través de las redes sociales.

 “Hace mal el gobierno en tratar de desconocer algo que ya fue aprobado. Me parece extraño, dado que quien podría presentar este tipo de acciones es el sector privado que supuestamente resulta ser el afectado. Sin embargo, lo hace el gobierno que ha tenido cinco años y no ha podido lograr que se revierta la informalidad que existe en el sistema previsional”, precisó.

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