“Graña y Montero valía US$ 1,100 ahora vale US$ 440 millones”

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Graña y MonteroEn un intento por detener el descalabro de sus acciones la constructora anunció la renuncia de José Graña Miró Quesada, presidente del directorio, y de sus más altos ejecutivos. Sin embargo el perjuicio ya está hecho, y a los aportantes a las AFP, que compraron sus acciones.

“Graña y Montero valía alrededor de US$ 1,100 millones hace tres meses y ahora vale US$ 440 millones. La razón por la cae, es por las expectativas de las ganancias de la empresa y el riesgo que están asumiendo”, comentó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

¿Y cómo se había producida está pérdida que van a tener que asumirla las AFP, y directamente sus aportantes? ¿Desconocían las AFP la situación legal en la que se encontraba la socia de Graña y Montero, una de los 168 accionistas accionista del diario El Comercio?

La cronología de hechos indica que los hechos fueron públicos, de explosión global, que hace imposible que lo hayan desconocido.

Veamos, según información bursátil, las AFP en su conjunto aumentaron su tenencia de títulos de GyM entre agosto del 2016 y enero del 2017.

¿La fecha no dice nada? Las AFP compraron las acciones masivamente en los años 2016 cuando ya se habían empezado las investigaciones del caso Lava Jato.

Es más, Marzo del 2016 en Brasil se condenó a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, expresidente de la mayor constructora de América Latina, y socia con GyM en varios proyectos en el Perú.

El juez federal Sergio Moro lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.

Y lo que incrementa más las sospechas, es que en enero, cuando las AFP seguían comprando acciones de GyM, ya sabían desde diciembre del 2006, lo que su socia brasileña había admitido ante la justicia de EEUU.

Según el acuerdo firmado entre la justicia de Estados Unidos y Odebrecht, la compañía brasileña reconoció el pago de sobornos en el Perú por hasta US$29 millones entre el 2005 y el 2014 a funcionarios gubernamentales “con el fin de obtener contratos de obras públicas”.

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