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Las organizaciones, a través del decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo, exigen al presidente José Jerí la derogatoria de las denominadas “leyes procrimen”, suscriben un acuerdo ciudadano contra la criminalidad y anuncian la adopción de acciones ante la CIDH y la OEA.
Un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y empresariales suscribió en Lima el Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC) para enfrentar el incremento de la criminalidad. En el acto, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, pidió al presidente José Jerí impulsar la derogatoria de normas que los firmantes califican como “procrimen organizado” y advirtió una “grave crisis institucional”, mientras representantes de transportistas señalaron que el país vive una “dictadura legislativa” y anunciaron que evalúan nuevas medidas de protesta.
Antecedentes y contexto: un pacto ciudadano ante el avance del delito
La firma del AHC se realizó en la sede del CAL, con la participación de colectivos de distintas regiones y sectores. Los promotores señalaron que el acuerdo busca articular una respuesta frente al aumento de delitos graves, extorsiones y asesinatos, así como cuestionar cambios normativos que —según afirmaron— debilitan la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y afectan el equilibrio entre poderes.
De acuerdo con lo expuesto en la ceremonia, el AHC plantea como ejes la defensa de la vida, la restitución del Estado de derecho y la reconstrucción de la legalidad como base para una estrategia sostenida de seguridad y justicia.
Pronunciamientos: llamado a “congruencia” entre gestos y decisiones
Durante su intervención, el decano Raúl Canelo sostuvo que el país atraviesa una crisis institucional y atribuyó al Congreso la aprobación de normas que, en su lectura, no han contribuido a reducir la violencia. “Para proteger la vida necesitamos derogar urgentemente las leyes pro–crimen organizado que el Congreso ha venido aprobando”, afirmó. En la misma línea, señaló que “un poder del Estado ha sojuzgado a los demás”, en referencia a presuntas afectaciones a la independencia del Ministerio Público.
Canelo dirigió además un mensaje directo al presidente José Jerí y pidió acciones concretas. “Presidente Jerí, no solo importan los gestos. Lo que debe hacer es derogar las leyes contra el crimen organizado y nos irá mejor”, dijo, aludiendo a la necesidad de coherencia entre posicionamientos públicos y decisiones políticas.
En el acto, Canelo mencionó que Delia Espinoza se incorporará como promotora del acuerdo en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Sobre su reciente inhabilitación, consideró que se trataría de una decisión arbitraria que deberá ser revisada en sede judicial.
Gremios y transporte: advertencias y evaluación de protestas
El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, expresó su respaldo al AHC y sostuvo que la inseguridad afecta directamente al transporte urbano. En su intervención, afirmó que el país atraviesa una situación que describió como “dictadura legislativa”, frase que atribuyó a la aprobación de normas que, según su postura, favorecen a los criminales.
Palomino informó además que el anunciado paro de transportistas, previsto inicialmente para diciembre, se encuentra en evaluación y podría postergarse. “Es probable que el paro se suspenda hasta enero”, indicó, señalando que tanto la población como el sector requieren soluciones sin agravar la afectación al servicio.
Acciones anunciadas: CIDH, OEA y coordinación permanente
Los promotores del AHC anunciaron que impulsarán acciones en el ámbito nacional e internacional para exponer lo que consideran una crisis institucional vinculada a la seguridad y al marco legal. Entre las medidas mencionaron comunicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, informaron que se instalará un espacio de coordinación permanente para articular esfuerzos ciudadanos y definir una estrategia de seguimiento frente al crimen organizado y la violencia, con el objetivo de sostener la agenda del acuerdo más allá del acto de firma.
Panorama
El Acuerdo Histórico Ciudadano se presentó como una plataforma de articulación de organizaciones que buscan incidir en el debate público sobre seguridad y reformas legales. Mientras el CAL y los gremios piden la derogatoria de normas que consideran favorables al crimen organizado, los promotores anunciaron acciones ante instancias internacionales y nuevas coordinaciones internas, en un escenario marcado por la presión social ante el deterioro de la seguridad.
