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El periodista señaló que la conducción de la Fiscalía de la Nación responde a una articulación de fuerzas políticas que buscan debilitar la lucha anticorrupción, en un contexto de incertidumbre institucional.
El periodista Gustavo Gorriti cuestionó duramente la actual conducción de la Fiscalía de la Nación, encabezada por Tomás Gálvez, durante una entrevista con la abogada y periodista Rosa María Palacios en el programa Sin guion, transmitido por La República. En el diálogo, difundido el 14 de noviembre, Gorriti afirmó que sectores políticos interesados en debilitar el sistema anticorrupción han logrado incidir en la toma de control del Ministerio Público, en un escenario marcado por disputas internas, cuestionamientos al liderazgo fiscal y la incertidumbre por la situación de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Antecedentes y contexto
La designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación se produjo en medio de un periodo de marcada tensión institucional, tras meses de enfrentamientos dentro de la Junta de Fiscales Supremos y de cuestionamientos a la continuidad de la fiscal Delia Espinoza, cuya situación procesal y administrativa permanece sin resolución definitiva.
Gálvez, exintegrante del desactivado Cuello Blanco del Puerto y con investigaciones disciplinarias previas, asumió el cargo entre críticas de organizaciones civiles y especialistas en justicia penal, quienes advierten sobre los riesgos de retrocesos en la lucha contra la corrupción.
En este marco, la entrevista de Gorriti se dio en un escenario en el que analistas, instituciones de control y sectores de la sociedad civil expresan preocupación por la estabilidad del Ministerio Público y el impacto que esta situación podría tener en casos emblemáticos.
Declaraciones de Gustavo Gorriti
Durante la entrevista, Gorriti afirmó que la actual situación del Ministerio Público no es resultado de decisiones aisladas, sino de una “estrategia sostenida” de determinados sectores políticos.
“Toda esta contraofensiva mafiosa (…) ha logrado implementar medidas que han llevado a que controlen ahora la Fiscalía de la Nación”, señaló.
El periodista sostuvo que la coalición política que mantiene influencia en el Congreso habría buscado capturar instituciones clave para “garantizar impunidad” frente a investigaciones de corrupción en curso.
Sobre la presencia de Gálvez en la Fiscalía de la Nación, señaló:
“Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación (…) No es la primera vez que fuerzas corruptas toman esta institución”.
En ese punto, recordó episodios previos en los que la Fiscalía —indicó— estuvo controlada por grupos vinculados a estructuras de poder, citando los casos de Blanca Nélida Colán, Hugo Denegri y Cornejo, mencionados por el periodista como antecedentes de periodos marcados por la falta de acción o tolerancia hacia redes de corrupción.
Intervención de Rosa María Palacios
Durante el programa, Rosa María Palacios complementó las críticas, subrayando que la conducción del Ministerio Público no puede mantenerse al margen de la confrontación política, especialmente cuando existen pronunciamientos de figuras públicas que podrían comprometer la autonomía fiscal.
La periodista también cuestionó el rol del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien días antes se refirió a la actuación policial frente a eventuales protestas juveniles.
“Él no es el presidente, ¿qué hace?”, señaló Palacios, aludiendo a sus declaraciones dirigidas a la Generación Z.
Asimismo, criticó que un fiscal de la Nación pueda desempeñarse como “actor político”, en referencia a la exposición pública de Gálvez en asuntos ajenos a la conducción estrictamente institucional.
Cifras, antecedentes y situación oficial
- El Ministerio Público registra actualmente más de 50 investigaciones complejas en curso relacionadas con corrupción de alto nivel, crimen organizado y delitos vinculados a redes políticas.
- Tomás Gálvez ha sido mencionado en investigaciones disciplinarias y penales derivadas del caso Cuellos Blancos del Puerto, aunque no cuenta con sentencia firme en su contra.
- La fiscal suprema Delia Espinoza continúa en una situación administrativa “en limbo”, sin que se haya definido su estatus dentro de la Junta de Fiscales Supremos.
Estas condiciones, advierten especialistas, han generado un entorno de incertidumbre en las principales unidades de investigación del Ministerio Público.
Implicancias políticas e institucionales
La tensión actual en la Fiscalía de la Nación tiene efectos directos en:
1. La autonomía del Ministerio Público
Voces como la de Gorriti advierten que la independencia del órgano encargado de perseguir el delito podría verse comprometida si actores con intereses políticos influyen en los nombramientos y decisiones internas.
2. Las investigaciones anticorrupción
El manejo de los casos de relevancia nacional podría verse afectado por cambios de liderazgo, desplazamientos internos o reconfiguraciones que alteren equipos de trabajo consolidados.
3. La confianza ciudadana
Encuestas recientes reflejan un descenso en la percepción de legitimidad de la Fiscalía, atribuida a conflictos internos, cuestionamientos a sus autoridades y la falta de claridad en la conducción institucional.
4. La relación con el Congreso
Las menciones de Gorriti sobre una “coordinación” entre sectores parlamentarios y la conducción fiscal elevan la sensibilidad política del tema.
Próximas acciones y escenarios posibles
Los escenarios inmediatos dependerán de:
- La definición sobre el estatus de Delia Espinoza y la reconfiguración final de la Junta de Fiscales Supremos.
- El desenvolvimiento de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación y las posibles impugnaciones o recursos administrativos que se presenten.
- La continuidad de las investigaciones sensibles, especialmente aquellas relacionadas con redes de corrupción política.
- La supervisión y pronunciamientos de organismos de control, como la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría General.
- La presión pública y mediática, que podría incidir en la estabilidad del liderazgo fiscal.
Panorama
La entrevista de Gustavo Gorriti reavivó el debate sobre la situación del Ministerio Público en un momento de creciente polarización política. Mientras sectores periodísticos y de la sociedad civil alertan sobre riesgos para la autonomía fiscal y la lucha anticorrupción, la institución enfrenta definiciones pendientes que determinarán su conducción y capacidad operativa en los próximos meses. El seguimiento a las decisiones administrativas y su impacto en las investigaciones en curso será clave para evaluar la solidez del sistema de justicia en el corto plazo.
