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Deface Perú filtró documentos internos que exponen operaciones de protección a autoridades y vigilancia a medios críticos. La Dirin confirmó la vulneración y abrió investigación por delito cibernético.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin) confirmó este viernes que sus servidores fueron hackeados el pasado 4 de septiembre por un grupo denominado Deface Perú. A través de la aplicación Telegram, los intrusos difundieron documentos internos que detallan operaciones de protección a la presidenta Dina Boluarte y a exmandatarios, así como labores de seguimiento a periodistas y medios de comunicación.
Antecedentes de la filtración
La información fue divulgada inicialmente por el portal La Encerrona, que tuvo acceso a los archivos filtrados en el canal de Telegram de Deface Perú. Los documentos incluyen registros de estrategias de seguridad aplicadas no solo a Boluarte, sino también a expresidentes como Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.
Además, se revelaron reportes de inteligencia que involucran a periodistas como Marco Sifuentes y al semanario Hildebrandt en sus trece, en los que se consignan actividades de “reglaje” y monitoreo. También se identifican referencias a fiscales y jueces vinculados a investigaciones emblemáticas como Odebrecht, OAS y el proyecto del aeropuerto de Chinchero.
Reacciones y confirmaciones oficiales
La Dirin emitió un comunicado confirmando la vulneración de sus servidores. Indicó que, “inmediatamente, se activó el plan de contingencia, se suspendieron los sistemas comprometidos y se informó a la Dirección de Tecnologías, que adoptó medidas de contención”. Asimismo, la Dirección de Ciberdelincuencia inició diligencias para identificar y detener a los responsables.
Los documentos filtrados incluyen, además, menciones a las investigaciones sobre el asesinato del periodista Gastón Medina, ocurrido a inicios de este año, y advertencias internas sobre amenazas recibidas desde 2022.
Implicancias políticas y sociales
Las revelaciones han generado inquietud en sectores periodísticos y políticos por la posible utilización de recursos de inteligencia en actividades de vigilancia contra la prensa y actores judiciales. Entre los archivos, figura también un audio atribuido al exministro del Interior Juan Santiváñez, donde se solicita control sobre las actividades de Marco Sifuentes en el contexto de protestas contra el gobierno de Boluarte en noviembre de 2024.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han solicitado a las autoridades aclarar los alcances de las operaciones expuestas y garantizar que no se utilicen labores de inteligencia para hostigar a periodistas o medios críticos.
Próximas acciones
La Dirin aseguró que reforzará sus sistemas tras un proceso de licitación de más de siete millones de soles destinado a modernizar la seguridad informática, aunque el reciente hackeo evidenció vulnerabilidades persistentes.
La Dirección de Ciberdelincuencia continúa con las pericias técnicas para rastrear a Deface Perú y determinar si el ataque contó con apoyo internacional. En paralelo, fiscales especializados evalúan abrir investigaciones sobre el presunto uso indebido de información de inteligencia contra actores civiles.
Panorama
El caso abre un nuevo frente de debate sobre la transparencia y el control en las operaciones de inteligencia en el país. Mientras se esperan avances en las pesquisas, la filtración deja al descubierto las tensiones entre seguridad del Estado, derechos fundamentales y protección de la libertad de prensa en el Perú.
