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El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, advirtiendo que los poderes Ejecutivo y Legislativo han quedado en manos de mafias con intereses particulares.
En una entrevista para el programa Sin Guion, conducido por Rosa María Palacios, Colchado afirmó que las normas aprobadas benefician al crimen organizado y dificultan la labor de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
Políticas que favorecen al crimen organizado
Colchado destacó reformas legislativas que, a su entender, han socavado la lucha contra la delincuencia en el país. Entre ellas, mencionó la Ley 32108, que excluye a los delitos con penas menores a seis años en procesos por organización criminal, y la Ley 31190, que reduce el plazo de colaboración eficaz a ocho meses. Asimismo, criticó la Ley 31207, que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, y la derogación de la detención preliminar en diciembre de 2024, considerada por él como una herramienta fundamental para detener a investigados en flagrancia. Según Colchado, estas medidas no solo protegen a funcionarios y grupos de poder, sino que también facilitan la operación de bandas criminales al debilitar los instrumentos legales de control y castigo.
“Lo que sucede acá es lo siguiente: que la democracia, el Gobierno ha sido tomado por mafias que están enquistadas en el Legislativo y en el Ejecutivo y ellos se quieren proteger. No les conviene potenciar a la Policía, poner a los mejores policías por meritocracia en los puestos para que puedan combatir la criminalidad por cuidarse ellos de su corrupción…”
Estrategia policial y falta de inteligencia
El ex coronel también puso el foco en lo que considera una grave falta de estrategia del actual Gobierno. Criticó la manera en que se aborda la inseguridad en zonas conflictivas, como Pataz, donde las autoridades anuncian el envío masivo de efectivos sin una planificación de inteligencia ni una investigación adecuada. “El crimen organizado no se combate con prevención, se combate con investigación e inteligencia y esto no va a parar si es que esto no cambia”, subrayó, lamentándose de que el despliegue policial se limite a tareas de patrullaje sin resultados contundentes.
En este sentido, Colchado cuestionó la reciente norma, Ley 32130, que faculta a la PNP para iniciar investigaciones preliminares en casos de delitos graves, señalando que el cambio de responsabilidades al margen de una pericia adecuada en la materia podría agravar aún más la situación de inseguridad.
Desamparo a las instituciones de seguridad
El coronel en retiro no dudó en señalar lo que considera una alarmante falta de respaldo institucional. “Se ha dejado de apoyar a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial para combatir estos delitos urbanos y violentos que vienen, sobre todo, la extorsión y el sicariato”, indicó. Según Colchado, esta omisión estratégica beneficia a grupos vinculados a economías ilegales, que se fortalecen gracias a decisiones políticas y legislativas que más que combatir la delincuencia, permiten su crecimiento.
Para él, el funcionario corrupto que hoy ostenta el poder aprueba normas para protegerse a sí mismo y, de esta forma, se impide el avance de una verdadera acción de investigación contra el crimen. Con sus palabras, el exdirectivo enfatizó que la falta de apoyo institucional y la adopción de medidas jurídicas inadecuadas son responsables de que la lucha contra la criminalidad se vea cada vez más comprometida.
Reflexión y llamado al cambio
Las declaraciones de Harvey Colchado ponen en evidencia una profunda crisis en la política de seguridad del país. La crítica se centra no solo en la estrategia de la actual administración, sino también en la tendencia legislativa que, según el coronel, se orienta a facilitar la protección de los intereses de quienes están en el poder, en detrimento de la seguridad ciudadana. Frente a esta aparente complicidad, la exigencia es clara: reforzar el apoyo a las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen, dotarlas de los recursos necesarios y, sobre todo, recuperar la meritocracia y la transparencia dentro de la Policía y los organismos judiciales.
Con la seguridad de que la ciudadanía clama por respuestas efectivas, las palabras de Colchado marcan un llamado urgente a la reflexión y a la acción, en un contexto en el que los delitos urbanos violentos y la corrupción amenazan la confianza en el Estado y la tranquilidad de los peruanos.
Este artículo recoge la perspectiva crítica del ex coronel Harvey Colchado, poniendo de relieve las repercusiones de las políticas actuales y la necesidad de un replanteamiento urgente de la estrategia nacional de seguridad. ¿Qué otras medidas podrían implementarse para contrarrestar los efectos de estas normas, y cómo podría el Gobierno recuperar la confianza de la ciudadanía en su lucha contra el crimen organizado? Estas interrogantes abren la puerta a un debate fundamental sobre el rumbo de la seguridad en el Perú.
