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Comisión de Fiscalización aprobó informe final en el que acusan al ex presidente por encubrimiento real, obstrucción a la justicia y falsedad genérica
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó ayer por unanimidad el informe final sobre el caso de la muerte de Emerson Fasabi, vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala.
El documento señala el vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala no habría fallecido por causa natural, sino por envenenamiento.
El informe, presentado por el congresista fujimorista Rolando Reátegui, presidente del grupo de Fiscalización, señala en la página 144 como parte de su “hipótesis de criminalidad”: “Por la pancreatitis hemorrágica con daño hepático se deduce que el caso no corresponde a una muerte súbita o natural, sino más bien de una muerte violenta por ingesta de sustancia tóxica”.
Esta conclusión derivó del informe pericial que realizó la comisión y que, según señalan, “no [fue] detectada en el screening [despistaje] del laboratorio del Instituto de Medicina Legal”. Luego añade que sería de “tipo homicida”, pero que esto debe ser corroborado por la investigación sobre las circunstancias previas al fallecimiento.
El grupo de trabajo descarta que haya podido tratarse de un suicidio tras los interrogatorios realizados. Según las investigaciones congresales, Fasabi falleció en el 2015 tras ingerir alcohol etílico (etanol) “que habría sido el medio de transporte del tóxico”.
En ese sentido, la comisión indica que se elaboró todo un plan para encubrir las pruebas y distorsionar el motivo real de la muerte deFasabi. “La que la documentación referida a diversas pesquisas policiales o diligencias fiscales o forenses, presentan diversos errores o deficiencias en diferentes tiempos, pero en forma sucesiva y concatenados”, apunta el referido documento.
Algunas declaraciones ayudaron a que la Comisión de Fiscalización establezca sospechas sobre la intervención del ex presidente Ollanta Humala con la muerte de Emerson Fasabi.
Carlos Corzo Alva, propietario del inmueble donde se encontró muerto a Fasabi, declaró a la comisión que Juan José Peñafiel Reyes habría sido la primera persona que ingresó a la habitación donde se hallaba el cadáver. Esto contradice lo sostenido por el propio Peñafiel, quien negó haber ingresado a la escena. Peñafiel era el chofer de Ollanta Humala.
Otro detalle que brindó Corzo Alva a la comisión, detallado en el informe, es que “el señor Juan Peñafiel le pidió que mintiera en su declaración ante la Policía Nacional y no diera los verdaderos detalles, indicándole que por petición expresa del entonces Presidente de la República, dijera a las autoridades que habría sido él quien se percató del cadáver, hecho irregular al que accedió Carlos Corzo por temor a quien en ese momento tenía el poder político (el ex presidente Ollanta Humala Tasso)”.
Por este y varios otros testimonios, el informe señala en sus conclusiones que Humala habría incurrido en los presuntos delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia y falsedad genérica. “Habría sido la persona que encomendó y financió las acciones realizadas por Juan José Peñafiel Reyes, propiciando la alteración de la escena del crimen y la pérdida de evidencia criminalística […] si bien no actuó directamente en estos hechos si habría instrumentalizado a Juan José Peñafiel Reyes para que actúe en su representación”, asegura el informe final.
El documento también acusa a los ex ministros Wilfredo Pedraza y José Luis Pérez Guadalpe, así como a la ex jefa de prensa de Palacio de Gobierno, Cynthya Montes. En los tres casos se les imputa infracción disciplinaria estipulada en la Ley de Código de Ética de la Función Pública.
La Comisión de Fiscalización visitó a Ollanta Humala y a Nadine Heredia en los respectivos penales donde afrontan su prisión preventiva, pero ambos se negaron a responder. Quien también apeló al silencio fue Antonia Alarcón, la madre de Nadine Heredia.
Sobre el posible móvil del supuesto homicidio, el informe congresal recoge las versiones periodísticas que ligan al caso con la pérdida de las agendas de Nadine Heredia, pero no aportan ningún elemento que confirme lo ya ventilado en diferentes medios. La mayoría de estos basados en la declaración del ex legislador nacionalista Álvaro Gutiérrez.
Tras el debate previo a la votación, se incluyeron conclusiones y recomendaciones adicionales en el informe final, como el incluir en las responsabilidades penal y administrativa a los médicos legistas Raúl Walter Mostajo Merino e Hipólito Joreg Vilcapaza Tamari.
