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Hasta la fecha el ex presidente no ha pagado ni un centavo de su deuda y hasta habría realizado artimañas legales para evitar embargos
Entre los beneficios que tiene un indulto humanitario no se incluye el perdón del pago de la reparación civil, según explicaron especialistas y el procurador anticorrupción Amado Enco.
Por ello el condenado ex presidente Alberto Fujimori mantendrá una deuda de S/51’689.282,84 con el Estado Peruano por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.
El monto inicial de la deuda era de S/27’460.216 y correspondía a sus condenas por la compra de Cable Canal de Noticias, el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra (ex esposa de Vladimiro Montesinos) y la irregular Compensación por Tiempo de Servicios pagada a Montesinos, todos casos vinculados a la corrupción.
Al no pagar nada, los intereses terminaron por casi duplicar la deuda, según cifras de la procuraduría anticorrupción, actualizada hasta el 25 de diciembre, un día después de que se diera el indulto al ex mandatario.
“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, explicó el procurador anticorrupción Amado Enco.
Además de los casos de corrupción, Alberto Fujimori también recibió condenas por otros delitos. En el 2009 se le impuso un pago de S/62.400 a los hermanos de los fallecidos por el Caso Barrios Altos y otros S/62.000 a favor de los herederos legales de las víctimas del Caso La Cantuta. También se dispuso una indemnización por daño extrapatrimonial al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer, de S/46.800 para cada uno.
Cuando consultamos por los intereses de estas deudas a Carlos Rivera y Ronald Gamarra, abogados de algunas de las víctimas, no supieron dar respuesta. No obstante, Rivera resaltó que no se les ha realizado pago alguno en los últimos ocho años.
En el 2012, la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema dispuso ante Registros Públicos el “embargo definitivo en forma de inscripción” de dos inmuebles –en San Borja y Ate– por la deuda de Alberto Fujimori. Sin embargo, el procurador Enco precisó que aparecieron otros supuestos dueños, por lo cual aún no se ejecuta la medida y no pueden rematar los predios indicados.
