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Las reformas territoriales refuerzan la expansión de asentamientos y desatan alarma diplomática global.
El gabinete de seguridad de Israel aprobó en febrero de 2026 un conjunto de medidas que amplían el control administrativo, inmobiliario y territorial en Cisjordania ocupada. La iniciativa, anunciada por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, ha sido criticada por autoridades palestinas, países árabes, Reino Unido y organizaciones civiles, que consideran que constituye una anexión de facto. Las disposiciones surgen en un contexto político sensible, previo a reuniones diplomáticas internacionales y en medio del crecimiento sostenido de asentamientos israelíes en el territorio.
Antecedentes y contexto del conflicto territorial
Cisjordania constituye uno de los principales focos del conflicto entre israelíes y palestinos desde la Guerra de Oriente Medio de 1967, cuando Israel tomó el control del territorio que anteriormente estaba administrado por Jordania. Los palestinos reclaman Cisjordania, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, como base territorial para la creación de un Estado independiente.
Tras los Acuerdos de Oslo firmados en 1993, el territorio quedó dividido en tres zonas administrativas. La Autoridad Palestina asumió el control civil y de seguridad en la Zona A, que representa cerca del 20 % del territorio. En la Zona B, la administración civil corresponde a la Autoridad Palestina, mientras que la seguridad permanece bajo control israelí. La Zona C, que abarca aproximadamente el 60 % del territorio, permanece bajo control total de Israel y alberga la mayoría de los asentamientos.
Según datos de Naciones Unidas, más de 700.000 colonos israelíes viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Este. El organismo internacional considera que todos los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, una postura que Israel rechaza.
Las nuevas medidas adoptadas por Israel
El paquete de disposiciones anunciado por el ministro Smotrich incluye la flexibilización de restricciones históricas para la compra directa de terrenos en Cisjordania por parte de ciudadanos judíos, así como la desclasificación de registros catastrales locales.
El gobierno israelí sostiene que estas medidas buscan aumentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias y facilitar procesos administrativos vinculados al desarrollo territorial. Además, el gabinete decidió eliminar el requisito legal de obtener permisos previos para operaciones inmobiliarias, lo que reduce mecanismos de supervisión diseñados para prevenir fraudes.
Las nuevas disposiciones también contemplan transferir a autoridades israelíes el control exclusivo sobre licencias de construcción en áreas sensibles, como los alrededores de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón, sitio religioso venerado por judíos, musulmanes y cristianos.
Asimismo, las autoridades israelíes recibirían mayores facultades para supervisar aspectos ambientales y arqueológicos en zonas administradas actualmente por la Autoridad Palestina, además de reactivar un comité estatal destinado a facilitar adquisiciones estratégicas de terrenos.
Reacciones internacionales y posturas contrapuestas
Las medidas generaron críticas inmediatas por parte de la Autoridad Palestina. El presidente Mahmud Abás calificó la decisión como un intento de legalizar la expansión de asentamientos y pidió la intervención de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Organizaciones israelíes contrarias a la ocupación, como Peace Now, señalaron que las disposiciones podrían debilitar a la Autoridad Palestina y consolidar un proceso gradual de anexión territorial.
Gobiernos de países árabes, entre ellos Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Arabia Saudí, manifestaron que las medidas representan una intensificación de políticas expansionistas que podrían agravar la violencia regional.
El Reino Unido condenó la decisión y sostuvo que cualquier modificación unilateral de la composición territorial palestina contraviene el derecho internacional.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel argumentó que las reformas buscan corregir lo que calificó como restricciones discriminatorias en la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos no árabes.
Desde Washington, un funcionario estadounidense reiteró la oposición de Estados Unidos a una anexión formal de Cisjordania, aunque destacó que la estabilidad del territorio es considerada un factor clave para la seguridad israelí y la búsqueda de soluciones diplomáticas.
Datos oficiales y evolución de los asentamientos
La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania registró en 2025 su ritmo más acelerado desde que comenzó el monitoreo internacional, según informes de Naciones Unidas.
El gobierno israelí aprobó en diciembre de 2025 la construcción de 19 nuevos asentamientos, además de avanzar en el desarrollo del proyecto E1, cerca de Jerusalén, considerado estratégico por su potencial impacto en la continuidad territorial palestina.
La ONU informó que durante 2025 más de 37.000 palestinos fueron desplazados, cifra récord vinculada a demoliciones, violencia de colonos y expansión territorial.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo señalando que la ocupación israelí de territorios palestinos era ilegal, aunque su resolución no tiene carácter vinculante.
Implicaciones políticas y estratégicas
Las medidas se producen en un contexto político interno complejo para Israel, donde la coalición liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu incluye sectores políticos que promueven la anexión de Cisjordania por razones religiosas, históricas y estratégicas.
Netanyahu ha reiterado públicamente su rechazo a la creación de un Estado palestino, argumentando que podría representar riesgos para la seguridad israelí. Paralelamente, el ministro Smotrich ha manifestado su intención de duplicar la población de colonos en el territorio.
Analistas internacionales consideran que el fortalecimiento del control administrativo israelí en Cisjordania podría alterar el equilibrio territorial establecido tras los Acuerdos de Oslo y reducir la viabilidad de una solución de dos Estados, fórmula respaldada por gran parte de la comunidad internacional.
Posibles escenarios y consecuencias
El avance de estas políticas podría intensificar tensiones diplomáticas y aumentar la presión internacional sobre Israel, especialmente en foros multilaterales. También podría afectar la estabilidad política de la Autoridad Palestina, cuya capacidad de administración territorial depende en gran medida del equilibrio institucional establecido en acuerdos previos.
Expertos en relaciones internacionales advierten que el impacto real de las medidas dependerá de su implementación práctica, de la respuesta de actores regionales y del posicionamiento de Estados Unidos, principal aliado estratégico de Israel.
Panorama
Las nuevas disposiciones israelíes sobre Cisjordania reactivan un debate histórico sobre soberanía territorial, derecho internacional y seguridad regional. Mientras Israel sostiene que busca mejorar la gestión administrativa y garantizar estabilidad, autoridades palestinas y diversos actores internacionales consideran que estas medidas podrían consolidar un proceso de anexión territorial. El desarrollo del conflicto dependerá de decisiones políticas, judiciales y diplomáticas que continúan en evolución en Medio Oriente.
