La Unesco incluyó a Sebastia en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, mientras Israel incrementa los fondos destinados a la preservación y desarrollo de yacimientos arqueológicos en Cisjordania ocupada.
La Administración Civil israelí —el organismo militar encargado de gestionar Cisjordania— avanza en la expropiación de unas 180 hectáreas alrededor del yacimiento arqueológico de Sebastia, en el norte de Cisjordania ocupada, y de aproximadamente 320 dunams —unas 32 hectáreas— en las inmediaciones de Herodión, cerca de Belén.
Israel sostiene que las medidas buscan conservar y desarrollar sitios de alto valor histórico y arqueológico. Sin embargo, residentes palestinos, la Autoridad Palestina y organizaciones israelíes críticas del Gobierno denuncian que esta política de conservación encubre una transferencia de tierras y una ampliación del control israelí sobre el territorio.
El proceso en Sebastia comenzó a finales de 2025 y fue ratificado mediante una nueva orden de expropiación en febrero de 2026. Meses después, el 24 de julio, la Unesco inscribió el sitio mediante un procedimiento de urgencia en la Lista del Patrimonio Mundial y, simultáneamente, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
SEBASTIA, UN SITIO HISTÓRICO EN DISPUTA
Los orígenes de Sebastia se remontan a los siglos IX y VIII a. C., cuando allí se encontraba Samaria, capital del antiguo Reino de Israel. El complejo conserva también vestigios de los períodos helenístico, romano, bizantino, de las Cruzadas y otomano.
La aldea palestina de Sebastia, donde viven alrededor de 3.600 personas, depende en gran medida del turismo y de la agricultura, especialmente del cultivo de olivos.
Su situación administrativa es particularmente compleja. De acuerdo con los Acuerdos de Oslo, el yacimiento arqueológico se encuentra en el Área C, bajo control civil y de seguridad israelí, mientras que la aldea está ubicada en el Área B, bajo administración civil palestina y control de seguridad israelí.
En mayo de 2025, el Ministerio de Patrimonio de Israel inició excavaciones en el yacimiento a través de la Administración Civil, sin coordinación ni consentimiento de las autoridades palestinas. A finales de ese año, el municipio fue informado de la intención de expropiar la acrópolis y terrenos privados circundantes.
En febrero de 2026, tras rechazarse las apelaciones presentadas, se emitió una nueva orden de expropiación. El objetivo declarado por las autoridades israelíes es desarrollar el denominado Parque Nacional de Samaria (Shomron).
HERODIÓN TAMBIÉN ENTRA EN LA CONTROVERSIA
La política de expropiaciones se extiende también a Herodión, el palacio fortaleza construido por Herodes el Grande entre los años 22 y 15 a. C. sobre un monte artificial próximo a Belén.
En junio de 2026, la Administración Civil inició allí la expropiación de aproximadamente 320 dunams —unas 32 hectáreas—, parte de ellos correspondientes a terrenos de propiedad privada palestina.
LA UNESCO ELEVA LA DISPUTA AL PLANO INTERNACIONAL
La controversia adquirió una nueva dimensión el 24 de julio de 2026, cuando la Unesco incorporó a Sebastia, mediante un procedimiento de urgencia, a la Lista del Patrimonio Mundial y a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
El alcalde de Sebastia, Mohammed Azem, anunció que la localidad recurrirá al derecho internacional del patrimonio para intentar frenar las medidas israelíes y reclamar la devolución de piezas arqueológicas extraídas del yacimiento.
La posición israelí es diametralmente opuesta. Su delegación ante el Comité del Patrimonio Mundial rechazó la decisión y reivindicó los vínculos históricos del pueblo judío con la región. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, sostuvo que ninguna resolución internacional puede modificar esa conexión histórica.
DOS VERSIONES ENFRENTADAS
Organizaciones israelíes como Emek Shaveh y Peace Now cuestionan la política gubernamental y advierten que la arqueología puede estar siendo utilizada para ampliar el control sobre tierras palestinas.
Peace Now sostiene que el uso de sitios arqueológicos para favorecer la expansión de los asentamientos no es nuevo, aunque considera que la escala alcanzada bajo el actual Gobierno israelí no tiene precedentes.
Desde la posición contraria, especialistas y defensores de las excavaciones israelíes argumentan que el Estado tiene la responsabilidad de supervisar y preservar sitios de enorme relevancia histórica y religiosa.
Para los propietarios palestinos afectados, en cambio, la controversia tiene consecuencias inmediatas. Agricultores y comerciantes de Sebastia denuncian que las expropiaciones podrían impedirles utilizar sus tierras y afectar los ingresos provenientes del cultivo de olivos y del turismo.
MILLONES PARA LOS YACIMIENTOS
Las medidas territoriales han venido acompañadas de importantes asignaciones presupuestarias.
En mayo de 2026, el Gobierno israelí aprobó un plan de 250 millones de séqueles —unos US$83 millones— para preservar y desarrollar sitios patrimoniales y arqueológicos en Cisjordania, el valle del Jordán y el desierto de Judea.
El 30 de julio, la Administración Civil recibió otros 112 millones de séqueles —aproximadamente US$36,5 millones— para proyectos arqueológicos en Cisjordania.
Pocos días después, el 4 de agosto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció una asignación adicional de 113 millones de séqueles —unos US$37 millones— destinada a tomar el control y desarrollar más de 70 sitios históricos.
En el caso específico de Sebastia, el proyecto contempla más de 9 millones de euros para desarrollar el parque. Los planes incluyen además modificar el acceso al complejo arqueológico, trasladándolo hacia un sector alejado del estacionamiento y los comercios de la aldea palestina.
UNA DISPUTA TAMBIÉN POLÍTICA Y JURÍDICA
El debate podría adquirir todavía mayor alcance si prospera en la Knesset el proyecto de ley para crear la Autoridad del Patrimonio de Judea y Samaria.
La iniciativa ya superó la primera de las tres votaciones requeridas y permitiría transferir al Ministerio de Patrimonio israelí la gestión de determinados yacimientos, además de habilitar mecanismos para adquirir o expropiar terrenos destinados a su conservación, incluso en áreas bajo administración palestina.
Organizaciones críticas advierten que extender esas facultades a las Áreas A y B podría alterar el marco territorial establecido por los Acuerdos de Oslo II.
UN CONFLICTO QUE SIGUE ABIERTO
Por ahora, las órdenes de expropiación sobre las aproximadamente 180 hectáreas de Sebastia y 32 hectáreas de Herodión continúan vigentes, mientras el proyecto legislativo sobre la nueva autoridad del patrimonio aún no ha completado su trámite parlamentario.
La incorporación de Sebastia a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro abre además una vía de seguimiento internacional. La Unesco puede solicitar informes sobre el estado de conservación del sitio y pronunciarse sobre intervenciones que puedan afectar su integridad, aunque carece de mecanismos coercitivos.
El conflicto, por tanto, permanece abierto y enfrenta dos interpretaciones profundamente distintas: el Gobierno israelí presenta sus intervenciones como una política de conservación y protección del patrimonio histórico; los palestinos y organizaciones críticas sostienen que la arqueología está siendo utilizada para consolidar el control sobre tierras de Cisjordania.
