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La declaración se produce con más de dos mil homicidios registrados en 2025 y con la estrategia oficial aún bajo cuestionamiento.
El presidente José Jerí reconoció, tras la VI sesión del Conasec 2025, que su gobierno no alcanzará a “ganar” la lucha contra la inseguridad “por tema de tiempo”; en paralelo, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, anunció un nuevo plan para 2026 y dispuso pases al retiro en la cúpula de la PNP, en medio de cuestionamientos a medidas y discrepancias sobre las cifras de homicidios.
Antecedentes y contexto del hecho
Jerí, quien asumió la presidencia el 10 de octubre, planteó que su gestión no llegará a concretar los resultados esperados en seguridad y que su objetivo será “dejar la cancha preparada” para la siguiente administración, según declaró a la prensa luego del Conasec.
En ese marco, el Ejecutivo optó por sostener una estrategia basada en medidas de excepción: el Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, una decisión que se suma a prórrogas previas y que mantiene el despliegue reforzado de fuerzas del orden en la capital.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
En su mensaje, Jerí afirmó que su administración “triplicará” esfuerzos operativos, especialmente hacia el cierre de diciembre, con el objetivo de reducir riesgos durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, el propio mandatario enmarcó esas acciones en un horizonte limitado: “por tema de tiempo”, señaló, no alcanzará a “ganar” la lucha.
En paralelo, la discusión pública sobre la estrategia de seguridad se ha trasladado a la medición de resultados. De acuerdo con reportes periodísticos, el analista de datos Juan Carbajal ha sostenido —con base en registros de Sinadef— que el promedio diario de homicidios durante el gobierno de Jerí se ubica entre los más altos de los últimos años, y que desde el 10 de octubre hasta fines de noviembre se contabilizaron 268 homicidios a nivel nacional.
Cifras, documentos y datos oficiales
Además de la extensión del estado de emergencia, el Ejecutivo informó que presentará a inicios de 2026 un nuevo plan nacional y normas apoyadas en las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, dentro de un paquete de medidas de seguridad y reforma estatal.
Entre las iniciativas difundidas figura la tipificación del delito de revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y operaciones policiales. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que la propuesta podría afectar la difusión de información de interés público y el periodismo de investigación.
Implicancias políticas, sociales y económicas
La admisión presidencial instala un punto de tensión en dos niveles. El primero es político: el jefe de Estado fija una expectativa de resultados desplazada hacia el siguiente gobierno, mientras la inseguridad se mantiene como la principal demanda ciudadana en el inicio del ciclo electoral.
El segundo es institucional: sostener estados de emergencia sin una mejora visible y con cifras discutidas incrementa la presión sobre el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y el comando policial para demostrar impactos verificables, especialmente en homicidios, extorsión y economías criminales.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
En el corto plazo, el Gobierno apuesta por tres frentes simultáneos: continuidad del estado de emergencia en Lima y Callao, despliegue operativo reforzado a fin de año y presentación del nuevo plan de seguridad para 2026.
En el plano legislativo, el debate se concentrará en el alcance de las propuestas del Ejecutivo —en particular, las advertencias sobre restricciones a la prensa— y en cómo se compatibilizan con estándares de transparencia y control democrático en políticas de seguridad.
Panorama
Con el reconocimiento de Jerí sobre los límites temporales de su gobierno para “ganar” la lucha contra la inseguridad, el Ejecutivo enfrenta el tramo final del año con el estado de emergencia extendido, cifras bajo disputa y un paquete de medidas para 2026 que será evaluado por su eficacia operativa y sus efectos institucionales.
