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En una decisión que podría reconfigurar el panorama político de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite una solicitud de vacancia contra 21 regidores, incluidos miembros clave de Renovación Popular como Renzo Reggiardo y Fabiola Morales.
El motivo: una millonaria operación ferroviaria con presuntas irregularidades legales que comprometerían sus atribuciones como autoridades edilicias.
La operación total ascendió a US$ 24′502,915, cifra que incluye una supuesta donación valorizada en US$ 7.5 millones y costos logísticos por más de US$ 17 millones, pagados con recursos públicos.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, quien cuestiona el Acuerdo de Concejo N.° 51 del 13 de noviembre de 2024, mediante el cual se aprobó el traslado de 20 locomotoras EMD F40PH-2 y 93 vagones desde California, Estados Unidos, a través de la empresa Caltrain (Peninsula Corridor Joint Power Board).
Claves del caso: ¿Una donación con disfraz contractual?
Aunque en el papel la operación se presentó como una donación, los críticos han advertido que en realidad encubriría una compra. El monto involucrado en el transporte, junto con la omisión de un proceso regular de contratación pública, ha levantado sospechas sobre la legalidad del acuerdo.
Durante la sesión de Concejo, el regidor Gagó Pérez —uno de los pocos que se opuso— expuso que la propuesta carecía de sustento técnico y que violaba los principios de competencia y transparencia. A pesar de su intervención, la mayoría del Concejo aprobó el acuerdo. Incluso el alcalde Rafael López Aliaga confirmó durante la sesión que los US$ 24 millones correspondían al traslado, no a la compra de material nuevo, ratificando así el carácter oneroso del convenio.
Esto constituye, según el denunciante, una infracción al artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), que prohíbe a los regidores adoptar decisiones de carácter administrativo o ejecutivo —como es el caso de las contrataciones directas o gastos públicos—. Los concejales, argumenta Hinostroza, habrían votado fuera de sus atribuciones legales.
El precedente legal que complica la defensa
La solicitud cita como sustento la Resolución N.° 0231-2024 del JNE, que declaró fundada la vacancia de regidores del distrito de José Leonardo Ortiz por haber aprobado un gasto sin tener competencia para ello. Ese antecedente establece que participar en decisiones de ejecución presupuestaria o contratación, sin respetar el principio de legalidad y jerarquía normativa, es causal de vacancia inmediata.
En ese caso, el JNE dejó claro que la participación indebida de regidores en acuerdos que comprometan fondos públicos vulnera la separación de funciones entre órganos deliberativos y ejecutivos.
Si el JNE aplicara el mismo criterio, la vacancia de los regidores involucrados podría ser una consecuencia directa, lo que sentaría un precedente histórico para la capital peruana.
Implicancias políticas: remezón en la Municipalidad
De prosperar la vacancia, el Concejo de Lima experimentaría una reconfiguración radical. Los 21 regidores serían reemplazados por sus accesitarios, alterando el equilibrio político actual. Renovación Popular, que domina el Concejo, perdería poder, abriendo la puerta a nuevas alianzas o bloqueos en la gestión de Rafael López Aliaga.
Aunque el burgomaestre no forma parte de la denuncia, su implicancia es inevitable. Como líder político y autoridad que promovió y defendió el acuerdo cuestionado, López Aliaga podría enfrentar responsabilidades indirectas, tanto en investigaciones administrativas como en procesos judiciales si se demuestra perjuicio económico al Estado.
¿Qué sigue?
La admisión del pedido de vacancia no implica aún una sanción. El proceso continuará con la convocatoria obligatoria de una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, donde los regidores deberán ejercer su derecho a la defensa. De aprobarse la vacancia por mayoría simple, el expediente regresará al JNE para su ratificación final.
Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca este caso, que revela una aparente tensión entre el impulso político por “modernizar el transporte” y el cumplimiento estricto de las normas legales y administrativas. Más allá de la viabilidad técnica del proyecto ferroviario, el proceso pone bajo escrutinio el uso del poder público, la transparencia en las decisiones y la frontera entre lo legal y lo políticamente conveniente.
Análisis adicional
- Valor de mercado de los trenes: se cuestiona si el material donado tenía valor operativo real o estaba en desuso, lo que agrava el impacto fiscal del traslado.
- Omisión de OSCE o Contraloría: no se reporta participación o validación de entidades de control en el acuerdo.
- Reputación institucional: este caso podría afectar la credibilidad del Concejo y generar cuestionamientos sobre otras decisiones presupuestales pasadas.
