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El juzgado constitucional subsana un error de domicilio y habilita al personal para asegurar la correcta comunicación de la resolución.
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso, volvió a notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la resolución que ordena la restitución de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo de dos días. La nueva notificación se produce luego de que el propio juzgado advirtiera que el primer envío se realizó por error a un domicilio que no correspondía a la Procuraduría Pública de la JNJ. En paralelo, la Junta presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial por presunto “menoscabo de atribuciones” y sostiene que la medida cautelar que ampara a Espinoza excede las facultades del juez, mientras la defensa de la magistrada considera que la JNJ se encuentra en desacato y ha solicitado precisiones adicionales al juzgado constitucional.
Nueva notificación a la JNJ por error de domicilio
Según la Resolución N.° 9, del 10 de noviembre, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima dispuso la reposición de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación y ordenó a la JNJ cumplir el mandato en un plazo de dos días hábiles.
No obstante, el juez Juan Torres Tasso identificó posteriormente un error en la dirección consignada para la Procuraduría Pública de la JNJ, lo que impidió que la primera notificación llegara al domicilio correcto. Ante esta situación, el magistrado ordenó que la Procuraduría sea notificada nuevamente, esta vez mediante casillero electrónico y en la dirección real ubicada en la avenida José Pardo, en el distrito de Miraflores, adjuntando los escritos y anexos correspondientes.
El documento precisa, además, que el especialista legal del juzgado queda habilitado para efectuar la notificación bajo supervisión del asistente del juez, a fin de garantizar el cumplimiento formal del mandato judicial.
Demanda competencial de la JNJ frente al Poder Judicial
En respuesta a la decisión del Noveno Juzgado Constitucional, la Junta Nacional de Justicia presentó el martes 18 de noviembre una demanda competencial contra el Poder Judicial, alegando un presunto “menoscabo de atribuciones” derivado de la resolución que ordena reponer a Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación.
La JNJ sostiene que la resolución del juez Torres Tasso no habría sido notificada conforme a ley y que, en la práctica, tomaron conocimiento de la medida a través de distintos medios de comunicación. Asimismo, cuestionan el alcance de la medida cautelar, al considerar que resulta “incongruente” que se ordene la suspensión de cuatro cargos disciplinarios, cuando —según su interpretación— la medida solo podría disponer la suspensión de dos procesos.
El órgano constitucional también afirma que el Poder Judicial estaría excediendo sus competencias al admitir una acción de amparo impulsada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), orientada a cuestionar el proceso de selección de los miembros de la propia JNJ y eventualmente llevar a cabo un nuevo procedimiento. Para la Junta, ese escenario podría afectar su autonomía funcional y su rol en la designación y sanción de jueces y fiscales.
Proceso disciplinario y ausencia de Espinoza a la citación
En paralelo a las actuaciones judiciales, la JNJ mantiene abierto un procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza. En el marco de ese proceso, la magistrada fue citada para una diligencia programada el lunes 17 de noviembre, a la cual no asistió.
Según explicó su abogado, la defensa considera que la Junta se encuentra en desacato de la orden emitida por el Noveno Juzgado Constitucional, por lo que la fiscal suspendida decidió no presentarse mientras la medida cautelar que dispone la suspensión del procedimiento disciplinario se encuentre vigente.
“Para nosotros, la Junta Nacional de Justicia está en desacato. Como es de público conocimiento, el juez dictó una orden cautelar y una resolución complementaria en la que se establece claramente que el procedimiento disciplinario está suspendido”, señaló el abogado de Espinoza, citado por este medio.
En medio de ese escenario, la defensa presentó un escrito ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima solicitando que se precise la situación de su patrocinada frente a una eventual omisión de la JNJ en el cumplimiento de la orden judicial.
Contexto institucional y controversia de competencias
El caso se desarrolla en un contexto de tensión entre órganos constitucionales. La Junta Nacional de Justicia es la entidad encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, mientras que el Poder Judicial ejerce control constitucional a través de acciones de amparo y medidas cautelares.
La resolución que ordena la reposición de Delia Espinoza se enmarca en un proceso de amparo tramitado ante el Noveno Juzgado Constitucional, mientras que la JNJ insiste en la validez de sus competencias disciplinarias y ha recurrido a la vía competencial para que el Tribunal Constitucional dirima el alcance de las atribuciones de cada institución.
El conflicto gira en torno a dos puntos centrales: por un lado, la eficacia y obligatoriedad de la medida cautelar que dispone la restitución de Espinoza y la suspensión de los cargos disciplinarios en su contra; por otro, la capacidad del Poder Judicial para revisar y limitar decisiones de la JNJ relacionadas con procesos disciplinarios y de selección de sus integrantes.
Escenarios y pasos siguientes
En las próximas semanas, el desarrollo del caso dependerá de varias instancias. En el plano judicial, el Noveno Juzgado Constitucional deberá verificar el cumplimiento de la orden de reposición y pronunciarse sobre los pedidos presentados por la defensa de Espinoza ante la eventual falta de acatamiento por parte de la JNJ.
En el ámbito constitucional, corresponderá al Tribunal Constitucional admitir a trámite y evaluar la demanda competencial presentada por la Junta Nacional de Justicia, lo que podría implicar la fijación de criterios sobre los límites y alcances de las decisiones judiciales en materia de control de actos de órganos autónomos.
Mientras tanto, el proceso disciplinario contra Delia Espinoza permanece en el centro de la controversia. Para la JNJ, la tramitación de dicho procedimiento forma parte de sus atribuciones constitucionales; para la defensa de la magistrada, cualquier actuación en esa vía debe considerarse suspendida en atención a la medida cautelar vigente.
Panorama
Al momento de la nueva notificación, la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación sigue condicionada al cumplimiento de la orden judicial por parte de la JNJ y al desenlace del conflicto competencial planteado ante el Tribunal Constitucional. El caso ha abierto un debate sobre la articulación entre las decisiones de los jueces constitucionales y las facultades disciplinarias de los órganos autónomos, cuyo resultado será determinante tanto para la situación de Espinoza como para la definición de los límites institucionales entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia.
