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La Junta Nacional de Justicia anuló una de las sanciones contra la exfiscal de la Nación y la reemplazó por una suspensión de 60 días. Sin embargo, Benavides sigue impedida de reincorporarse a la Fiscalía debido a otra destitución aún vigente.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió, por mayoría, dejar sin efecto la destitución que en su momento impuso contra Patricia Benavides por la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata. La decisión se tomó tras aceptar una solicitud de reconsideración presentada por la propia exfiscal de la Nación, y derivó en una nueva sanción: una suspensión de 60 días. Sin embargo, la medida no habilita a Benavides para volver al Ministerio Público, ya que aún pesa sobre ella otra sanción —también impuesta por la JNJ— relacionada con una presunta injerencia a favor de su hermana, la jueza Enma Benavides.
Antecedentes del caso: de fiscal de la Nación a sancionada por la JNJ
Patricia Benavides fue nombrada fiscal de la Nación en 2022 y se mantuvo en el cargo hasta fines de 2023, cuando fue suspendida por la JNJ en medio de múltiples procesos disciplinarios. El más mediático de estos casos estuvo vinculado a la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata, a quien cesó en circunstancias que la Junta calificó como arbitrarias y carentes de fundamento.
En su resolución inicial, la JNJ encontró que Benavides había cometido faltas administrativas graves al utilizar su cargo para modificar estructuras del Ministerio Público de forma discrecional, vulnerando principios de meritocracia y estabilidad funcional. La decisión, firmada por la entonces conformación de la JNJ, incluyó su destitución del cargo y su inhabilitación para ejercer funciones dentro de la Fiscalía.
Reconsideración aceptada: argumentos jurídicos y votación dividida
El panorama cambió este mes, cuando el Pleno actual de la JNJ resolvió aceptar la solicitud de reconsideración presentada por Benavides. La ponencia, elaborada por Jaime de la Puente, concluyó que no se habían probado de forma concluyente cuatro de las siete faltas atribuidas a la exfiscal en el caso de la remoción de Zapata. En consecuencia, y en aplicación del principio de proporcionalidad, se propuso anular la destitución y aplicar en su lugar una suspensión por 60 días.
La decisión fue aprobada por mayoría, con el respaldo de los magistrados Cayo Galindo, Germán Serkovic, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos y el ponente De la Puente. El único voto en contra fue el de Francisco Távara, quien consideró que los fundamentos no justificaban modificar la sanción.
“El criterio de proporcionalidad obliga a revisar la gravedad efectiva de las faltas comprobadas. En este caso, se han acreditado solo tres de las siete conductas imputadas, lo que justifica una suspensión menor”, explicó Ríos Patio, presidente de la JNJ, durante la lectura de la resolución.
Una sanción que permanece: el caso de su hermana Enma Benavides
Pese al revés parcial para la JNJ, Patricia Benavides aún enfrenta un obstáculo determinante: la destitución vigente por su presunta injerencia en el proceso fiscal contra su hermana Enma Benavides. En ese expediente, la JNJ halló elementos que acreditaban una actuación indebida de la entonces fiscal de la Nación para proteger a su familiar.
Según el expediente disciplinario, Benavides removió a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, quien investigaba a su hermana por supuestas coimas vinculadas a liberación de narcotraficantes. La remoción se justificó bajo argumentos de productividad, pero la JNJ concluyó que hubo una intención directa de interferir en el proceso penal, lo que constituyó una falta muy grave contra el principio de probidad.
Además del cese de Revilla, el expediente señala un patrón de comportamiento orientado a obstaculizar investigaciones, con la reestructuración de áreas claves dentro del Ministerio Público. Esta segunda sanción, que no ha sido revocada, impide por el momento cualquier posibilidad de reincorporación de Patricia Benavides al sistema fiscal.
La vía judicial: el amparo que busca su restitución
En paralelo a los procesos disciplinarios, Patricia Benavides ha recurrido al Poder Judicial para intentar revertir su situación. En mayo de 2025, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó dejar sin efecto una resolución anterior que había rechazado su demanda de amparo contra la JNJ.
El fundamento central de esta decisión fue la omisión de la jueza Osorio Sosa de pronunciarse sobre presuntas vulneraciones a derechos fundamentales en el procedimiento sancionador. El tribunal consideró que esta omisión impedía evaluar el fondo del reclamo y, por tanto, ordenó una nueva revisión.
El caso se encuentra actualmente en evaluación por una sala constitucional que deberá resolver si efectivamente se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y motivación de las resoluciones administrativas, tal como alega Benavides. Si la nueva resolución judicial le resulta favorable, se podría abrir la posibilidad de anular ambas sanciones.
Implicancias políticas, institucionales y sociales
El caso Benavides ha generado una fuerte polarización dentro del sistema de justicia peruano. Mientras sus detractores la acusan de manipular el Ministerio Público para fines personales y políticos, sus defensores sostienen que ha sido víctima de una persecución institucional motivada por su accionar contra grupos de poder, incluyendo investigaciones a congresistas y ministros.
Desde el Congreso, algunos legisladores han solicitado que la JNJ rinda cuentas por la rapidez con la que se tramitó el caso Benavides. Otros, por el contrario, han pedido mayor firmeza y transparencia en el accionar del órgano disciplinario.
La situación también ha reabierto el debate sobre los límites del poder de la JNJ, las garantías procesales en sanciones administrativas y el equilibrio entre control disciplinario y autonomía del Ministerio Público.
Lo que viene: revisiones pendientes y nuevos pronunciamientos
La atención estará puesta en los próximos pronunciamientos tanto de la JNJ como del Poder Judicial. Por un lado, la exfiscal ha solicitado que se reevalúe la segunda sanción —la que impide actualmente su retorno— alegando vicios procesales. Por otro, el nuevo proceso judicial iniciado tras el fallo del Tercer Juzgado Constitucional será clave para determinar si alguna de las sanciones pierde validez por vicios formales.
Se espera que ambas instancias se pronuncien en los próximos meses, aunque no hay un plazo exacto establecido. Lo cierto es que el desenlace de estos procedimientos será decisivo para el futuro institucional del Ministerio Público y para la credibilidad de los organismos que lo supervisan.
Justicia disciplinaria bajo la lupa
El caso de Patricia Benavides ha expuesto los dilemas de la justicia disciplinaria en Perú: cómo garantizar procesos imparciales, transparentes y equilibrados, sin debilitar los mecanismos de control de los altos funcionarios del sistema judicial. Mientras una parte del país observa con desconfianza las decisiones de la JNJ, otra exige que no se retroceda en la rendición de cuentas.
La resolución final sobre el futuro de Benavides no solo definirá el destino de una funcionaria clave en la historia reciente del Ministerio Público, sino que sentará un precedente para futuras sanciones contra magistrados de alto rango. ¿Debe primar la legalidad formal o la legitimidad institucional? Esa es la pregunta que queda abierta.
