Jueces decidieron no aplicar la denominada ley de impunidad en los casos emblemáticos de Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto y otros

La Ley Nº 32107, promulgada por el Congreso para prescribir los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, no fue utilizada en ningún caso relacionado con violaciones sexuales, desapariciones forzadas ni asesinatos perpetrados por militares.

Familiares de víctimas del caso Pativilca piden justicia por los delitos de lesa humanidad en contra de sus parientes.

Las leyes no pueden borrar la historia. El Congreso aprobó la polémica Ley de Impunidad 32107 con el objetivo de que se archivarán y quedarán en la impunidad diversos procesos pendientes por crímenes cometidos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, siete meses después, se observa que esta norma no se aplicó a ningún proceso judicial contra militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Si hay 47 procesados que buscan acogerse a esta ley con el fin de que todas sus responsabilidades queden impunes y se cierren los procesos sin que los familiares de las víctimas conozcan la verdad. Los casos emblemáticos en los que los jueces rechazaron aplicar esta norma figura el caso Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, así como las masacres de Cayara y Chuschi, las desapariciones forzadas en Huallas, o el la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca y numerosos pobladores de Huanta.

Los procesados siguen insistiendo en que se les aplique la ley. Estas solicitudes al Poder Judicial provienen de personas que cometieron o estarían implicadas en graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violación sexual contra mujeres, cometidas durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000.

Sin embargo, esta norma, impulsada por el fujimorismo (partido de Keiko Fujimori) y congresistas ex militares, buscan archivar los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia en el Perú del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que ocurrió el año 2002.

Esta norma buscó beneficiar directamente al exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado como autor mediato por el caso Barrios Altos, en el que se asesinó a un grupo de heladeros y sus familias que participaban en una pollada, y por el caso La Cantuta, en el que se secuestró y asesinó a un profesor y nueve estudiantes de dicha universidad.

A fin de frenar esta arremetida del Congreso que solo busca impunidad, la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentaron, por separado, una demanda de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional (TC). La fiscalía y el CAL argumentan que dicha norma impide que el Ministerio Pública su función constitucional de investigar el delito y buscar una sanción penal para los responsables. Además, que los tratados internacionales rechazan la impunidad en delitos contra la humanidad.

El TC admitió a trámite los recursos de la fiscalía de la Nación, Delia Espinoza y del CAL. Está pendiente que se fije fecha para una audiencia pública. En dicha audiencia, el representante legales del Congreso y de los demandantes podrán exponer sus argumentos ante el pleno del organismo constitucional, a fin de que los magistrados emitan una sentencia acorde con el derecho y el debido proceso.

Jueces no aplicarán ley de impunidad del Congreso

En comunicación con La República, el abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera Paz, señaló que los jueces del Poder Judicial no aplican dicha norma, debido a que se amparan en el derecho internacional que indica que los delitos de lesa humanidad no se prescriben con el pasar del tiempo.

«Creo que los jueces han marcado una línea muy clara en el sentido de decir: nosotros nos ampara el derecho internacional, nos ampara nuestra propia jurisprudencia, dictada durante 20 años en crímenes contra los derechos humanos, se sienten protegidos por un marco normativo del derecho nacional e internacional, por eso es que, en ningún caso, han tomado la decisión de ‘decirle que sí’ a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos.», declaró Carlos Rivera Paz.

Asimismo, Rivera Paz indicó que, en caso los sentenciados o procesados pidan que se aplique esta ley de impunidad o recurran al Tribunal Constitucional, tardaría mucho tiempo debido a que el caso pasaría por el Poder Judicial y culminaría en instancias internacionales.

Sin embargo, al ser consultado si la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) puedan obtener una respuesta favorable de los magistrados constitucionales, comentó: «Yo no me animaría a decir que el TC dirá que la ley es inconstitucional a pesar de las críticas que tiene, no termino de convencerme de que le va a dar la razón al Congreso».

Por otro lado, el abogado señaló que la norma promulgada por el Congreso dificulta la labor del Ministerio Público para investigar y acusar a las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, así como para que las familias de las víctimas puedan acceder a la justicia con el transcurso de los años. Además, agregó que la imagen del Perú a nivel internacional está «por la pata de los caballos» debido a su manejo de los derechos fundamentales en el sistema de justicia. En tanto, Rivera enfatizó que esta ley en contra de los derechos humanos compara al Perú con países como Nicaragua o Haití.

«Perú es el principal cliente en el sistema interamericano, el país con más sentencias en materia de guerra de violaciones a los derechos humanos. Muchas de las jurisprudencias de la Corte está relacionado con casos directamente peruanos: el caso Barrios Altos, La Cantuta, que son de los más emblemáticos. Por lo tanto, el nivel de desconsideración que se tiene ahora con el Sistema Interamericano, el estar en desacato, impacta de manera negativa porque está quitando elementos de protección al sistema judicial, que muchas veces no es de fácil acceso para las personas», comentó.

Familiares de víctima de casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto se pronuncian

En comunicación con La República, el familiar de una de las víctimas del caso Pativilca, Bryan Arias, señaló que la ley que aprobó el Congreso busca darle herramientas a los delincuentes para defenderse como el caso del Grupo Colina, que masacraron de la peor forma a personas inocente como lo fue en el caso de su padre. Sin embargo, agregó que los familiares de las víctimas no dejarán que el caso termine con impunidad.

«Si bien un grupo de procesados presentaron escritos para acogerse a la ley de impunidad antes de la sentencia, la Sala Liquidadora no aplicó esa ley y los condenó. Si bien podrían presentar nuevamente sus escritos en la Corte Suprema, tenemos la confianza de que también se resuelva confirmando las condenas impuestas. Expresamos también una preocupación por la ley mordaza o ley anti ong’s, que busca dejar a las víctimas y familiares sin defensa legal en estos casos», dijo.

Por su parte, Francisco Choccña, familiar de una de las víctimas del caso Cayara, en el que se asesinó a 40 campesinos de Ayacucho, indicó que la ley 32107 es una traición a los familiares muertos por los militares. «En este caso a Cayara que toda una población de más de 8 mil esperábamos justicia».

«Sí (tememos que logren impunidad),pero nos estamos organizando y lucharemos hasta las últimas consecuencias,hasta ver preso a los culpables», señaló.

En esa misma línea, Marcelo Palomino, familiar de otra víctima del mismo caso, añadió que, si el caso prescribe, recurrirán a instancias internacionales para buscar que el caso no quede impune. «Simplemente significa que estos sinvergüenzas no les interesa el dolor de la familia Cayarina solo piensan en sus intereses personales», dijo.

Asimismo, Rosa Pillca, esposa y viuda del periodista Jaime Ayala Sulca, se mostró en contra de la ley de impunidad y recordó todo el proceso que pasó para obtener justicia. Asimismo, Pillca señaló que la norma va en contra de la verdad y que ellos obtuvieron una sentencia histórica.

Sin embargo, la esposa del periodista dijo que los sentenciados han apelado ante la Corte Suprema para que puedan ser beneficiados con esta ley de impunidad y acotó que se encuentran a la espera de lo que decidan y, de ser el caso, recurrirán ante la Corte IDH.

«El caso está en la Comisión IDH. Está en espera de lo que se pronuncie la corte Suprema. Si se aplica esta ley, mis abogados denunciarán al Estado. Ellos (los culpables) piden que se aplique esta ley, que se impone a descubrir la verdad. Si le dan la razón a los culpables, recurriremos a instancias internacionales», resaltó.

Ley de impunidad: ¿cuáles son los casos en los que se pide aplicar esta ley?

De acuerdo con la información compartida por el abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera, se registró 47 pedidos para que se aplique esta ley que solo busca impunidad.

«Los jueces del Poder Judicial no han aplicado la ley 32107, de prescripción de crímenes de lesa humanidad, en ningún caso. El Congreso ofreció impunidad a militares violadores de DD. HH. y solo ha hecho el ridículo», público en su cuenta oficial de X, Carlos Rivera.

Caso	Estado procesal	Presentado por
Desaparición forzada de Javier Tineo y de Cuchucancha y Pampapuquio	Juicio oral	Florencio Eguia
Desaparición forzada de Teofilo Rímac Capcha	Apelación de sentencia	Diego Cortez
Asesinatos en Huanta 84 y Desaparición forzada de Jaime Boris Ayala Sulca	Sentencia	Augusto García
Desaparición forzada de César Isaías Hilario Trucios	Juicio Oral	Luis Pérez
Desaparición forzada de Guadalupe Ccallocunto	Apelación de sentencia	Petronio Fernández Raúl O’connor
Asesinato de Pativilca	Juicio oral	Julio Chuqui Carlos Pichilingue Nelson Carbajal
Desaparición forzada en la Universidad Nacional del Centro	Juicio oral	Luis Delgado Manuel Dill’erva
Asesinato (tentativa) de Sonia Muñoz Cuadros	Juicio oral	Víctor La Vera
Violación sexual en Manta y Vilca	Apelación de sentencia	Procuraduría del Ministerio de Defensa Pedro Pérez López Sabino Valentín Rutti
Desaparición forzada de Villegas Namuche	Control de Acusación	Javier Valdiviezo Avendaño
Desaparición forzada en Chuschi	Sentencia	Néstor Oblitas Carrera
Desaparición forzada en Huallas	Apelación de sentencia	Ricardo Farfán Araujo
Asesinato de Mariella Barreto	Apelación de sentencia	Carlos Sánchez Noriega
Asesinato de Cayara	Apelación de sentencia	Marco Llontop Luis Castañeda José Valdivia Eugenia Cerna Saúl Gamboa Ángel Rodríguez Walter Sánchez Pedro Lozada Gino Espejo Juan Corrales Américo Lan Luis Álvarez Elmer Torres José Toledo Julián Leiva Edwin Gamboa Darío Ochoa José Quispe Walter García Roberto Morales Darío Cadillo Segundo Valentín
Asesinato de Manuel Febre Flores, Saúl Cantoral y Consuelo García	Apelación de sentencia	Jesús Ríos Sánchez
Hilario Ayuque	Apelación de sentencia	Raúl Manyari Castellares
Desaparición forzada de Benigno Sullca. Caso Madre Mía	Apelación de sentencia	Tobías Huaringa Castellares
Desaparición forzada de Rodolfo Ángel Escobar Jurado	Recurso de nulidad	Luis Paz Cárdenas
Desaparición forzada de Lucho Manrique	Juicio oral	Marco Álvarez Vargas
Desaparición forzada de María López Rimachi, Luciano Quispe Rico, Ernesto Quispe López, Emiliano Salazar Leiva, Julio Flores Conga y Severino Congoa Quispe	Apelación de sentencia	Lucio Huapaya Manco