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El exmandatario permanecerá detenido cinco meses mientras avanza investigación por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua.
Un tribunal peruano ordenó este miércoles la detención preventiva por cinco meses del expresidente Martín Vizcarra, en el marco de un proceso judicial por presuntos sobornos de aproximadamente 640.000 dólares que habría recibido de empresas constructoras entre 2011 y 2014, cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua. La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez, quien dispuso que el exmandatario sea conducido de inmediato a un centro penitenciario.
Contexto y antecedentes del caso
Vizcarra, quien gobernó el Perú entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, es investigado por la Fiscalía por supuestamente haber favorecido a empresas en licitaciones de obras públicas a cambio de pagos ilícitos. Las autoridades afirman que los hechos se remontan a más de una década, durante su administración en Moquegua, y forman parte de un esquema de corrupción en el sector construcción.
Un tribunal de primera instancia había rechazado previamente la solicitud fiscal de prisión preventiva, pero la Fiscalía apeló argumentando riesgo de fuga. La Sala revisora acogió este recurso y ordenó la medida coercitiva.
Audiencia y decisión judicial
En la audiencia de este miércoles, el juez Chávez fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar la presencia del investigado durante el proceso y evitar eventuales obstrucciones. “Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un centro penitenciario y cumpla el mandato judicial”, señaló, según reportó la agencia Reuters.
El exmandatario, presente en la sala, fue detenido inmediatamente después de emitirse la resolución. Su defensa anunció que presentará una apelación ante instancias superiores.
Reacciones y posibles centros de reclusión
Las autoridades penitenciarias definirán en las próximas horas el establecimiento donde cumplirá la medida. Se estima que Vizcarra podría ser trasladado al penal de Barbadillo, en Lima, que alberga a expresidentes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, condenados por corrupción, y donde también se encuentra recluido Pedro Castillo por cargos relacionados con su intento de disolver el Congreso en 2022.
Inestabilidad política reciente en el Perú
Desde 2018, el país ha atravesado una marcada inestabilidad institucional con seis presidentes en siete años. Vizcarra asumió el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020 por presunta “incapacidad moral permanente”, en medio de acusaciones de corrupción que él negó reiteradamente.
Escenarios futuros
La prisión preventiva se mantendrá mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones. De confirmarse las imputaciones, Vizcarra podría enfrentar una condena que lo inhabilite para ejercer cargos públicos y conlleve varios años de cárcel. Mientras tanto, el proceso sigue generando debate sobre la lucha contra la corrupción y el uso de medidas cautelares contra altas autoridades.
La resolución judicial marca un nuevo capítulo en la historia reciente de expresidentes peruanos sometidos a procesos penales, en un contexto de vigilancia internacional sobre el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.
