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Jueces supremos y ACNUR reconocen brechas en la atención a población refugiada en un país que alberga a más de 1,7 millones de migrantes.
El Poder Judicial informó que busca garantizar que personas migrantes, solicitantes de refugio y víctimas de violencia o trata accedan al sistema de justicia “como una puerta abierta”, durante la inauguración del IV Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de población refugiada y migrante, realizada en Lima el 16 de diciembre de 2025. La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que las cortes deben atender con dignidad a quienes llegan tras experiencias de riesgo y desplazamiento. En el evento, el juez supremo Iván Guerrero López alertó sobre una cifra de víctimas de trata en el país, y la oficial asociada de protección de ACNUR, Mariana Mendiola Hidalgo, expuso el incremento global de desplazamientos forzados, con datos correspondientes a 2024.
Antecedentes y contexto del hecho
El anuncio del Poder Judicial se enmarca en un escenario de alta movilidad humana en la región y en Perú. Según lo expuesto en el congreso, el país figura entre los principales receptores de población migrante venezolana en Sudamérica, con alrededor de 1 millón 700 mil personas, y registra un volumen elevado de solicitudes de refugio: más de 548 mil hasta junio de 2025, cifra que ubicaría al Perú como el tercer país del mundo en número de solicitantes, de acuerdo con lo señalado en el evento. El encuentro académico fue presentado como una respuesta institucional a las barreras que afrontan migrantes y refugiados al buscar protección y acceso efectivo a derechos.
En el plano internacional, ACNUR reportó que en 2024 el mundo superó los 123 millones de personas desplazadas por la fuerza, por causas que incluyen persecución, conflicto, violencia y violaciones de derechos humanos, según la ponencia citada.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
Durante la inauguración, la jueza suprema Álvarez Olazábal sostuvo que el sistema de justicia debe evitar convertirse en un “muro” para quienes migran o solicitan refugio, y planteó un enfoque centrado en dignidad y comprensión del contexto de vulnerabilidad. Remarcó que los casos que llegan a las cortes suelen estar precedidos por experiencias de “riesgo, ruptura y miedo”, y que el objetivo del certamen es fortalecer la protección internacional y consolidar el acceso a la justicia como derecho fundamental en contextos de desplazamiento forzado.
En la misma línea, se informó que el congreso abordó temas asociados a “entornos cada vez más complejos” de movilidad humana: trata de personas, protección internacional y violencia de género, entre otros.
El juez supremo Iván Guerrero López, en una exposición sobre acceso a la justicia para personas refugiadas y migrantes víctimas de trata, describió ese delito como un fenómeno de “esclavitud moderna” y señaló modalidades de captación vinculadas a engaños y coacción. Afirmó también que el conocimiento ciudadano sobre la definición de trata sería limitado, según los datos referidos en su intervención.
Desde ACNUR, Mariana Mendiola Hidalgo indicó que Venezuela encabeza la lista de personas refugiadas a nivel global, seguida de Siria, Afganistán y Ucrania, y explicó que el trabajo de la agencia en Perú se concentra en zonas con alta presencia o tránsito de población refugiada: Lima Metropolitana, Tumbes, Tacna, además de Ica, Arequipa y Madre de Dios.
Cifras, documentos y datos oficiales expuestos
El congreso concentró parte de su mensaje en datos cuantitativos citados por los ponentes:
- Perú como segundo país receptor de población migrante venezolana en la región, con alrededor de 1,7 millones (tras Colombia), según lo señalado en el evento.
- Más de 548 mil personas solicitantes de refugio en Perú hasta junio de 2025, cifra mencionada para dimensionar la carga del sistema.
- Más de 123 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo en 2024, reportado por ACNUR en el congreso.
- Una cifra de 497 mil personas que “se reconocen como víctimas de trata” en Perú, calificada como alarmante por el juez supremo Guerrero López durante su presentación.
En cuanto a Lima, se indicó que la capital peruana sería la ciudad fuera de Venezuela con mayor presencia de población venezolana, superando el millón de personas, según la referencia atribuida a la agencia.
Implicancias políticas, sociales y operativas
El énfasis del Poder Judicial en “puerta abierta” plantea tres implicancias inmediatas:
- Estandarización y capacitación interna: al colocar el foco en “estándares” de acceso a la justicia, el reto operativo se traslada a protocolos de atención, enfoque intercultural y medidas de protección para víctimas, especialmente en casos de violencia de género, niñez y trata.
- Carga institucional y tiempos de respuesta: el volumen de población migrante y de solicitudes de refugio citado en el congreso anticipa presiones sobre servicios de defensa pública, traductores, orientación legal y capacidad de respuesta en cortes y fiscalías, aun cuando el evento se centre en el Poder Judicial.
- Coordinación interinstitucional: al agradecer a ACNUR, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y al Colegio de Abogados de Lima Sur, la institución sugiere que la atención efectiva requerirá articulación con organismos internacionales y colegios profesionales para asistencia, capacitación y derivaciones.
En el caso de la trata, la cifra expuesta introduce un ángulo de seguridad y protección: si el número de víctimas es tan alto como se afirmó, la brecha entre denuncia, investigación, protección de víctimas y sanción podría convertirse en un punto crítico para el sistema de justicia.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
El congreso se plantea como un espacio de consolidación de estándares. Los escenarios a corto plazo dependerán de si las discusiones se traducen en medidas verificables:
- emisión o actualización de lineamientos internos para atención a población migrante y solicitante de refugio;
- fortalecimiento de rutas de protección para víctimas de trata y violencia;
- coordinación con entidades especializadas para asistencia legal, psicológica y social;
- mecanismos de monitoreo sobre barreras de acceso (idioma, documentación, miedo a denunciar, revictimización).
De concretarse, el impacto esperado sería una reducción de barreras prácticas en el acceso a justicia, particularmente para población con múltiples vulnerabilidades.
Panorama
El Poder Judicial presentó el IV Congreso Internacional y Nacional sobre estándares de acceso a la justicia como una plataforma para reforzar la atención digna y efectiva a personas refugiadas, migrantes y otras con necesidad de protección. Con cifras sobre desplazamiento forzado, solicitudes de refugio y trata expuestas por autoridades judiciales y ACNUR, el desafío inmediato es convertir ese marco de principios en protocolos, coordinación y respuestas concretas que mejoren el acceso real a la justicia en el país.
