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Gladys Rubina, hermana de una víctima de Barrios Altos, criticó duramente la Ley de Amnistía en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Testimonios en la audiencia internacional
El jueves 21 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó en audiencia pública a los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Gladys Rubina, hermana de Nelly Rubina —ejecutada junto con otras 14 personas, incluido un niño de ocho años—, relató con dolor lo que significa que la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte pueda beneficiar a los responsables.
“La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes, que el país está en deuda con ellos. Esto me indigna y me duele profundamente”, expresó ante los jueces internacionales.
La familiar instó a la Corte a no permitir que prospere la impunidad y denunció que la intención del Gobierno de apartar al Perú del sistema interamericano busca proteger a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
La voz desde La Cantuta
Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes asesinados y desaparecidos en La Cantuta en 1992, también cuestionó la defensa del Estado peruano ante la Corte, asegurando que la norma impuesta desconoce a las víctimas.
“Pretenden justificar la impunidad y hablar en nombre del Estado peruano, cuando nunca se nos consultó sobre el impacto de esta ley en nuestras vidas”, señaló Ortiz.
La representante advirtió que la amnistía no solo alcanza a los casos históricos de violencia estatal, sino que sienta un precedente que podría extenderse a violaciones de derechos humanos más recientes, como las protestas sociales de 2020 y 2022, donde decenas de manifestantes perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Una ley cuestionada desde su origen
La Ley de Amnistía fue promulgada el 13 de agosto de 2025, tras ser aprobada en el Congreso con mayoría oficialista y de bancadas afines. La norma exonera de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Organismos como la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado que esta legislación vulnera estándares internacionales de derechos humanos y contraviene las sentencias previas de la Corte IDH, que en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006) declararon inconstitucionales e inaplicables leyes de amnistía similares.
Tensión entre el Gobierno y la Corte IDH
La presidenta Dina Boluarte ha cuestionado reiteradamente al sistema interamericano. En un discurso reciente, afirmó que la Corte IDH actúa “como si el Perú siguiera siendo un virreinato” y advirtió que no permitirá “injerencias internacionales” en las decisiones soberanas del Estado.
Estos mensajes han encendido las alarmas de especialistas y organismos internacionales, que temen un eventual retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte, lo que representaría un retroceso en la protección de los derechos humanos en la región.
Reacciones políticas y sociales
La promulgación de la Ley de Amnistía ha generado rechazo en sectores políticos de oposición, colectivos de derechos humanos y en la sociedad civil. Manifestaciones en Lima y en provincias, encabezadas por familiares de víctimas, buscan visibilizar la protesta contra lo que consideran una “ley de impunidad”.
“Nos une el dolor y la esperanza de que la justicia prevalezca. No descansaremos hasta que los responsables enfrenten sus crímenes”, afirmó Ortiz en nombre de los familiares.
Escenario internacional y consecuencias
La Corte IDH evalúa la adopción de medidas provisionales que obligarían al Perú a suspender la aplicación de la Ley de Amnistía mientras resuelve el fondo del caso. De confirmarse la invalidez, el Estado tendría la obligación de derogar la norma y garantizar la investigación y sanción de los responsables.
Analistas advierten que, de persistir en su aplicación, el Gobierno peruano se expondría a sanciones políticas internacionales y a un aislamiento diplomático en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Análisis final
El pronunciamiento de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte IDH ha reabierto un debate que trasciende fronteras: la obligación del Estado peruano de cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos. La decisión que adopte la Corte no solo determinará el futuro de la Ley de Amnistía, sino que también pondrá a prueba el compromiso del Perú con la justicia y la memoria histórica.
