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El exjefe de Estado, investigado por presunta corrupción, acusa al Gobierno de Dina Boluarte de interferencia en la decisión del traslado.
El expresidente Martín Vizcarra Cornejo, investigado por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, fue trasladado la noche del 22 de agosto desde el penal de Barbadillo hacia el penal Ancón II (Piedras Gordas II). El movimiento fue ejecutado por una comitiva del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que justificó la medida en una nueva clasificación carcelaria.
Del penal Barbadillo a Ancón II
Vizcarra permaneció apenas diez días en el penal de Barbadillo, centro especial para expresidentes donde actualmente se encuentran recluidos Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Su salida se produjo luego de que el INPE declarara irregular la primera resolución que determinó su permanencia en dicho penal.
El traslado se realizó en horas de la noche del viernes. Una caravana del INPE partió de Barbadillo hacia el norte de Lima alrededor de las 7:00 p.m. y llegó al penal de Ancón cerca de las 10:00 p.m., bajo estrictas medidas de seguridad. Testigos reportaron un fuerte resguardo policial en las inmediaciones del centro penitenciario.
Las versiones oficiales y las dudas
Iván Paredes, jefe del INPE, explicó que la decisión se basó en un sistema de puntaje que evalúa factores de riesgo y define el establecimiento de reclusión. Según el funcionario, Vizcarra obtuvo 10 puntos, lo que en principio lo ubicaba en el penal de Lurigancho. Sin embargo, alegó que por razones de seguridad se dispuso su envío a Ancón II.
La defensa del expresidente, encabezada por el abogado César Figueredo, cuestionó esta explicación y afirmó que la junta de clasificación había determinado previamente que debía permanecer en Barbadillo. “Se trata de una decisión política y arbitraria que vulnera derechos fundamentales”, señaló.
Acusaciones políticas y respuesta del Gobierno
El propio Vizcarra responsabilizó directamente a la presidenta Dina Boluarte, al señalar que el Ministerio de Justicia —del que depende el INPE— habría intervenido en la decisión. “Lo digo con todas sus letras: esto es una decisión política. El INPE depende del Ministerio de Justicia y este de la presidenta Boluarte”, declaró a RPP poco antes de ser trasladado.
Su hermano, Mario Vizcarra, militante de Perú Primero y posible candidato presidencial del partido, también se pronunció: “Responsabilizo al Gobierno de cualquier atentado contra la integridad de Martín Vizcarra. Hago un llamado a los organismos internacionales para que tomen nota de cómo se trata en el Perú a quienes son incómodos al poder”.
Desde el Ejecutivo no se ha emitido un pronunciamiento oficial. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia indicaron extraoficialmente que el proceso de clasificación se ajustó a criterios técnicos y no a presiones políticas.
Estrategia judicial y apelación
Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva ordenados por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz el pasado 13 de agosto. La medida se enmarca en la investigación por presuntos sobornos de constructoras vinculados a obras ejecutadas durante su gestión regional en Moquegua.
La defensa ha interpuesto una apelación, admitida a trámite por la Sala Penal de Apelaciones Nacional. Entre los argumentos se señalan falta de imparcialidad del magistrado, omisión de documentos que acreditaban arraigo familiar y laboral, así como una indebida valoración de las pruebas. El tribunal deberá resolver en los próximos días si mantiene o revoca la prisión preventiva.
Reacciones y proyecciones
La noticia del traslado generó reacciones inmediatas en el Congreso. Algunos parlamentarios de oposición señalaron que el caso confirma la utilización del sistema penitenciario como herramienta de presión política, mientras que legisladores oficialistas defendieron la decisión como parte de un proceso regular.
Organismos internacionales de derechos humanos han sido mencionados en los pronunciamientos de la familia Vizcarra, aunque hasta ahora no se han registrado comunicados oficiales.
En lo inmediato, el futuro de Vizcarra dependerá de la resolución de la apelación presentada por su defensa. Mientras tanto, permanecerá en Ancón II, donde cumplirá los meses restantes de prisión preventiva, salvo que el tribunal decida revocar la medida.
Análisis final
El traslado de Martín Vizcarra a Ancón II no solo reconfigura su situación personal, sino que se inscribe en un patrón histórico de crisis políticas en el Perú, donde la relación entre justicia, política y poder penitenciario continúa siendo objeto de escrutinio público. La próxima decisión judicial sobre su apelación será determinante no solo para su futuro inmediato, sino también para la credibilidad del sistema judicial en el país.
