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El cierre de inscripciones ante el JNE confirma una presencia sin precedentes de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la PNP en candidaturas presidenciales y parlamentarias, redefiniendo el mapa político electoral.
Con el vencimiento del plazo para inscribir listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el proceso electoral de 2026 exhibe una señal clara: una presencia masiva de exmilitares y policías en retiro que buscan ocupar la Presidencia, las vicepresidencias y el Congreso, en un escenario marcado por la inseguridad ciudadana y el desplazamiento de los perfiles civiles tradicionales.
Un patrón que atraviesa a casi todo el sistema partidario
El análisis de las declaraciones juradas de hoja de vida en el sistema Declara+ del JNE revela que al menos 14 partidos políticos incluyen en sus listas a exintegrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) o de las Fuerzas Armadas. La tendencia no se concentra en una sola corriente ideológica, sino que cruza a organizaciones de derecha, centro y agrupaciones emergentes.
Este patrón se expresa con mayor claridad en las candidaturas presidenciales, donde cuatro postulantes provienen directamente de las fuerzas del orden, todos con rangos de alta oficialidad y discursos centrados en seguridad, orden interno y autoridad del Estado.
Exoficiales en la carrera presidencial
Entre los aspirantes a Palacio de Gobierno figuran:
- José Williams Zapata, general EP en retiro (Avanza País – Partido de Integración Social).
- Roberto Chiabra León, exgeneral del Ejército (Unidad Nacional).
- Herbert Caller Gutiérrez, comandante de la Marina de Guerra (Partido Patriótico del Perú).
- Wolfgang Grozo Costa, general FAP (Partido Político Integridad Democrática).
A ellos se suman cuatro candidatos a vicepresidencias con pasado militar o policial, lo que refuerza la impronta castrense en las fórmulas presidenciales.
Congreso con uniforme: Senado y Diputados
La militarización se profundiza en las listas al Congreso. Fuerza Popular, Renovación Popular, Sí Creo, Somos Perú, Unidad Nacional, Cívico Obras y Progresemos, entre otros, incluyen exgenerales, almirantes, coroneles y oficiales FAP como candidatos al Senado o la Cámara de Diputados.
Entre los nombres más visibles destacan:
- César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto, y Carlos Tubino, exmarino, por Fuerza Popular.
- Jorge Montoya, almirante en retiro, por Sí Creo.
- José Cueto, también almirante retirado, por Renovación Popular.
- Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, postulado por Ahora Nación.
La amplitud de estos perfiles sugiere que la seguridad se ha convertido en un eje electoral transversal, utilizado como principal activo político ante el desgaste del sistema civil.
Más allá de los uniformes: candidaturas controvertidas
Las listas también evidencian una estrategia paralela: la incorporación de figuras polémicas y linajes políticos. Podemos Perú presenta candidaturas vinculadas a familiares de personajes procesados o prófugos, mientras que Juntos por el Perú y el Partido Aprista apuestan por apellidos históricos como Humala y García.
Alianza para el Progreso, por su parte, incluye en su lista al Senado a exministros del gobierno de Dina Boluarte, como Juan José Santiváñez y César Vásquez, cuyas gestiones estuvieron rodeadas de cuestionamientos públicos y censuras políticas.
Implicancias democráticas
La masiva presencia de exintegrantes de las fuerzas del orden plantea interrogantes de fondo sobre el rumbo del sistema político. Aunque la legislación permite su participación tras el retiro, el volumen y centralidad de estas candidaturas configuran un Congreso y un Ejecutivo potencialmente marcados por una lógica de seguridad y disciplina, en detrimento del debate civil y plural.
Analistas advierten que el fenómeno refleja tanto el temor ciudadano frente a la criminalidad como la incapacidad de los partidos de ofrecer liderazgos civiles renovados, optando por perfiles asociados al orden y la coerción estatal.
Panorama
Con las listas ya cerradas, las elecciones de 2026 se perfilan como un proceso atravesado por una fuerte impronta militar-policial. El impacto de esta militarización electoral —en la formulación de políticas públicas, el equilibrio civil-militar y la calidad democrática— será uno de los ejes centrales del debate político en los meses previos a las urnas.
