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El mayor despliegue federal contra migrantes se desarrolla en un estado con baja incidencia de migración irregular y alta resistencia política; su propósito excede el control migratorio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso el mayor operativo de agentes migratorios de su administración en Minesota, una medida que no obedece a una emergencia sino a un cálculo político. Aunque el estado reúne apenas el 0,7 % de los migrantes indocumentados del país, según el Migration Policy Institute, concentra hoy la mayor operación del Departamento de Seguridad Nacional de este gobierno.
La Operación Metro Surge se activa en un contexto específico: un antiguo caso de fraude en programas sociales reintroducido en el discurso oficial, un gobernador demócrata convertido en adversario político y un año electoral que exige demostraciones de fuerza. El componente migratorio funciona como vehículo.
Las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante intervenciones federales, la focalización inicial en comunidades mayoritariamente ciudadanas y el posterior desplazamiento de las redadas hacia población latina han profundizado el conflicto con autoridades estatales y organizaciones civiles.
Más que una política de control migratorio, Minesota aparece como un escenario de disciplinamiento político, donde el Ejecutivo federal ensaya el alcance de su poder frente a estados santuario y gobiernos locales adversos.
, pese a que allí reside una proporción reducida de migrantes indocumentados. La decisión, ejecutada desde diciembre y reforzada a partir del 6 de enero con más de 2.000 agentes federales en Mineápolis, responde a una combinación de factores: la reactivación política de un escándalo de fraude en programas sociales, la disputa con autoridades estatales demócratas y el uso de la seguridad migratoria como eje de confrontación nacional en un año electoral.
Un operativo sin precedentes en un estado atípico
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) definió la Operación Metro Surge como la mayor acción migratoria del actual gobierno. Según cifras oficiales, participan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, con el objetivo declarado de detener y deportar a personas en situación migratoria irregular con antecedentes criminales.
Sin embargo, datos del Migration Policy Institute (MPI) publicados en 2025 indican que Minesota concentra apenas el 0,7 % de los aproximadamente 13,7 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. La magnitud del operativo contrasta así con la dimensión real del fenómeno migratorio en el estado.
El factor fraude y la comunidad somalí
Uno de los principales argumentos esgrimidos por funcionarios del gobierno federal ha sido un escándalo de fraude en el sistema de prestaciones sociales, investigado desde hace más de cinco años y que involucró a decenas de personas, varias de ellas ya condenadas. La controversia volvió al centro del debate tras declaraciones del propio Trump, quien vinculó el caso a la comunidad somalí del estado, la más numerosa del país.
Expertos y autoridades estatales han subrayado que la mayoría de las personas de origen somalí en Minesota son ciudadanos estadounidenses, ya sea por nacimiento o naturalización tras haber llegado como refugiados en la década de 1990. Además, los delitos de fraude no corresponden al ámbito de competencia del ICE, cuyas funciones se limitan al cumplimiento de las leyes migratorias.
Choque político con un bastión demócrata
La ofensiva federal se desarrolla en un contexto de tensión abierta con el gobierno estatal, encabezado por el gobernador demócrata Tim Walz, rival político de Trump desde la campaña presidencial de 2024. Walz ha calificado el operativo como un “teatro político” y ha cuestionado la motivación real de la intervención.
Minesota es considerado un estado santuario, con políticas que limitan la cooperación automática con autoridades federales en materia migratoria. Para la Casa Blanca, esa postura explica la necesidad de una acción contundente; para el gobierno local, se trata de una intervención que vulnera la autonomía estatal y agrava la polarización.
Reacciones sociales y consecuencias inmediatas
El despliegue provocó protestas ciudadanas y una creciente movilización de organizaciones civiles. Activistas locales se han organizado como observadores de las acciones del ICE, documentando operativos y alertando a comunidades vulnerables. La situación se tensó aún más tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante intervenciones federales, hechos que el gobierno atribuyó a defensa propia y que están bajo investigación.
Analistas advierten que la estrategia puede tener efectos políticos contrapuestos: reforzar el discurso de “ley y orden” del gobierno federal ante su electorado, pero también consolidar la resistencia en estados progresistas y profundizar la desconfianza entre comunidades migrantes y autoridades.
Panorama
El caso de Minesota ilustra cómo la política migratoria estadounidense se ha convertido en un instrumento de confrontación institucional y electoral. Más allá de los resultados operativos, el despliegue masivo en un estado con baja presencia de migrantes indocumentados revela que la decisión responde menos a criterios demográficos que a una disputa política de alto voltaje, cuyas consecuencias seguirán marcando el debate nacional en los próximos meses.
