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Intento de retorno al cargo de fiscal de la Nación desata enfrentamiento en la sede de la Fiscalía. Delia Espinoza mantiene el cargo con respaldo interno.
La mañana del lunes 16 de junio, Patricia Benavides —exfiscal de la Nación suspendida en 2023— acudió sin anuncio previo a la sede del Ministerio Público en Lima, con el objetivo de reasumir sus funciones como titular de la Fiscalía. Amparada en una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula su destitución, Benavides intentó ingresar al despacho de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El hecho provocó una fuerte respuesta institucional: trabajadores fiscales y administrativos salieron a respaldar a Espinoza, y la Fiscalía anunció una posible denuncia penal por usurpación de funciones. Finalmente, Benavides desistió y aceptó ser reincorporada solo como fiscal suprema.
ANTECEDENTES: EL FALLO DE LA JNJ Y EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS
El viernes 13 de junio, la JNJ anuló la destitución de Patricia Benavides y ordenó su restitución en la carrera fiscal, señalando que se vulneraron garantías del debido proceso. Sin embargo, la resolución no especificaba de forma expresa su regreso al cargo de fiscal de la Nación. Esto generó interpretaciones diversas entre constitucionalistas, funcionarios del Ministerio Público y el entorno de Benavides.
Cabe recordar que Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 tras ser acusada de liderar una organización criminal desde el interior del Ministerio Público, investigación que incluyó a su hermana, la jueza Emma Benavides. Delia Espinoza asumió la conducción de la institución de manera interina desde entonces.
EL INCIDENTE DEL 16 DE JUNIO: UNA IRRUPCIÓN POLÉMICA
A las 9:30 a.m., Benavides ingresó al edificio sin registrarse en el módulo de seguridad del primer piso, y sin solicitar audiencia con Espinoza. Acompañada por seguridad privada y un efectivo policial, se dirigió directamente al noveno piso para ocupar el despacho del fiscal de la Nación.
Trabajadores fiscales y administrativos, alertados por la situación, se congregaron en el pasillo en una muestra clara de rechazo. A la vez, fiscales de Prevención del Delito y de Flagrancia acudieron para garantizar el orden. Benavides, al ver la situación, se retiró la medalla de fiscal de la Nación, símbolo de ese cargo, y tomó asiento a la espera de ser reconocida como fiscal suprema.
DECLARACIONES Y POSTURAS CONTRAPUESTAS
Diversos actores políticos, legales y sociales reaccionaron al hecho:
- Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, fue enfático: “Nadie puede ingresar a las instalaciones sin autorización. La restitución como fiscal suprema no implica que sea fiscal de la Nación”.
- Luciano López, constitucionalista, sostuvo que “la JNJ no tiene competencia para designar o reponer a un fiscal de la Nación, solo restituirlo en la carrera”.
- Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático Popular, alertó que la situación refleja una pérdida de confianza en el sistema de justicia: “Está envuelto en disputas de poder que minan su credibilidad”.
- Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, en cambio, consideró que la resolución de la JNJ “restablece la juridicidad quebrantada” y que debe respetarse.
El IDL emitió un pronunciamiento denunciando “un hecho sin precedentes” y advirtió que el intento de tomar por la fuerza el cargo configura un “asalto institucional”.
CIFRAS Y SITUACIÓN LEGAL ACTUAL
- Benavides aparece actualmente habilitada en la web de la JNJ como fiscal suprema, al igual que su hermana Emma como jueza.
- La Fiscalía evalúa interponer una denuncia por usurpación de funciones en flagrancia, tipificada en el artículo 361 del Código Penal.
- Delia Espinoza continúa ejerciendo como fiscal de la Nación, sin que se haya producido una transición formal ni jurídica.
IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
La escena ocurrida en el Ministerio Público ha agravado la percepción de inestabilidad institucional en el sistema de justicia peruano. El incidente ha sido calificado como un “bochorno” y un “acto de prepotencia” por sectores críticos, mientras que defensores de Benavides lo consideran un acto de restitución legítima.
El conflicto también pone en debate el alcance de la autonomía del Ministerio Público y el rol de la JNJ en decisiones de carácter jerárquico, especialmente en un contexto donde se investiga a altos funcionarios por corrupción.
PRÓXIMOS PASOS Y ESCENARIO LEGAL
La Fiscalía deberá determinar si procede una denuncia penal contra Benavides y si la actuación de la JNJ ha generado un conflicto de competencias que deba ser resuelto por el Tribunal Constitucional. En paralelo, se espera un pronunciamiento más claro de la Junta, delimitando si su decisión afecta o no el cargo de fiscal de la Nación.
Delia Espinoza, de momento, mantiene la conducción del Ministerio Público, aunque bajo un clima de tensión jurídica y mediática.
REFLEXIÓN FINAL
El episodio protagonizado por Patricia Benavides no es un hecho aislado, sino la expresión de una pugna mayor por el control institucional del sistema de justicia. La firmeza con la que los trabajadores del Ministerio Público defendieron la institucionalidad y la figura de Delia Espinoza podría marcar un precedente importante en la defensa de la autonomía fiscal. Pero también pone en evidencia la necesidad de reglas claras sobre los límites de restitución de altos cargos y el rol de los órganos de control, en un contexto donde el equilibrio de poderes está cada vez más en entredicho.
