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En momentos que los peruanos están desesperados buscando agua para no morir de sed, o preocupados porque los ríos no los deje literalmente en las calles, Nadine Heredia presentará la solicitud para que se invaliden sus agendas como elementos de prueba en la investigación que se le sigue por el presunto millonario lavado de activos.
Fuentes del nacionalismo conformaron a este diario que se presentaría este recurso a través de Wilfredo Pedraza, abogado que reemplazó a Eduardo Roy Gates, ante la intempestiva renuncia de este, por supuestamente habérsele ocultado información.
Lo que se sabe es que Pedraza tratará de invalidar las agendas como elemento probatorio, alegando que fueron “sustraídas y manipuladas” antes de ser entregadas a la fiscalía, lo que se conoce como “prueba prohibida”.
En setiembre del 2016 ya la Fiscalía archivó la denuncia de Heredia Alarcón contra el excongresista Álvaro Gutiérrez, y su exempleada Micheline Vargas León, por supuestamente haber sido los responsables de hurtar los documentos de su vivienda.
Por no encontrar prueba alguna, la fiscalía determinó no formalizar denuncia “contra quienes resulten responsables, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, extorsión y hurto agravado, en agravio de Nadine Heredia”.
La esposa de Ollanta Humala ha tenido este plan, dentro de su estrategia para evadir las responsabilidades penales que le caería encima, sobre todo si se comprueba recibió dinero ilícito de Brasil de Odebrecht
La hipótesis de la fiscalía es que el dinero que recibió de empresas brasileñas, y que se pueden avizorar en las agendas, es que se hizo con el compromiso que luego las favorecería de llegar a instalarse en Palacio de Gobierno.
Uno de esos casos que ya investiga la fiscalía es la concesión del Gasoducto a Odebrecht, que en el pasado gobierno de Humala se firmó por $7,300 millones, cuando su precio original era de apenas $1,300 millones, es decir, con $6 mil millones de diferencia en favor de la constructora brasileña.
