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La movilización del 28 de enero en Lima se convoca en medio de indagaciones del Ministerio Público y un aumento de la presión política sobre el Ejecutivo.
Colectivos identificados como Generación Z convocaron a una marcha nacional para el 28 de enero en Lima contra el presidente encargado José Jerí, tras la revelación del denominado “Chifagate”, un caso que motivó una investigación preliminar de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, y que ha intensificado la presión política y social sobre el Ejecutivo.
Antecedentes y contexto
La convocatoria surge luego de una serie de reportajes periodísticos que revelaron reuniones no consignadas en la agenda oficial del presidente Jerí con el empresario de origen chino Zhihua Yang, realizadas en diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja y en otros locales comerciales.
Las imágenes y testimonios difundidos generaron cuestionamientos sobre transparencia, uso del cargo y eventuales conflictos de interés, en un contexto de alta fragilidad institucional y a pocos meses del proceso electoral general.
La convocatoria juvenil
Según los afiches y mensajes difundidos en redes sociales, la movilización se realizará bajo la consigna “José Jerí no puede pasar ni un mes más en Palacio”, con un punto central de concentración en Lima y la llegada de delegaciones juveniles desde distintas regiones del país.
Los organizadores definen la jornada como una “marcha de sacrificio”, orientada a denunciar corrupción, impunidad y abandono de las regiones. En sus comunicados, la Generación Z se presenta como un movimiento “consciente y en la calle”, y plantea la protesta como una acción de presión cívica frente a la conducción del Gobierno.
Posturas y declaraciones
Voceros de colectivos juveniles han señalado que la protesta busca visibilizar el descontento ciudadano y exigir responsabilidades políticas ante el escándalo. En paralelo, representantes de gremios urbanos, como asociaciones de motociclistas, han criticado la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad, señalando que el actual Gobierno “repite medidas populistas” sin resultados sostenibles.
Desde el Ejecutivo, José Jerí ha respondido previamente ante el Congreso señalando que las reuniones cuestionadas no implicaron gestión irregular alguna. No obstante, dichas explicaciones continúan siendo evaluadas por instancias fiscales y políticas.
Investigación fiscal y marco institucional
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar si las reuniones fuera de agenda podrían configurar delitos de tráfico de influencias o patrocinio ilegal de intereses.
De forma paralela, sectores del Congreso analizan mociones de censura y otras acciones de control político, mientras el clima de confrontación se traslada al espacio público mediante protestas y movilizaciones.
Implicaciones políticas y sociales
La convocatoria de la Generación Z introduce un componente generacional al conflicto político, evidenciando el rol creciente de jóvenes organizados en redes sociales y espacios urbanos como actores de presión política.
En el plano institucional, la protesta se suma a un escenario de desgaste del Ejecutivo, cuestionamientos a la legitimidad del encargo presidencial y creciente polarización social, lo que podría incidir en la gobernabilidad y en el desarrollo del calendario electoral.
Próximos escenarios
Las autoridades deberán definir las condiciones de seguridad y orden público para la jornada del 28 de enero, mientras se evalúa si el estado de emergencia vigente en Lima y Callao podría afectar la realización de la marcha.
En el ámbito político, el avance de la investigación fiscal y las decisiones del Congreso serán determinantes para el futuro inmediato del presidente encargado y para la estabilidad del Gobierno en los próximos meses.
Panorama
La marcha convocada por la Generación Z marca un nuevo episodio de movilización ciudadana en respuesta al caso Chifagate. Mientras la Fiscalía avanza con las indagaciones y el Congreso evalúa medidas políticas, la protesta del 28 de enero se perfila como un punto clave para medir el impacto social y político de la crisis que enfrenta el Ejecutivo.
