Un sondeo del IEP muestra alto respaldo a la vacancia de Boluarte, escaso apoyo a Jerí y percepción de continuidad del poder legislativo. La mejora esperada se concentra en seguridad, no en economía.

¿Quién? Ciudadanía peruana, gobierno de José Jerí y Congreso. ¿Qué? Medición de opiniones y expectativas tras la vacancia de Dina Boluarte. ¿Cuándo? Octubre de 2025. ¿Dónde? Perú. ¿Por qué? Para conocer representatividad, prioridades y proyecciones sobre la situación económica. ¿Cómo? Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y análisis de su jefa de Estudios de Opinión, Patricia Zárate.
Antecedentes y contexto del hecho
La salida de Dina Boluarte mediante vacancia obtuvo un respaldo ciudadano amplio, pero su reemplazo por José Jerí —designado por el Congreso— no generó una expectativa de cambio sustantivo. De acuerdo con el IEP, la opinión pública identifica continuidad en los actores que sostuvieron al gobierno anterior y anticipa un escenario similar en el corto plazo. En paralelo, el Ejecutivo decretó estado de emergencia y, según reportes de prensa, se registraron siete víctimas de la violencia durante los tres primeros días de su vigencia.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
- Patricia Zárate (IEP): Sostiene que, aunque el 81% aplaude la vacancia de Boluarte, la ciudadanía percibe que “quienes la sostuvieron en el poder continúan gobernando”, lo que limita las expectativas de cambio.
- Movimiento social y cultural: Diversos colectivos juveniles mantuvieron las movilizaciones con alto apoyo ciudadano (64%). Voces del ámbito artístico —como el grupo Agua Marina— llamaron a respetar la protesta y rechazaron intentos de criminalización.
- Gobierno de José Jerí: Ha priorizado señales en seguridad ciudadana (visitas a penales y estado de emergencia). El impacto percibido por ahora es acotado: solo 18% declara sentirse muy o algo representado por el presidente.
Cifras, documentos y datos oficiales
- Vacancia y sucesión: 81% aprueba la vacancia de Boluarte; 53% desaprueba la designación de Jerí por el Congreso; 32% la respalda.
- Permanencia en el cargo: 37% considera que Jerí debe mantenerse en la presidencia.
- Representatividad: 18% se siente muy o algo representado por Jerí; 89% afirma que el Congreso lo representa poco o nada.
- Influencia del Congreso: 74% cree que el Parlamento apoyó a Boluarte hasta la vacancia; 62% percibe que tuvo mucha influencia en su gobierno; 49% piensa que influirá mucho en el de Jerí.
- Prioridades y expectativas: Entre quienes esperan mejoras, 27% prioriza seguridad ciudadana, 22% política y 16% economía.
- Protestas: 64% de apoyo a las movilizaciones convocadas por jóvenes.
Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Informe de Opinión de octubre de 2025.
Implicancias políticas, sociales y económicas
- Economía con expectativas contenidas: La economía no aparece como el ámbito con mayor expectativa de mejora (16%). El predominio de la seguridad en la agenda pública podría desplazar el foco de reformas económicas de mediano plazo.
- Gobernabilidad y coordinación institucional: La percepción de que el Congreso mantiene el control condiciona la capacidad del Ejecutivo para impulsar medidas económicas. La previsión de “todo seguirá igual” reduce el espacio político para ajustes estructurales.
- Clima social y costos de transacción: La alta adhesión a la protesta y la baja representatividad política elevan la incertidumbre, lo que puede traducirse en demoras en decisiones de inversión y en mayores costos de financiamiento para políticas sociales.
- Política de seguridad y externalidades: El estado de emergencia y operativos de mano dura, si no se acompañan de políticas de empleo e ingresos, podrían no revertir percepciones de inseguridad ni mejorar expectativas económicas.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
- Agenda económica mínima viable: El Ejecutivo podría priorizar medidas de rápida ejecución (control de precios administrados, compras públicas, pagos a proveedores, aceleración de inversión pública) para influir en expectativas.
- Pacto operativo con el Congreso: Un acuerdo básico para destrabar normas presupuestales y proyectos de inversión podría aliviar la percepción de parálisis, sin alterar la correlación política de fondo.
- Seguridad con enfoque integral: Vincular el estado de emergencia a metas verificables (reducción de homicidios y extorsiones) y a programas de empleo local ayudaría a trasladar mejoras percibidas a la economía cotidiana.
- Comunicación y representatividad: Incrementar la transparencia en metas y cronogramas económicos (plazos, costos, fuentes de financiamiento) puede reducir la brecha entre discurso oficial y realidad que reporta el IEP.
- Riesgos a monitorear: Persistencia de baja representatividad, escalamiento de conflictividad social y débil coordinación intergubernamental que frene la ejecución de inversión y programas sociales.
Panorama
El informe del IEP perfila un país que celebra la vacancia de una presidenta impopular pero anticipa continuidad en el rumbo político. Con José Jerí, las expectativas de mejora se concentran en seguridad, mientras que la economía figura rezagada. La percepción de un Congreso decisivo y de un Ejecutivo con baja representatividad configura un escenario de estabilidad frágil, en el que la recuperación de confianza dependerá de resultados verificables y coordinación institucional sostenida.
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