Perú: erosión democrática sin caudillo, entre “poderes paralelos” y economías ilegales

Un análisis de Will Freeman describe cómo, pese a cambios en la presidencia, actores políticos y criminales moldean el poder real y restringen libertades cotidianas.

¿Quién? El politólogo Will Freeman (Council on Foreign Relations). ¿Qué? Plantea que la democracia peruana se deteriora sin un autócrata visible, por “poderes paralelos”. ¿Cuándo? 24 de octubre de 2025. ¿Dónde? Perú. ¿Por qué? Por el avance de economías ilícitas y reformas legales que limitan el control estatal. ¿Cómo? A través de redes políticas y criminales que operan dentro y fuera del Estado.

Antecedentes y contexto del hecho

Dina Boluarte fue destituida este mes, la tercera vacancia presidencial en cinco años. José Jerí, entonces titular del Congreso, asumió como presidente interino con elecciones generales previstas para abril. Según Freeman, en este periodo la jefatura del Estado ha perdido centralidad frente a una constelación de actores con influencia decisoria —desde liderazgos partidarios hasta operadores con procesos por corrupción—, lo que reduce el impacto de los relevos en Palacio de Gobierno.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Will Freeman (CFR): Sostiene que, en ausencia de un caudillo, emergen “poderes paralelos”: organizaciones delictivas (narcotráfico, minería y tala ilegales, trata) y redes político-financieras que prosperan cuando autoridades las toleran o colaboran con ellas.
• Actores políticos mencionados por el autor: Incluye como referentes con poder a Rafael López Aliaga, José Luna Gálvez y Waldemar Cerrón, entre otros, a quienes atribuye capacidad para impulsar normas que debilitan la investigación fiscal.
• Ciudadanía y sociedad civil: Según el análisis, líderes indígenas, ambientalistas, periodistas y sindicalistas enfrentan mayores riesgos en zonas capturadas por economías ilícitas, con hostigamiento y violencia.
• Comparación regional: Freeman distingue el caso peruano de regímenes abiertamente autoritarios (Venezuela, Nicaragua, Cuba), describiendo un entramado más difuso y difícil de desmontar.

Cifras, documentos y datos oficiales referidos en el ensayo

• Producción ilícita: Perú sería, junto con Colombia, uno de los mayores productores de hoja de coca; la minería ilegal de oro mueve miles de millones de dólares.
• Victimización: Uno de cada tres peruanos conoce a una víctima de extorsión, de acuerdo con las referencias citadas en el texto.
• Marco institucional: El Congreso habría aprobado múltiples modificaciones constitucionales que, según el análisis, subordinan otros poderes y facilitan agendas compartidas de protección.

Implicancias políticas, sociales y económicas

• Derechos y libertades: La erosión no proviene de un Ejecutivo desbocado, sino de la incapacidad del Estado para contener actores privados predatorios; se afecta la libertad de trabajo sin extorsión y la seguridad para denunciar delitos.
• Gobernabilidad: La fragmentación del poder y la captura regulatoria dificultan políticas sostenidas contra economías ilícitas, aun cuando se anuncian “mano dura” y operativos.
• Economía y ambiente: La minería ilegal y cadenas criminales asociadas generan rentas extraordinarias con costos ambientales y sociales altos, reforzando la capacidad de cooptación local.
• Percepción pública: Aun con cambios de presidente, persiste la protesta por inseguridad y criminalidad, lo que, de acuerdo con Freeman, refleja desconfianza en la capacidad estatal.

Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles

1. Reformas institucionales selectivas: Posible continuidad de cambios normativos que afecten herramientas de investigación y persecución penal, si persiste la coalición difusa de intereses.
2. Respuesta estatal focalizada: Ventana para construir capacidad en Fiscalía, Policía y reguladores ambientales, con trazabilidad financiera y control territorial donde operan economías ilegales.
3. Coaliciones cívico-políticas: Eventual articulación de un candidato o plataforma que proponga frenar la captura institucional y fortalecer controles, como sugiere el autor.
4. Riesgo de resiliencia criminal: Aun con relevos políticos, las rentas del oro ilegal y la cocaína permiten a redes ilícitas reclutar nuevos protectores.
5. Escenario electoral: Las elecciones podrían abrir un margen de cambio si se priorizan propuestas de integridad, seguridad y reconstrucción de capacidades estatales.

Panorama

El análisis de Will Freeman plantea que la crisis democrática peruana no responde a un liderazgo autocrático, sino a la consolidación de “poderes paralelos” que conviven con las instituciones. La respuesta, sostiene, exige construir poder estatal y social para contener economías ilícitas y redes de protección política, más allá de los cambios de presidente.