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El traspaso del control estratégico a ProInversión desata una ofensiva en el Congreso y coloca al presidente encargado al borde de la destitución.
El Congreso de la República se encamina a debatir una moción de vacancia presidencial contra el presidente encargado José Jerí, luego de que el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunciara la iniciativa en respuesta al Decreto de Urgencia N.° 010-2025, emitido a inicios de enero, que dispone cambios estructurales en Petroperú y abre el camino a su privatización. La medida, publicada sin debate previo, ha sido cuestionada por presuntas vulneraciones a la seguridad energética, impactos económicos y falta de control político.
Antecedentes y contexto del decreto
El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 delega a ProInversión la conducción del proceso de reestructuración de Petroperú, incluyendo la evaluación de esquemas de participación privada. El Ejecutivo sostiene que la norma busca enfrentar la crisis financiera de la empresa estatal; sin embargo, sectores del Congreso y autoridades locales interpretan la disposición como una privatización encubierta, adoptada sin el sustento técnico ni el debate legislativo correspondiente.
Petroperú atraviesa una situación financiera crítica, con deudas acumuladas con proveedores y dificultades operativas, especialmente en la Refinería de Talara. En este contexto, el decreto ha reactivado un debate histórico sobre el rol del Estado en el sector hidrocarburos.
Posturas y declaraciones de actores relevantes
El congresista Segundo Montalvo señaló que la norma “pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país” y anunció que Perú Libre presentará la moción de vacancia “a la brevedad”, una vez concluida la redacción final y reunidas las 33 firmas necesarias para su admisión. Desde su despacho indicaron que ya se coordinan apoyos con otras bancadas y que la recolección de firmas se realizaría antes de la semana de representación prevista para el 26 de enero.
En paralelo, representantes del Ejecutivo —incluidos el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Economía y Energía y Minas— se ausentaron de una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para explicar los alcances del decreto, hecho que fue cuestionado por parlamentarios y organizaciones sociales.
Datos y cifras en debate
Según estimaciones citadas en la Comisión de Defensa del Consumidor, la eventual salida de Petroperú del mercado podría impactar en los precios de los combustibles y generar una afectación económica anual estimada en US$1.056 millones. Además, gremios sindicales advierten que el proceso podría derivar en despidos de entre 1.500 y 1.800 trabajadores, en un contexto de fragilidad laboral en regiones como Talara.
Por otro lado, ProInversión habría requerido a Petroperú alrededor de S/86 millones para estudios y asesorías vinculadas al proceso, pese a la insolvencia financiera de la empresa, lo que ha generado cuestionamientos adicionales.
Implicancias políticas, sociales y económicas
En Talara, autoridades locales y organizaciones civiles han expresado su rechazo al decreto. El alcalde provincial, Sigifredo Zárate, comparó la medida con las reformas de los años noventa y advirtió sobre un posible deterioro social y económico. Gremios empresariales locales, en cambio, consideran necesaria una intervención que permita la participación privada para superar la crisis.
El debate ha polarizado a la opinión pública y reavivado tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un escenario político marcado por la provisionalidad del gobierno encargado y la cercanía del calendario electoral.
Próximas acciones y escenarios posibles
La moción de vacancia deberá ser presentada formalmente ante el Congreso y, de ser admitida, requerirá el voto de al menos 87 congresistas para prosperar. En paralelo, continúan las movilizaciones y medidas de protesta anunciadas por organizaciones sociales en Talara, así como pronunciamientos de cámaras de comercio y sindicatos.
El Ejecutivo, por su parte, no ha ofrecido hasta ahora una explicación pública detallada sobre el alcance del decreto ni sobre los mecanismos de control y transparencia del proceso.
Panorama
La eventual presentación de la moción de vacancia contra José Jerí abre un nuevo frente de confrontación política en torno al futuro de Petroperú. Mientras el Congreso evalúa la continuidad del presidente encargado, el debate sobre la reestructuración de la empresa estatal y su impacto en la economía, el empleo y la seguridad energética del país permanece abierto, a la espera de definiciones institucionales y decisiones políticas de alto impacto.
