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Ante la amenaza de medidas de fuerza contra las instalaciones petroleras, anunciadas para hoy por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas autónomas de la provincia de Datem del Marañón (Loreto), Petroperú acordó la evacuación del personal que se encuentra en las estaciones del Oleoducto Norperuano (ONP).
Se trata de una amenaza directa para los trabajadores de las estaciones de Petroperú como Andoas y Morona, ubicadas en el Ramal Norte y la estación 5 del ONP.
Al mismo tiempo, pobladores de la comunidad de Saramurillo han paralizado los trabajos de descarga de barcazas en la estación 1, en demanda al Estado de proyectos vinculados a servicios básicos.
«Este tipo de medidas de fuerza, fuera del marco de la ley y que Petroperú rechaza, continúan afectando el desarrollo de las operaciones de transporte desde la Selva hasta la Costa y ponen en grave peligro a los trabajadores y comunidades aledañas», señala un comunicado de la empresa estatal.
Ante estos hechos y considerando los antecedentes de toma de la estación 5 en agosto, en la cual se puso en peligro la integridad de los trabajadores y se afectaron las instalaciones, se decidió evacuar al personal hasta que se logre garantizar la seguridad e integridad de la infraestructura, así como formular las denuncias a los entes correspondientes.
Estratégica
La operatividad del ONP es estratégica para la actividad petrolera en la Amazonía y soporte básico para las inversiones y operaciones privadas, la misma que beneficia a miles de personas al generar trabajo de manera directa e indirecta, así como mayores ingresos por canon petrolero.
«Por tanto, el ONP viabiliza el desarrollo económico con recursos que van directamente a las regiones productoras. Con estas acciones que paralizan su actividad se generan grandes pérdidas para Petroperú, la industria y el Estado», agrega.
Petroperú, en estricto respecto al Estado de derecho y la situación que vive el país por la pandemia, invoca a deponer estas acciones y a fortalecer los espacios de diálogo respetuoso entre las autoridades de Gobierno y los pueblos demandantes, por el bien de las comunidades de la Amazonía y del país.
