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A 50 años de su creación, nuevos fallos en Uruguay, Argentina, Chile e Italia documentan secuestros, torturas y desapariciones, y la Corte Interamericana pide mayor cooperación entre Estados.
Hace cincuenta años, el 25 de noviembre de 1975, jefes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago de Chile para formalizar el llamado “Sistema Cóndor”, una estructura secreta de cooperación represiva. Su objetivo era identificar, vigilar, secuestrar y eliminar a opositores políticos —incluidos exiliados— mediante el intercambio de información, comunicaciones encriptadas y operaciones conjuntas más allá de las fronteras nacionales. El plan, conocido como Operación Cóndor o Plan Cóndor, dejó un saldo de centenares de víctimas y un legado de tortura, desapariciones y asesinatos que aún hoy es objeto de investigación judicial y reclamo de verdad y justicia.
Origen y objetivos de un sistema transnacional de represión
La reunión de noviembre de 1975 en Santiago formalizó un esquema de cooperación que se venía gestando desde finales de los años 60, en pleno contexto de Guerra Fría y de expansión de dictaduras militares en el Cono Sur. Bajo el liderazgo de Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena (DINA), los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron coordinar acciones para combatir lo que definían como “subversión marxista” en la región.
El Plan Cóndor se apoyó en tres pilares operativos:
- Centralización de inteligencia: creación de una base de datos regional en Santiago, donde se registraban antecedentes de militantes, dirigentes, sindicalistas, periodistas y dirigentes sociales considerados “subversivos”.
- Comunicaciones encriptadas: establecimiento de un sistema de telecomunicaciones seguro que permitía el intercambio rápido y confidencial de información entre las capitales y las agencias de seguridad.
- Coordinación operativa: una Oficina de Coordinación y Comando Avanzado que organizaba acciones conjuntas, incluidos seguimientos, detenciones, traslados clandestinos y “entregas” de detenidos de un país a otro.
Además de la coordinación regional, Argentina, Chile y Uruguay crearon la unidad conocida como Teseo, destinada a vigilar, secuestrar o atentar contra exiliados de esos países que residían en Europa, lo que extendió el radio de acción del Plan Cóndor al ámbito extra–latinoamericano.
Aunque la Operación Cóndor como estructura formal se considera concluida hacia fines de 1978, la cooperación bilateral en clave represiva —especialmente entre Argentina y Brasil, Paraguay o Chile— se prolongó hasta comienzos de 1981, manteniendo activos sus mecanismos de persecución y coordinación.
Cómo funcionaba el Plan Cóndor y quiénes fueron sus víctimas
El Plan Cóndor permitía a los regímenes militares atacar a personas que habían abandonado sus países, pero seguían políticamente activas desde el exilio. En la práctica, los aparatos represivos podían:
- compartir listados de opositores y exiliados,
- mover equipos de inteligencia de un país a otro,
- coordinar secuestros y traslados clandestinos,
- y ejecutar asesinatos selectivos fuera del territorio de origen.
Debido al carácter ultrasecreto de la operación, no existe un registro oficial y completo de víctimas. La investigación académica citada en el texto de Francesca Lessa documenta al menos 805 víctimas de operaciones coordinadas, entre agosto de 1969 —cuando empezó la cooperación informal— y febrero de 1981. Se trataba mayoritariamente de militantes políticos y sociales, sindicalistas y miembros de organizaciones armadas revolucionarias, en particular de Uruguay, Argentina y Chile.
Entre los casos emblemáticos vinculados al Plan Cóndor se encuentra el asesinato, en 1976 en Washington D. C., del exministro chileno Orlando Letelier, víctima de un atentado con coche bomba atribuido a la DINA chilena en coordinación con otros servicios, considerado uno de los primeros actos de terrorismo de Estado latinoamericano en territorio estadounidense.
Otro caso paradigmático es el de los uruguayos Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, detenidos en 1978 en Porto Alegre, Brasil, junto con los dos hijos de Celiberti, en una operación coordinada entre fuerzas brasileñas y uruguayas. Su secuestro y traslado clandestino se convirtió más tarde en una prueba clave de la articulación transnacional de los servicios represivos. ([The Guardian][1])
Las primeras denuncias y el camino hacia el esclarecimiento
Desde mediados de los años 70 comenzaron a acumularse indicios y testimonios sobre la existencia de una red represiva regional. En 1977, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta declaró ante Amnistía Internacional en Londres sobre su secuestro en Buenos Aires un año antes, mientras buscaba a su hijo desaparecido. Detenido y torturado en centros clandestinos de detención en Argentina y Uruguay, su relato aportó evidencias directas de la coordinación entre servicios de seguridad de ambos países.
En 1979, el columnista estadounidense Jack Anderson publicó en The Washington Post un artículo que ligaba el asesinato de Orlando Letelier a la Operación Cóndor, reforzando la hipótesis de un entramado regional de terrorismo de Estado.
Con la caída progresiva de las dictaduras en la década de 1980, se abrió un espacio para investigar los crímenes. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó en 1984 el informe Nunca Más, donde se documentó la práctica sistemática de desapariciones forzadas y se reconoció la existencia de una coordinación represiva transnacional que incluía al Plan Cóndor.
Sin embargo, el impulso inicial hacia la justicia se vio frenado. Entre 1986 y 1987, Argentina aprobó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que limitaron los juicios contra militares y otros responsables de la represión. Uruguay, por su parte, sancionó en 1986 la Ley de Caducidad, que amparó penalmente a agentes estatales por delitos cometidos durante la dictadura. Estas normas se sumaron a amnistías previas vigentes en Brasil y Chile, consolidando un marco de impunidad. ([Congress.gov][2])
Reactivación de los procesos y condenas en el Cono Sur y Europa
El escenario comenzó a cambiar a fines de los años 90. En 1998, el arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet, requerido por la justicia española por delitos de lesa humanidad, marcó un punto de inflexión. Aunque no llegó a ser juzgado por razones médicas, su detención abrió la puerta a la aplicación de la jurisdicción universal y estimuló investigaciones en Chile y otros países sobre crímenes vinculados al Plan Cóndor.
En los años siguientes, tribunales de Argentina, Uruguay y Chile reanudaron o iniciaron causas por graves violaciones de derechos humanos durante las dictaduras. Estudios recientes —incluido el trabajo de Francesca Lessa sobre los llamados “juicios Cóndor”— identifican alrededor de 50 procesos penales relacionados directamente con la operación, con más de un centenar de exfuncionarios civiles y militares condenados por su participación en secuestros, torturas, desapariciones y homicidios.
Entre los condenados figuran exjefes de Estado como Reynaldo Bignone en Argentina y Juan María Bordaberry en Uruguay, así como altos mandos militares, entre ellos el chileno Manuel Contreras, el almirante argentino Antonio Vañek y el coronel uruguayo José Nino Gavazzo, todos sentenciados por delitos de lesa humanidad.
La búsqueda de justicia también se extendió a Europa. En Italia, tribunales penales llevaron adelante procesos contra exmilitares y exagentes uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por la desaparición y asesinato de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. En uno de estos casos, un tribunal de Roma dictó cadena perpetua contra el exoficial uruguayo Jorge Tróccoli, quien había adquirido la ciudadanía italiana y se había radicado en ese país para evitar ser juzgado en Uruguay.
Más recientemente, en septiembre de 2025, la justicia uruguaya condenó a 12 años de prisión a los exoficiales de inteligencia Carlos Alberto Rossell y Glauco Yannone por el secuestro y tortura de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos en Porto Alegre, en 1978. La sentencia llegó cuatro décadas después de que las víctimas presentaran la primera demanda en Uruguay por crímenes vinculados al Plan Cóndor, cuando el país aún estaba bajo régimen militar.
Memoria, marchas y reclamos pendientes
Cincuenta años después de la creación del Sistema Cóndor, las sociedades del Cono Sur siguen procesando las consecuencias de aquella coordinación represiva. Marchas como la “Marcha del Silencio” en Uruguay —realizada anualmente desde hace tres décadas— reclaman verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas y responsabilización efectiva de los perpetradores. ([The Washington Post][3])
Organismos de derechos humanos insisten en que, pese a los avances, una parte importante de los crímenes permanece sin juzgar. La destrucción de documentos, el carácter clandestino de las operaciones y los años transcurridos dificultan la reconstrucción de los hechos y la identificación de todas las víctimas y responsables.
En distintos fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, así como de cooperar entre sí cuando los delitos involucraron acciones coordinadas, como ocurrió en el marco del Plan Cóndor. Esa cooperación incluye la apertura de archivos, el intercambio de información judicial y el reconocimiento del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. ([newsfeed.wtjx.org][4])
Panorama
El Plan Cóndor fue un sistema de represión transnacional que, desde 1975, permitió a varias dictaduras sudamericanas perseguir a opositores más allá de sus fronteras mediante la coordinación de servicios de inteligencia, el intercambio de información y operaciones clandestinas de secuestro, tortura, desaparición y asesinato. Medio siglo después, la labor de comisiones de la verdad, tribunales nacionales y cortes internacionales ha permitido documentar parte de estas prácticas y condenar a más de un centenar de responsables. No obstante, numerosas víctimas siguen sin ser identificadas y muchos hechos permanecen sin esclarecimiento completo. La continuidad de los procesos judiciales, la apertura de archivos y la cooperación entre Estados se mantienen como elementos centrales para delimitar el alcance real del Plan Cóndor y avanzar en las demandas de verdad, justicia y reparación en la región.
