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La exalcaldesa de Lima es investigada por supuestos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a su campaña contra la revocatoria en 2013.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso hoy jueves 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, como parte del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos y organización criminal en el marco del caso Lava Jato. La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz y se ejecutará mientras se desarrolla la etapa de juzgamiento en su contra.
Contexto y fundamentos de la decisión judicial
La decisión judicial se basa en la acusación fiscal que imputa a Villarán haber recibido aportes millonarios de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el “No” a la revocatoria de 2013. El pedido fue sustentado por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, quien solicitó el plazo máximo de 36 meses al considerar fundados los elementos de convicción y el riesgo procesal existente.
“El pedido del Ministerio Público es fundado y se impone por 36 meses contra Susana Villarán, con oficio a la autoridad de Migraciones para informar de esta medida que debe ser cumplida en el marco del proceso penal, sobre todo para la culminación de la etapa de juzgamiento”, expresó el juez Chávez durante la audiencia.
Declaraciones de Villarán y reglas de conducta impuestas
Durante la audiencia pública, la exalcaldesa se allanó a la solicitud del Ministerio Público, negando cualquier intención de evadir la justicia. “Yo me allano al impedimento de salida del país. No he tenido interés, ni voy a huir, ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, físicos y virtuales en el GPS, estoy en mi domicilio legal todo el tiempo”, manifestó.
Además del impedimento de salida, el juez impuso reglas de conducta, entre ellas la prohibición de comunicarse con otros imputados, testigos o peritos del proceso. Esta restricción cobra relevancia tras recientes acontecimientos vinculados al caso.
Muerte de José Miguel Castro y nuevas tensiones
Uno de los hechos que ha generado mayor tensión en el proceso es la reciente muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Villarán, quien fue hallado sin vida en su domicilio días atrás. Según la tesis fiscal, Castro —conocido también como “Budían”— habría sido el segundo al mando dentro de la presunta organización criminal.
Castro había solicitado acogerse a la figura de colaboración eficaz y se le consideraba un testigo clave en la investigación. Tras su fallecimiento, Villarán declaró tener temor de ser implicada en el hecho. “Siento temor de que me acusen del homicidio de una persona. Me ha llenado de dolor saber de su muerte, tan dura y violenta. Es algo hecho para amedrentar”, expresó. Asimismo, denunció hostigamiento por parte de integrantes del grupo radical ‘La Resistencia’, quienes se habrían concentrado en las inmediaciones de su vivienda.
Implicancias del caso y proyección del juicio
El caso Villarán se enmarca en las investigaciones más relevantes derivadas del escándalo Lava Jato en el Perú. La Fiscalía acusa a la exalcaldesa de haber favorecido a consorcios brasileños a cambio de financiamiento electoral ilícito. El monto total de los aportes no declarados superaría los 10 millones de dólares, según la investigación fiscal.
La imposición de esta medida busca asegurar la presencia de la acusada en las audiencias del juicio oral, cuya etapa preparatoria está en curso. La resolución judicial fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su ejecución inmediata.
Estado actual del proceso
Con esta decisión, Susana Villarán queda sujeta a estrictas restricciones mientras continúa el proceso judicial. El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en torno a la corrupción vinculada a empresas extranjeras y campañas políticas en el país. En los próximos meses se prevé que el juzgamiento avance con nuevas diligencias, incluyendo la revisión de pruebas documentales y testimoniales, en un proceso que podría prolongarse hasta 2026.
