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El Ministerio de Justicia aprobó el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el Estado, los cuales gozarán de protección jurídica y tendrán garantizados sus derechos personales y laborales.
En el reglamento, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establecen también las medidas en caso la denuncia sea de mala fe, y aquellas para que las denuncias lleguen directamente al titular de la entidad o la jefatura de la Oficina de Integridad Institucional, a fin de garantizar la reserva.
La protección al denunciante se otorga en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la presentación de la denuncia y se le otorga un código cifrado, se establece la reserva de la identidad y protección laboral, que, de ser el caso, puede merecer su traslado temporal sin afectar sus condiciones laborales o de servicio ni el nivel del puesto.
Asimismo, considera la renovación de la relación contractual del denunciante, convenio de prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similar.
