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Bancadas de APP y Fuerza Popular se habrían puesto de acuerdo para que caso de presunta red de prostitución en el Congreso no se investigue
Expresidente del Congreso Alejandro Soto no se presentará a declarar ante la Comisión de Fiscalización.
En torno a los últimos acontecimientos relacionados a la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento desde la Oficina Legal y Constitucional, cuando era jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia, se ciernen oscuros tentáculos que querrían obstruir y neutralizar las investigaciones. Incluso la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República emitió un comunicado oficial (no autorizado) señalando que Andrea Vidal no era el objetivo del ataque criminal que terminó con su vida sino el conductor del taxi. ¿Qué hay detrás de este escandaloso caso y cuál es la motivación de las fuerzas políticas en el poder para que no se llegue conocer la verdad?…
Como se sabe, el caso fue conocido por la opinión pública a raíz del atentado criminal contra Andrea Vidal, una extrabajadora de la referida oficina del Parlamento, quien murió acribillada por desconocidos, dentro de un taxi, el pasado 16 de diciembre.
Comunicado
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que el Congreso habría incurrido en usurpación de funciones al señalar en un comunicado que la abogada Andrea Vidal, asesinada en un ataque armado por sicarios en diciembre último, no fue el objetivo principal del actuar de estos delincuentes.
De acuerdo al texto difundido por el Legislativo el último jueves, la joven Andrea Vidal fue una víctima colateral del ataque de sicarios al taxi en el que viajaba, que era conducido por el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño.
Al respecto, el parlamentario de Podemos Perú sostuvo que tanto la Oficina de Comunicaciones y la Oficialía Mayor deben dar cuenta sobre el comunicado emitido a través de las redes sociales del Legislativo.
“El comunicado es totalmente anómalo, porque el Congreso no puede hacer o inferir este juicio si el Ministerio Público aún no concluye las investigaciones. Entonces, hay que alertar a la Oficina de Comunicaciones, a la Oficialía Mayor que estarían incurriendo en una usurpación de funciones”, dijo.
“Creo que se intenta mejorar la imagen del Congreso, pero no se va a mejorar la imagen del Congreso ocultando información”, agregó.
Burgos también señaló, al dominical Panorama, que han invitado al grupo de trabajo a la jefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, para que explique por qué se publicó este comunicado haciendo esa afirmación.
“Ella es la jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, fue excongresista y representaba a Fuerza Popular en su momento, ahora pertenece a las filas de Alianza para el Progreso. La estamos invitando para que nos explique el porqué de este comunicado, que aparentemente estaría haciendo usurpación de funciones, porque están emitiendo un comunicado que no le corresponde, eso correspondería al Ministerio Público”, señaló.
En esa línea, el legislador sostuvo que el comunicado difundido por las redes sociales del Congreso tendría una intención “encubridora” con el objetivo de obstruir el trabajo que han realizado en la comisión que preside.
Testimonio clave
Un testimonio clave para el esclarecimiento de los hechos referidos a este caso es el del expresidente del paramento Alejandro Soto. Que, de acuerdo con el oficio remitido por la Comisión de Fiscalización, el expresidente del Legislativo debe responder por tres temas: el primero, referido a los «presuntos hechos que involucran a Jorge Torres Saravia, ex Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República, sobre la presunta red de prostitución en el Congreso».
El segundo, sobre la «designación de Jorge Torres Saravia en la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso». Y el tercero, sobre la «contratación de personal durante su gestión como presidente del Congreso».
Habla la fiscal de la Nación
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza se pronunció al respecto de este escandaloso caso, refiriéndose, a una publicación digital que el Congreso emitió, en su cuenta oficial de la aplicación X, en la que señalaba que «tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi». Acto seguido, adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.
Sobre este hecho, la fiscal de la Nación consideró que el Parlamento actuó con «falta de responsabilidad», ya que «no puede sacar conclusiones» a raíz de las pericias. Además, dijo que el Legislativo estaría «incurriendo en inconducta».
«Sobre el tema del Congreso, también se sigue investigando y se sigue recabando todos los elementos necesarios. Pero sí, lo que yo quiero advertir es que el Congreso no puede sacar conclusiones luego de la investigación que le corresponde, según sus atribuciones, porque si saca conclusiones ya estaría subrogándose o incurriendo en inconducta, porque eso le corresponde al Ministerio Público», indicó.
